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Medida de coerción en contra Alburquerque fue aplazada.
SANTO DOMINGO.-Fue aplazado para el 31 de agosto por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional la medida de coerción contra el vicealmirante de la Armada Dominicana Félix Alburquerque Comprés, acusado de haber asesinado a balazos al comunicador Manuel Duncan.
La decisión obedece a que el juez a cargo pidió inhibirse y la defensa solicitó que los certificados médicos de su representado y que se ordene una nueva evaluación, ya que el acusado tiene varios golpes.
El Ministerio ha solicitado un año de prisión preventiva contra Alburquerque Comprés, al igual que la familia de Duncan, que se constituirá en actor civil de la acusación una vez tenga en su poder el expediente.
El abogado José Ariza, de la defensa de Alburquerque, afirmó que su representado, quien se entregó el pasado sábado a la Procuraduría General de la República (PGR), está arrepentido de lo que hizo.
La Fiscalía argumenta que el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas debe ser enviado a prisión preventiva, debido a que no ofrece garantía para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos.
También considera que existe el peligro de fuga por tratarse de un hecho grave y por «la posibilidad de que el imputado torpedee el proceso de investigación» intimidando a testigos, dadas «las relaciones que cultivó en su carrera militar y su comportamiento violento», a lo que se suma que ocultó el arma ilegal que utilizó para cometer el hecho criminal.
El expediente establece que el pasado 19 agosto, sobre las 2:30 de la madrugada, se originó una pelea entre el imputado y la víctima que derivo en la muerte de este último a manos del imputado.
Indica que Duncan estaba en un establecimiento de comida rápida de la capital cuando llegó Alburquerque y se originó una discusión entre ambos, llegando a agredirse mutuamente hasta que intervino un vigilante de seguridad y una persona que acompañaba a la víctima.
Posteriormente, Alburquerque se dirigió a su vehículo, de donde sacó una pistola y comenzó a realizar múltiples disparos en contra de la víctima y de su amigo, que salieron corriendo y evitaron que los tiros los alcanzaran.
Duncan se escondió detrás de una banca de lotería donde lo encontró el acusado, que le disparó en el tórax y, cuando la víctima cayó al pavimento, le hizo otro disparo y se marchó de la escena del crimen, dejando el cadáver tirado en el suelo, tal y como se aprecia en un video de cámara de seguridad difundido por internet.
El comunicador falleció a causa de herida por proyectil de arma de fuego en hemitórax derecho y salida en región dorsal, conforme al acta de levantamiento de cadáver realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tras cometer el hecho, el imputado se deshizo del arma homicida, que el Ministerio Público califica de «ilegal» puesto que «no le fue asignada por su institución castrense» a la que pertenece.
Alburquerque fue arrestado mediante orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por violar disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, que tipifican el homicidio voluntario causado con arma de fuego ilegal.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.