Nacionales
Apoyan los acuerdos Haití-República Dominicana; cuestionan algunos puntos
SANTO DOMINGO. Los acuerdos anunciados en la madrugada del martes por los gobiernos dominicano y haitiano, fruto de la segunda jornada del diálogo binacional sostenida este año, encontraron ayer respaldo, a nivel local e internacional, como es el caso de la Unión Europea, sin dejar de lado algunos puntos cuestionados.
Ayer, la representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, emitió un comunicado desde Bruselas, en el que dio la bienvenida a la iniciativa de República Dominicana y Haití de mantener reuniones regulares sobre asuntos bilaterales.
Reconoció el derecho soberano de la República Dominicana a determinar sus políticas sobre nacionalidad y migración, siempre respetando los derechos humanos.
En tanto que, aunque está de acuerdo en muchos de los puntos acordados, el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, entiende que hay aspectos que aclarar.
Entiende necesario explicar el punto acordado de cooperación en la formación de los cuerpos policiales, pues considera sensible que República Dominicana comparta estrategias que comprometan la seguridad.
En cuanto al tema migratorio, indica que se debe aclarar la información dada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando dijo que «ningún extranjero sin pasaporte, o que no satisfaga los requisitos mínimos establecidos» podrá beneficiarse del plan de Regularización Migratoria.
Entiende que esto entra en contradicción con el decreto 327-13 que instituye el Plan Nacionalde Regulación que concede un plazo hasta febrero de 2015 a los extranjeros que no cuenten con sus documentos al presentar la solicitud de regularización.
Además de convenios en seguridad y migración, las comisiones se entendieron en temas de aduanas, agricultura y medio ambiente. Aprobaron un plan de cooperación entre las policías de ambas naciones, que incluye la búsqueda de prófugos, y un convenio entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y la policía haitiana para perseguir el narcotráfico.
Los acuerdos fueron alcanzados luego de una prolongada reunión el lunes en Jimaní, que culminó pasada la 1:00 de la madrugada del martes.
Roque Féliz, director del Centro Bonó, valoró la importancia de que ambos países se pongan de acuerdo, luego de los conflictos surgidos por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que toca aspectos de la nacionalidad.
Sin embargo, respecto al anuncio de que en la legislatura que inicia el 27 de febrero se presentarán al Congreso Nacional los términos de una legislación especial de naturalización, indica que si este proyecto «desnacionaliza a una persona para luego naturalizarla, va a generar controversia».
Saludó la información de que se iniciará una campaña de orientación pública, y directamente a los sectores agrícola y de la construcción, para formalizar solicitudes de regularización de extranjeros haitianos. Aseguró que era una recomendación del Centro Bonó.
De manera general, el Director de Migración, José Ricardo Taveras, confió en que «con este esfuerzo tan loable, se fortalezca el empoderamiento de la comisión mixta bilateral, órgano que de haber funcionado, nos evitaría caer en el ámbito de las especulaciones que tanto daño hacen para el necesario entendimiento entre ambas naciones».
Levantamiento de veda avícola
Aunque la prensa informó que el ministro de la Presidencia confirmó que Haití levantó la veda a productos avícolas dominicanos, productores de pollo y huevos consultados por DL lo desconocían. Según documentos publicados por el periódico 7días.com, Haití y RD también firmaron una Resolución para la Regulación de Productos Avícolas, que indica que «para las empresas avícolas certificadas por los servicios veterinarios dominicanos competentes e inspeccionadas de manera satisfactoria por los servicios veterinarios haitianos, la veda sanitaria sobre los productos avícolas se levanta».
Nacionales
La Finjus advierte que CNM no tiene la capacidad técnica para evaluar a jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Santo Domingo, R.D.-Llega a su fin la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, quien el pasado sábado alcanzó su séptimo año en la posición, por lo que llega al tope de tiempo que establece la Constitución de la República.
A partir de ahora el presidente de la SCJ tiene que ser evaluado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, quien deberá determinar si éste debe seguir al frente del sistema de justicia, cuyo principal escollo para su ratificación es que llegó a la posicion mediante una decision politica y mientras era miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana (PLD).
Este procedimiento de evaluación de desempeño a los jueces del Poder Judicial se ha realizado desde el año 1997. Sin embargo, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) considera que el CNM no tiene la capacidad técnica para analizar el ejercicio de los jueces.
El vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que para el CNM “siempre será un reto” elegir jueces de altas cortes, ya que la mayoría de sus integrantes provienen del sector político.
“La composición del consejo es política. Hay quienes no quisiéramos que políticos lleguen a la Suprema”, así lo expresó este martes al ser entrevistado por reporteros en el Congreso Nacional.
Ante la falta de “capacidad técnica” del órgano constitucional, considera necesario incluir en una próxima reforma de la Carta Magna limitar el tiempo de trabajo de los magistrados designados a la SCJ a tan solo siete años, sin repetir en el cargo.
“Nosotros siempre hemos abogado porque en una eventual reforma a la Constitución, los jueces de la SCJ sean nombrados para un periodo y que no los tengamos que estar sometiendo a procesos de evaluación de desempeño”, manifestó.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, identificó “nudos críticos” que representan un retroceso en las garantías ciudadanas.
Mientras tanto, el representante de la organización no gubernamental espera que en esta ocasión el Concejo Nacional de la Magistratura sea “lo más objetivamente posible” al decidir sobre el futuro de la presidencia de la SCJ, así como de otros 10 jueces que deberán ser evaluados.
“Que eso no se trate de un concurso de oposición, se trata de evaluaciones que deben estar sobre la base de la objetividad. No sobre la base de presunciones… Tienen toda la oportunidad de hacer una buena evaluación a quienes quieran continuar siendo jueces de la Suprema ”, precisó.
Aunque prefiere esperar por el dictamen del CNM, Castaños Guzmán adelantó su valoración positiva a la gestión del magistrado Henry Molina, indicando que este ha tenido “un excelente desempeño”, al igual que otros jueces.
“Ha dignificado el Poder Judicial, creo que lo ha puesto en un nivel que se puede comparar con países del área. Desde el punto de vista de lo que son los indicadores internacionales, el poder judicial ha sacado notas sobresalientes conforme a lo que había sido evaluaciones anteriores”, dijo.
¿Políticos a la justicia?
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los funcionarios que ocupan un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura.
A pesar de que aclaró hablar de manera individual, aseguró que la intención de la mayoría de los miembros del CNM está centrada en “nombrar personas calificadas y que no prime el criterio político”.
“Eso yo te lo puedo garantizar”, declaró Pacheco al contestar las preguntas de periodistas en la sede del Poder Legislativo.
Pacheco adelantó que “dentro de muy poco tiempo” el CNM sería convocado. No obstante, aún el presidente Abinader no ha realizado una convocatoria oficial.
Composición del CNM
Los demás funcionarios que acompañan al presidente de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura son el presidente del Senado, un senador o senadora que representa a la segunda mayoría política.
Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados, junto a un legislador del principal bloque político opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un magistrado de su pleno que le acompañe. Por último, el presidente del Tribunal Constitucional.
El pasado 22 de diciembre, el CNM juramentó a cinco nuevos jueces, tras realizar un procedimiento de entrevistas a alrededor de 83 perfiles interesados en ser escogidos.
Estos fueron Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
¿Cuáles son los requisitos?
El artículo 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, el cual estará conformado por no menos de 16 jueces.
Dentro de los requisitos para aplicar se encuentran ser licenciado o doctor en Derecho. Así como haber ejercido durante al menos 12 años la profesión de abogado, docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, afirmó que la corrupción en el sistema de justicia es de las peores formas de corrupción que pueden existir, «porque afecta la seguridad jurídica y hace que el derecho sea soluble en dinero».
El procurador adjunto calificó de «grave» el caso que involucra al fiscal adjunto Aurelio Valdez Alcántara, acusado de recibir 10,000 dólares de parte de Roberto Canaán, testigo en el caso Senasa.
Valdez Alcántara es procesado tras una operación de «entrega vigilada» ejecutada por el propio Ministerio Público.
Ante la interrogante de si el hecho constituye una extorsión o un soborno, Camacho aclaró que la imputación formal es por soborno.
Según el procurador adjunto, el imputado solicitaba beneficios económicos a cambio de alterar el curso de las investigaciones que estaban bajo su responsabilidad.
El magistrado destacó que este caso es el resultado de un proceso de inteligencia y ejecución interna, diseñado para extirpar conductas ilícitas dentro de la institución. Asimismo, reiteró que la línea de acción trazada por la Procuradora General de la República y la Dirección de Persecución es de tolerancia cero.
Sobre la posible implicación de otras personas o la vinculación del imputado con otros casos previos, Camacho precisó que se trata de una investigación abierta.
Explicó que el arresto fue posible gracias a una técnica de investigación autorizada judicialmente, lo que permitió atrapar al implicado en flagrante delito.
Santo Domingo, R.D.- Tres meses de prisión preventiva impuso el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este en contra del coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, imputado de agredir físicamente a una adolescente durante un incidente captado en video y viralizado en las redes sociales.
El magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el oficial cumpla la prisión en en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo de Santo Domingo Oeste.
El tribunal tomó la decisión al acoger una solicitud de medida de coerción presentada por los fiscales de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de la Fiscalía de Santo Domingo Este. En la audiencia los abogados Bunel Ramírez, Ambiorix Arnold y Sócrates Franco habían solicitado al juez rechazar la solicitud de prisión preventiva e imponer una medida de coerción menos gravosa.
A la salida del tribunal el coronel rehusó hablar con los medios momentos en que era trasladado bajo estricta medida de seguridad.
De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos denunciados por la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro ocurrieron la madrugada del pasado 30 de marzo en el sector Los Mina.
Según la denuncia, la víctima se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y el propietario del automóvil, cuando fueron abordados de manera insistente por una patrulla dirigida por el coronel Madé Ramírez.
Ante el daño a la propiedad, la joven y sus acompañantes descendieron del auto para documentar lo sucedido con sus teléfonos móviles. Fue en ese momento cuando, tras percatarse de que estaba siendo grabado, el coronel Madé Ramírez reaccionó de forma violenta.
Aduce que el imputado procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo.