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Apoyan los acuerdos Haití-República Dominicana; cuestionan algunos puntos
SANTO DOMINGO. Los acuerdos anunciados en la madrugada del martes por los gobiernos dominicano y haitiano, fruto de la segunda jornada del diálogo binacional sostenida este año, encontraron ayer respaldo, a nivel local e internacional, como es el caso de la Unión Europea, sin dejar de lado algunos puntos cuestionados.
Ayer, la representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, emitió un comunicado desde Bruselas, en el que dio la bienvenida a la iniciativa de República Dominicana y Haití de mantener reuniones regulares sobre asuntos bilaterales.
Reconoció el derecho soberano de la República Dominicana a determinar sus políticas sobre nacionalidad y migración, siempre respetando los derechos humanos.
En tanto que, aunque está de acuerdo en muchos de los puntos acordados, el jurista Juan Miguel Castillo Pantaleón, del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, entiende que hay aspectos que aclarar.
Entiende necesario explicar el punto acordado de cooperación en la formación de los cuerpos policiales, pues considera sensible que República Dominicana comparta estrategias que comprometan la seguridad.
En cuanto al tema migratorio, indica que se debe aclarar la información dada por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando dijo que «ningún extranjero sin pasaporte, o que no satisfaga los requisitos mínimos establecidos» podrá beneficiarse del plan de Regularización Migratoria.
Entiende que esto entra en contradicción con el decreto 327-13 que instituye el Plan Nacionalde Regulación que concede un plazo hasta febrero de 2015 a los extranjeros que no cuenten con sus documentos al presentar la solicitud de regularización.
Además de convenios en seguridad y migración, las comisiones se entendieron en temas de aduanas, agricultura y medio ambiente. Aprobaron un plan de cooperación entre las policías de ambas naciones, que incluye la búsqueda de prófugos, y un convenio entre la Dirección Nacional de Control de Drogas y la policía haitiana para perseguir el narcotráfico.
Los acuerdos fueron alcanzados luego de una prolongada reunión el lunes en Jimaní, que culminó pasada la 1:00 de la madrugada del martes.
Roque Féliz, director del Centro Bonó, valoró la importancia de que ambos países se pongan de acuerdo, luego de los conflictos surgidos por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que toca aspectos de la nacionalidad.
Sin embargo, respecto al anuncio de que en la legislatura que inicia el 27 de febrero se presentarán al Congreso Nacional los términos de una legislación especial de naturalización, indica que si este proyecto «desnacionaliza a una persona para luego naturalizarla, va a generar controversia».
Saludó la información de que se iniciará una campaña de orientación pública, y directamente a los sectores agrícola y de la construcción, para formalizar solicitudes de regularización de extranjeros haitianos. Aseguró que era una recomendación del Centro Bonó.
De manera general, el Director de Migración, José Ricardo Taveras, confió en que «con este esfuerzo tan loable, se fortalezca el empoderamiento de la comisión mixta bilateral, órgano que de haber funcionado, nos evitaría caer en el ámbito de las especulaciones que tanto daño hacen para el necesario entendimiento entre ambas naciones».
Levantamiento de veda avícola
Aunque la prensa informó que el ministro de la Presidencia confirmó que Haití levantó la veda a productos avícolas dominicanos, productores de pollo y huevos consultados por DL lo desconocían. Según documentos publicados por el periódico 7días.com, Haití y RD también firmaron una Resolución para la Regulación de Productos Avícolas, que indica que «para las empresas avícolas certificadas por los servicios veterinarios dominicanos competentes e inspeccionadas de manera satisfactoria por los servicios veterinarios haitianos, la veda sanitaria sobre los productos avícolas se levanta».
PUNTA CANA. – Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo a los gobiernos municipales para seguir elevando las condiciones de vida de todos los dominicanos.
Al intervenir en la vigésimo tercera Asamblea General de Municipios 2024, dijo que mantiene las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta con todos las alcaldías para que las políticas y servicios públicos lleguen con calidad.
Para este segundo mandato, dijo: “vamos a superar los cuatro años pasados y vamos a tener más obras, más resultados y más satisfacción de la gente en cada uno de los municipios”.
El Jefe de Estado adelantó que para finales de este 2024 o principios de 2025 se presentarán propuestas para el aumento de los ingresos municipales y aportes especiales para la ejecución de obras demandadas en sus territorios.
Asimismo, indicó que antes del próximo 27 de febrero espera se apruebe en el Congreso Nacional la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales como un acto de justicia social para el sustento de quienes dedican su vida al servicio de sus comunidades.
Otra disposición es la instrucción al Ministerio Administrativo de la Presidencia para crear una estructura de contacto, supervisión y coordinación junto a la Liga Municipal Dominicana que permita reforzar el apoyo para que estas instituciones puedan realizar cada día una labor más eficiente.
SEIS MIL MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS EN 4 AÑOS
De su lado, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, presentó un recuento de las ejecutorias logradas en favor de los ciudadanos y empleados municipales, destacando la eliminación de vertederos de cielo abierto y el destino de RD$ 6 mil millones en estos cuatro años en infraestructuras básicas como aceras, contenes, vías asfaltadas, cementerios, funerarias, mercados y mataderos.
Asimismo, dijo que presentó una reforma al artículo 21 de la ley 176-07 respecto a los porcentajes para el destino de los fondos; se elaboró el proyecto para la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales.
Señaló también que se pondrá en marcha el cobro de la tasa por servicio de manejo de residuos sólidos a través de la factura eléctrica; la integración al SIGEF, avanzado así en la transparencia de sus procesos y el pago de incentivos al buen desempeño municipal.
an/am
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional es escenario de un gran debate sobre la reforma del Código de Trabajo, cuya medida implica una confrontación entre empresarios y trabajadores.
El proyecto entregado por el Poder Ejecutivo al Senado de la República pretende actualizar la Ley 16-92, que fue promulgada en el año 1992, hace 32 años, agregando nuevas modalidades laborales y fortaleciendo el marco regulatorio del país.
Sin embargo, el principal tema de discusión es la cesantía laboral, ya que mientras el sector empresarial solicita desde hace años una revisión para modificarla, los empleados y las centrales sindicales demandan lo contrario, asegurando que este es un derecho adquirido de los asalariados dominicanos que no debe ser perjudicado.
La cesantía no es más que el pago “auxiliar” que debe realizar el contratante cuando ejecute el desahucio (despido) del empleador. El monto está establecido en función del tiempo que el empleado tenga perteneciendo a la compañía.
Así lo dicta el artículo 80 de la ley, en el cual detalla que luego de un trabajo continuo por un periodo no menor a tres, ni mayor a seis meses, requerirá la entrega de 6 días de salarios ordinarios, sin contabilizar las horas extras.
Mientras que para quienes hayan cumplido con su labor entre seis meses y un año, la norma jurídica ordena el pago de 13 días de sueldo.
Por último, en el caso de quienes tengan más de cinco años, la pieza legislativa vigente dispone una indemnización de 23 días de salarios, de igual forma, por cada año.
Según el artículo 86, las compensaciones económicas deben ser pagadas al trabajador en un plazo de diez días, a contar de la fecha de la terminación del contrato. Cuando ocurra un incumplimiento, el empleador debe adicionar el pago de un día del salario por cada día de retraso.
Temor y preocupación
La pieza elaborada por el Ministerio de Trabajo no pretende afectar el artículo de la Cesantía, debido a que este tema no pudo ser consensuado por el sector tripartito (Gobierno, empresarios y empleados). Esto, a pesar de los más de 100 encuentros en los que participaron estas tres representaciones de la sociedad.
Sin importar las garantías que ofrece el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, asegurando que la intención del tren gubernamental no es adicionar o modificar algún artículo, el cual no haya sido acordado en los diálogos, iniciados en 2022.
Tanto la Cámara de Diputados, como el Senado de la República, cuentan con total soberanía por conformar al Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, para decidir finalmente los proyectos de ley que se aprueban o pasan a ser rechazados. Y, precisamente, así lo entienden los sindicalistas.
Es por eso que el pasado jueves, al visitar la comisión especial del Senado que estudia el proyecto, las cuatro principales Centrales Sindicales manifestaron temor y preocupación ante la existencia de esa posibilidad.
Sin importar la incertidumbre que puedan tener, El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, fungió como vocero de otras tres entidades que estaban presentes para reiterar su rechazo al pedimento de la clase empresarial.
Al finalizar, Abreu expresó tener esperanza de que los congresistas de ambas cámaras cumplirán con mantener la cesantía intacta.
“Tenemos fe en que va a ser cumplido. De este hemiciclo, de esta cámara alta, no va a salir una propuesta que incluya la cesantía laboral. Esa es la fe que tenemos nosotros”, dijo Abreu. Momentos antes se escuchaba desde las afueras del salón de reuniones en el Senado al senador Antonio Marte pedir confianza en la voluntad de los congresistas.
¿Seguridad social?
Mientras tanto, hay legisladores que consideran oportuno colocar la discusión sobre la cesantía dentro de la reforma a la Ley 87-01 de la Seguridad Social, la cual es parte de las 12 transformaciones legislativas anunciadas el pasado 6 de junio por la Presidencia.
“Si en la mesa tripartita no se acordó tocar la cesantía. Pues no se puede tocar… Como Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y senador de La Vega, entiendo que ese tema debe abordarse al discutirse la reforma de la Seguridad Social”, afirmó el pasado viernes el representante Rogelio Genao, quien comparte la misma declaración de otros senadores que, incluso, pertenecen a la comisión especial.
Genao entiende que una solución podría ser establecer dentro de la Ley 87-01 un seguro de desempleo. A esta visión también se une la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), quien publicó un comunicado el 22 de julio para pedir la exclusión de la cesantía.
“Profundizar el diálogo”
Por otro lado, una de las grandes agrupaciones empresariales, el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep), reiteró el pasado viernes su compromiso con el bienestar de los trabajadores. No obstante, el presidente, Celso Juan Marranzini, espera que el Senado sirva de espacio para que se profundice el diálogo.
“Quieren forzar una discusión en el Congreso donde ya se abortó, no se logró consenso en la mesa tripartita”, esta fue la respuesta de Genao ante las declaraciones de los empresarios.
Tiempo de discusión
Este proyecto podrá permanecer, de manera vigente, durante dos legislaturas en el órgano legislativo, de acuerdo con lo fijado en el reglamento. Por lo que quedará en manos de los congresistas si finalmente este apartado será modificado en los próximos o cuando sea desarrollada la evolución en la Ley de Seguridad Social.
Santo Domingo, R.D.-Sigue causando sorpresa a muchos dominicanos la solicitud de la cédula de identidad en los chequeos de migración de los diferentes aeropuertos, entendiendo que para este filtro solo es necesaria la documentación del pasaporte y que lo contrario es un “fastidio burocrático”.
Sin embargo, la intención es impedir la salida de militares que están llamados a honrar su asignación en un puesto, por lo cual incurren en violaciones a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, en su artículo 219, ordena a los miembros requerir autorización para vacaciones, licencias o permisos a disfrutar en el extranjero.
Esta medida fue a solicitud del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, que en una carta enviada al director general de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, le demanda fortalecer el control migratorio respecto a uniformados que “pretendan viajar al extranjero por los diferentes puertos y aeropuertos del país, sin la autorización correspondiente”.
La carta integra mediante la que Fernández Onofre se dirige a Lee Ballester, en fecha 22 de octubre del 2024. Listín Diario tuvo acceso a la comunicación. Fuente Externa
Los filtros implementados terminaron en una sanción disciplinaria contra un cabo, consistente en veintiún días de encierro a cumplirse en la cárcel de alistados de su estación, luego de intentar abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de Las Américas con destino a San Juan, Puerto Rico.
Este no contaba con el permiso correspondiente, cometiendo una violación a lo dictado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que, sobre las vacaciones, licencias o permisos en el extranjero, establece que los miembros “requerirán la autorización del ministro de Defensa”.