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Apoyo y rechazo por el proyecto que regula el ejercicio del Derecho
SANTO DOMINGO. El proyecto de Ley que busca regular el ejercicio del Derecho, ha concitado apoyo y rechazo de abogados, quienes por un lado ven con buenos ojos que se establezca la normativa, y por el otro le restan calidad a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para realizar la propuesta.
Se expresaron respecto al proyecto sometido por la SCJ ante la Cámara de Diputados, los profesionales Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus); el jurista Eduardo Jorge Prats; el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), José Pérez Gómez, así como el presidente del Colegio de Abogados, José Diego García.
La principal oposición a la propuesta la hizo García, presidente de los abogados, quien asegura que la SCJ pretende aniquilar el gremio con el proyecto de ley que calificó de nefasto.
«La intención de la SCJ de asumir el control disciplinario del profesional del derecho compromete el sentido de imparcialidad en detrimento del mismo», refirió.
Otro planteamiento en torno al caso fue el de Castaños Guzmán, quien sostiene «no hay dudas de que a nivel de nuestras universidades se están registrando deficiencias profundas, y yo creo que todo debe analizarse, pues no podemos concentrarnos en un proyecto que vaya dirigido sólo a regular el ejercicio de la profesión, debemos aprovechar la ocasión para ver de qué forma podemos diseñar un modelo académico que real y efectivamente contribuya a mejorar el nivel académico de nuestros abogados».
Asimismo, dijo apoyar las evaluaciones a los abogados, y sobre todo su capacitación.
También Jorge Prats considera excelente la iniciativa, aunque plantea que debería exigirse un examen por jurisdicción (Juzgado de Paz, Primera Instancia, Apelación, SCJ, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional), como se da en Francia, así como para los notarios públicos y los intérpretes judiciales.
En tanto, el decano Pérez Gómez, en su calidad de director ejecutivo de la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Escuelas de Derecho, convocó a una reunión para conocer y discutir la naturaleza, contenido y alcance de la iniciativa, que alcanza a abogados y notarios.
Mala calidad
La propuesta está motivada en la baja calidad de los profesionales del derecho y su masificación, que ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza en sus servicios. Aduce que se hace necesario superar ese fenómeno, logrando mayor capacitación de los profesionales, reivindicando la valoración que tiene la sociedad sobre ello, y por vía de consecuencia recuperar la confianza en sus servicios. La iniciativa también tocará a los notarios.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno depositó este jueves ante el Senado de la República el proyecto de ley que modifica la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) del 15 de enero de 2024, según lo informó la Presidencia la República en un comunicado.
La pieza fue depositada por el consultor jurídico Antoliano Peralta, luego de que los integrantes de la mesa de trabajo conformada por representantes del Gobierno y sectores de la sociedad civil organizada llegaran a un consenso respecto a las modificaciones.
El objeto de la iniciativa legislativa ahora propuesta es modificar las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2, 9, 10, 11, 26 y 32 de la Ley núm. 1-24, con el propósito de lograr la mayor claridad y especificidad posible en cuanto a la sujeción constitucional de cada una de estas disposiciones de la citada ley.
«Dentro de los aspectos más relevantes que este proyecto busca modificar se encuentra la propuesta de fusión de los artículos 1 y 2 de la Ley núm. 1-24 para definir en el nuevo artículo 2 términos clave como inteligencia, inteligencia estratégica, militar y delictiva, fuentes abiertas y fuentes cerradas, entre otros. Además, se pretende modificar el numeral 16 del artículo 9 para asegurar la coordinación entre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la protección de la privacidad de los usuarios», dice el referido comunicado.
También señalaron que se propone una adecuación al artículo 11 de la Ley núm. 1-24, «con el fin de reforzar las garantías relativas a la obtención del contenido de información de fuentes cerradas. En este sentido, la modificación legal busca exigir la autorización de un juez para todo procedimiento que limite derechos constitucionales».
De modo que el presente proyecto de ley recoge las principales inquietudes que existían en torno a la Ley número 1-24, con la finalidad de que la regulación del sistema de inteligencia nacional esté lo más apegada posible a las disposiciones constitucionales.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Administración Pública (MAP) llamó a los servidores públicos de las instituciones que están dentro del proceso de la reforma a la administración pública (fusión y eliminación) a continuar con normalidad el desarrollo de sus labores habituales.
“Las propuestas de fusión o eliminación no serán oficializadas hasta tanto sean emitidas las disposiciones legales correspondientes, por lo que las decisiones que se tomen en ese sentido serán debidamente comunicadas, de manera clara y oportuna, a todas las partes involucradas, asegurando que cualquier cambio sea llevado a cabo con total transparencia y respeto”, indicó el documento.
El MAP apuntó que, para el desarrollo de esta iniciativa, que ayudará a la administración y gestión pública, “es importante contar con el compromiso y apoyo de todas las partes involucradas en este proceso que será realizado en varias etapas, de manera personalizada y estructurada, de acuerdo con las realidades de cada institución”.
“Pueden tener la tranquilidad de que cada etapa del proceso será realizada de manera cuidadosa, planificada y organizada, y que, desde nuestro ministerio estaremos ofreciendo informaciones oportunas y claras en todas las etapas”, agregó.
Santo Domingo, R.D.-Raquel Peña, vicepresidenta de la República, fue designada como presidenta del Gabinete de Educación en sustitución del presidente Luis Abinader, quien de acuerdo al decreto 117-21, lo presidía.
El decreto 117-21 tiene como objeto integrar y procurar la articulación el Gabinete de Educación y Cultura creado mediante el Decreto núm. 498-20.
En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-1, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud. Asimismo, en julio de 2021, con la creación del “Gabinete de Inversión e Innovación”, Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.
En octubre de 2022, a través del decreto 594-22, Luis Abinader la designó como presidenta del Gabinete Eléctrico en sustitución de Lisandro Macarrulla.
Joel Santos
En el decreto 540-24, el presidente designó a Joel Santos, actual ministro de Energía y Minas, como presidente del Gabinete del Sector Eléctrico.