Latinoamericanas
Argentina: presidente llama a la paz social ante saqueos a dos meses de las elecciones
AGENCIA AP
Argentina.-A dos meses de las elecciones generales, el presidente argentino Alberto Fernández hizo un llamado a sus compatriotas para que preserven la paz social luego de los saqueos a comercios en distintas localidades que consideró planificados.
“Yo les pido a todos los argentinos y todas las argentinas que cuidemos mucho la tranquilidad y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen”, dijo Fernández en un acto de entrega de viviendas celebrado el miércoles en el sur del país. El presidente, que no aspira a la reelección, se abstuvo de decir quiénes estarían detrás de los desmanes que, acotó, “evidentemente estuvieron organizados”.
Varios supermercados y comercios de distintas localidades fueron blanco de violentos saqueos en los últimos tres días. La situación provocó que muchos negocios cerraran sus persianas por temor a más asaltos grupales.
También ocurren en un periodo preelectoral signado por la incertidumbre sobre el resultado de los comicios del 22 de octubre, en los que el peronismo se juega el poder y el economista ultraderechista Javier Milei se perfila como el favorito.
El dirigente liberal, que irrumpió en la política hace dos años cuestionando los “privilegios” de la clase política tradicional y aglutina el voto de los descontentos con la situación social, tendrá como principales contendientes al ministro de Economía, Sergio Massa, y a la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de la fuerza opositora Juntos por el Cambio.
En tanto Enrique Gentile, de 78 años, advirtió con dispararles a los saqueadores que se acerquen a su carnicería. “Si se arriman acá sí les vamos a tirar… acá todos están armados”, aseveró.
De gira en Washington para reunirse con funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Tesoro estadounidense, entre otros, el ministro Massa anunció “un apoyo económico” de siete millones de pesos (equivalentes a unos 20.000 dólares) a cada uno de los comerciantes afectados por los saqueos “con denuncia realizada y constatación de las pérdidas”.
“A los jueces y fiscales que no apliquen en plenitud el Código penal los vamos de denunciar y pedir el juicio político”, advirtió el también candidato.
Antes de que el presidente se pronunciara sobre la necesidad de preservar la tranquilidad, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había atribuido los desmanes a grupos de personas que no identificó y que actuaron coordinadamente para generar “conflicto” y anunció la conformación de un comando unificado de las fuerzas de seguridad para resguardar el orden.
Raúl Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, sorprendió al afirmar a medios de prensa que es el “responsable político” de los violentos hechos.
“Yo asumo la responsabilidad de la situación, pero no quiero decir más que eso”, afirmó el veterano dirigente social. Argumentó que el gobierno suspendió la entrega de alimentos a millones de personas hace meses. “Alcanza que se entregue la comida y en 24 horas se termina todo ”.
Su grupo integra el llamado “movimiento piquetero” que recurre al corte de calles y rutas como medio de protesta.
Las declaraciones de Castells generaron denuncias en su contra en la justicia por parte de miembros de fuerzas políticas.
La víspera más de 50 personas fueron detenidas acusadas de participar en saqueos a supermercados en distintos barrios de Buenos Aires.
Por otro lado, centros comerciales fueron asaltados en las localidades de Moreno, José C. Paz y Escobar, situadas en las cercanías de la capital. Más de 90 personas han sido detenidas en total por saqueos o intentos de ingreso violento a negocios en esos municipios y otros de la provincia de Buenos Aires.
En la ciudad sureña de Bariloche la policía tuvo que dispersar a un grupo de personas que intentó ingresar por la fuerza a un mercado de venta al por mayor.
Mientras otros funcionarios no apuntaron contra nadie en concreto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti señaló a Milei, dirigente de La Libertad Avanza, y a sus seguidores como los responsables de generar en las redes sociales una agitación que desembocó en posteriores robos a comercios.
Milei rechazó las acusaciones y al ser consultado sobre quién cree que estaría detrás de los hechos dijo “puede que el gobierno, que para justificarse en su ineficiencia busque una caída precipitada o esté buscando con la complicidad de alguna fuerza que está en Juntos por el Cambio establecer el estado de sitio”.
El candidato afirmó que “es muy triste” ver imágenes que hacen recordar los desmanes ocurridos durante la gran crisis económica y política de 2001 y 2002.
Según las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en varios municipios se produjeron de forma simultánea más de 150 intentos de saqueo de grupos integrados mayoritariamente por jóvenes y los asaltos no se concretaron gracias a las fuerzas de seguridad.
Axel Kicillof, gobernador de ese distrito, denunció por su parte la difusión de falsos saqueos en las redes sociales de “algunos políticos” de fuerzas distintas al peronismo, como una forma de instigar al desorden. No identificó a nadie en particular.
“Si tuviera una denuncia para hacer, sería judicial y no la tengo. Lo que uno se pregunta con estas cosas es quién intenta beneficiarse con esto, pero eso lo dejo para ustedes (la prensa) porque es más análisis, ahora estamos tratando de generar tranquilidad”, dijo Kicillof, quien aspira a ser reelegido en octubre.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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