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Arrancan inspecciones para verificar precios justos en Venezuela

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El dignatario Nicolás Maduro anunció el operativo para garantizar precios justos al pueblo venezolano.

En el marco de la segunda ofensiva económica implementada por el Gobierno revolucionarioa partir de este viernes se desplegarán inspectores de la Superintendencia Nacional de Precios Justos y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) por todo el territorio nacional para verificar que los comercios cumplan con la Ley Orgánica de Precios Justos que establece un máximo de 30 por ciento de ganancias.

Durante el acto conmemorativo del Día Internacional del Trabajador realizado el pasado jueves desde la Plaza O’Leary en el centro de la capital, el dignatario Nicolás Maduro instó a los trabajadores a organizarse y denunciar a los corruptos que busquen sabotear la economía.

«Que nadie se equivoque conmigo, aquel que descubra en planes conspirativos, en planes de acaparamiento o en planes de saboteo le vamos a aplicar la ley», enfatizó. Con ese objetivo, invitó al pueblo venezolano a unirse a la lucha contra la usura y la especulación.

En días previos, Maduro aseguró que la ola de sobreprecios no tiene justificación, debido a que los empresarios adquieren los productos mediante divisas oficiales otorgadas por los mecanismosimplementados por el Gobierno nacional para beneficiar a los sectores productivos.

«No hay justificación para que lleguemos a un lugar, teniendo ya tres meses con esta Ley de Precios Justos, y que uno consiga la carne a 300 por ciento de aumento», expresó el Ejecutivo Nacional respecto al incumplimiento del cuerpo legal que entró en vigencia el pasado 23 de enero, publicado en gaceta oficial40.340.

La Ley Orgánica de Precios Justos fue promulgada con el objetivo de proteger al pueblo de los delitos cometidos por los comerciantes, que pretenden obtener un exagerado porcentaje de ganancia en cada venta. Además, establece la imposición de sanciones para quienes revendan productos de primera necesidad.

No obstante, hay delitos que serán penados con prisión, como el contrabando de extracción y usura, puesaquellos que vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia de Precios Justos deberán enfrentar una condena de ocho a diez años de cárcel.

 

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