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Asaltantes se llevaron botín del Banco Popular
Santo Domingo, R.D.-A las 4:30 de la tarde de ayer, malhechores asaltaron a punta de pistola una sucursal del Banco Popular, ubicada en el interior de una estación de combustible en la avenida Luperón con calle Olof Palme del Distrito Nacional, cargando con una suma indeterminada de dinero.
Las cámaras de seguridad de la entidad bancaria captaron el momento en que los antisociales llegan al lugar y apuntan con un arma al guardia de seguridad. En las imágenes que fueron filtradas en redes sociales se observa como un hombre ingresa a la entidad bancaria vestido de negro, con chaleco antibalas, una gorra, guantes, utilizando una barba falsa y con una pistola en mano.
Junto a este, también ingresaron otras dos personas con vestimentas similares, pero utilizando pasamontañas.
Tras cometer el hecho, estos salieron con valijas de dinero en mano y se presume que se montaron en una jeepeta, color negro, con los cristales tintados y huyeron.
Asimismo, una fuente reveló a periodistas de LISTÍN DIARIO que la barba falsa que utilizaba el asaltante se le desprendió mientras ocurría el hecho.
José Mármol, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones corporativas del Banco Popular, declaró que los asaltantes doblegaron al vigilante del banco y lo ataron de manos. Sin embargo, no se reportaron heridos o disparos en el transcurso del robo.
“Lo más importante para nosotros es que no hay nada que lamentar ni con empleados, ni con clientes que había en la sucursal en ese momento”, expresó Mármol, al momento que agregó que “todavía nuestro personal de operaciones de auditoría está haciendo el arqueo de caja para ver qué volumen de efectivo sustrajeron los delincuentes”.
Policía y DNCD levantan evidencias de asalto
Luego del asalto, el perímetro fue rodeado por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), quienes hicieron un levantamiento en el lugar y conversaron con los empleados del banco.
Además, se informó que 11 empleados que se encontraban laborando al momento del asalto, recibieron apoyo psicológico como parte del protocolo de la organización financiera.
En tanto que el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que el asalto está bajo investigación, mientras equipos hacen el levantamiento de cámaras de toda la periferia del lugar.
“Nuestros peritos, la policía científica están levantando la escena, están recopilando todas las evidencias que permitan esclarecer a la menor brevedad este caso”, agregó Pesqueira.
Esta no es la primera vez que esta sucursal bancaria es asaltada, en julio del año 2015 ocurrió una situación similar que tuvo como desenlace la muerte de un guardia de seguridad, que recibió un disparo a quemarropa en la cabeza.
Ante esto, el vicepresidente de comunicaciones adelantó que serán reforzadas las medidas de seguridad del banco.
“Nosotros tenemos la seguridad que requiere una sucursal constantemente, pero cuando hay este tipo de situaciones, por supuesto vienen medidas de reforzamiento”, dijo Mármol.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.