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Prohibición importación armas de fuego fomenta violación de leyes
Violaciones a las leyes y el fomento de malas practicas ha generado la prohibición de importación de armas, partes y municiones, lo cual dejó a las empresas de seguridad privadas y a las autorizadas a comercializar estos productos sin los mecanismos adecuados para adquirirlos.
La afirmación la hizo el General de Brigada Piloto, Francisco M. Corominas, FARD., Director Ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), del Ministerio de Defensa, al pronunciar el discurso central del “Taller Intersectorial para el análisis del Impacto del Decreto 309-06, y la Pertinencia de su Derogación”. Este es el decreto que prohíbe la importación.
“El Estado dominicano tiene la obligación de suplir la seguridad que requieren los ciudadanos y la sociedad para realizar de forma segura todas sus actividades”,
General de Brigada Corominas, director ejecutivo de la SVSP.
Sin embargo, consideró que los servicios de seguridad privada constituyen un “apoyo” a las labores de seguridad pública y ciudadana en beneficios de los contratantes y de las propiedades que van a proteger.
“El análisis que hacemos en este taller permitirá, con la participación plural de todos nuestros invitados a las mesas de trabajo, determinar la pertinencia del decreto 309-06, que establece una prohibición que ya cumple 16 años”, dijo.
Manifestó que el taller tiene una importancia trascendental, no solo para el sector de la seguridad privada, sino también para todos los sectores de la sociedad dominicana, “porque viene a presentarnos una panorámica de las virtudes y/o defectos, efectos positivos y/o negativos y las posibles soluciones luego de 16 años de prohibición”.
En el evento, que se desarrolla hasta este jueves 14 de julio, en hotel Catalonia de Santo Domingo, participan representantes de 200 empresas de seguridad privada, agrupadas en tres asociaciones.
También asisten los representantes de armerías, del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), de la Procuraduría General de la República (PGR), de los cuerpos especializados de las Fuerzas Armadas y los cuerpos investigativos de la Policía Nacional.
El programa incluye tres talleres, en el primero para hacer un diagnóstico de la situación; en el segundo se abordarán las posibles soluciones, y en el tercero la formación de un comité para aplicar las conclusiones del mismo.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.