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Así creció patrimonio de Víctor Díaz Rúa por sobornos de Odebrecht, según Ministerio Público
El Ministerio Público ratificó en audiencia que el imputado por corrupción administrativa Víctor José Díaz Rúa recibió sobornos, mientras ejerció funciones en el Estado, para
favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con dinero de todos los contribuyentes.
Al dar lectura a la acusación contra Díaz Rúa en la continuación del juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los fiscales litigantes reafirmaron la acusación contra el exministro de Obras Públicas por recibir sobornos en el ejercicio de la función pública. También, le imputan lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.
El Ministerio Público indicó que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inicia su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio (entonces secretaría) de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
“En ese período se puede apreciar la diversificación de sus productos financieros, cuentas de ahorros y corrientes, certificados, préstamos y tarjetas de crédito, que daban lugar a miles de transferencias y transacciones bancarias entre los asociados. Con ello, el imputado buscaba difuminar el rastro de los más de 400 millones de pesos que manejó desde
Manifestó que fueron cuantiosos los pagos que gestionó Díaz Rúa a través del también imputado Ángel Rondón Rijo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en calidad de cabildero y socio en el país.
Los fiscales que intervienen en el juicio explicaron que mientras se desempeñó como funcionario, Díaz Rúa no tuvo ningún reparo en la utilización de sus cargos para solicitar y recibir, directa e indirectamente, sobornos como pago para beneficiar a Odebrecht en perjuicio de otras empresas nacionales y extranjeras, y del propio Estado dominicano,
lo cual realizó aprovechándose de su cargo y utilizando las instituciones
que dirigió.
También, la adquisición de bienes muebles e inmuebles en operaciones en las que contó con la complicidad de familiares, amigos y personas cercanas, entre las que figura el coacusado
Conrado Pittaluga.
“Todo un entramado societario fue creado para dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que a granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano”, expusieron los fiscales durante la presentación de la acusación contra el exfuncionario.
Señalaron que entre octubre de 2004 y septiembre de 2006, “el imputado Díaz Rúa aumentó su patrimonio a la astronómica suma de RD$89,575,748.88, mágicamente lo logró con un salario de RD$75,101.00 como director del Inapa”.
Aseguraron que ello es el resultado del dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos contra el Estado y el pueblo dominicano.
En ese mismo orden, indicaron que tras ser designado como secretario de Obras Públicas y Comunicaciones el procesado presentó una nueva declaración jurada de bienes, en fecha 10 de octubre de 2008, con un patrimonio neto de RD$414,083,066.53, reflejándose un aumento de más de un 200% en relación con la declaración presentada el 15 de septiembre de 2006.
Díaz Rúa creó varias empresas para el ocultamiento y la falsedad en las declaraciones de bienes para distraer y esconder su riqueza, entre las que figuran Guerra & Asociados C. por A., así como la compañía anónima Bloques Oriental, S.A. e Inmobiliaria Max 6.
El Ministerio Público precisó que Díaz Rúa también utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo con la finalidad de introducir fondos ilícitos al sistema financiero, una maniobra típica del lavado de activos.
Citaron entre esos bienes, la compra del yate de recreo marca Pershing de 60 pies de eslora, bautizado como “Balbie” en honor a la esposa del imputado Díaz Rúa, el cual está registrado en Isla Vírgenes Británicas a nombre de la compañía offshore o de carpeta “Nutberry Limited”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo. En el equipo también litigan los fiscalizadores
Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
En horas de la mañana del jueves, los representantes del Ministerio Público continuaron con la lectura de la acusación contra Ángel Rondón, quien según las investigaciones recibió unos 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas vinculadas con Odebrecht.
Con Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para sobornar a funcionarios y lograr la adjudicación de obras públicas, también son procesados Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron el juicio para el próximo lunes 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana, luego de que se cumpliera el horario del día.
hoy.com.do
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.