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Los fraudes de extranjero que se dedicaba a lavado de activos en la República Dominicana.
Un italiano que se dedicaba a lavado de activos fue condenado a un ano de prisión preventiva por un tribunal del Distrito Nacional tras ser sometido por el Ministerio Publico por evasión fiscal y por el reetiquetado de productos vencidos que ofertaba para purificar alimentos y eliminar el coronavirus.
Carlo Ferraris, quien desempeñaba la función “de abogado”, desde su oficina de nombre “LexGroup”, ubicada en Malecón Center del Distrito Nacional, servía como el estratega de inversiones en República Dominicana para cabecillas criminales que llegaban al país con millones de dólares para invertirlos en bienes raíces y en la creación de empresas.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público y además de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, declaró el caso complejo.
Ferraris fue apresado el 23 de marzo pasado en las afueras de un gimnasio del Distrito Nacional, durante la “Operación Arquitecto”, ejecutada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat).
El Ministerio Público indicó que las autoridades han asestado un duro golpe al lavado de activos con delitos precedentes como el reetiquetado de productos de salud vencidos, evasión fiscal y estafa agravada.
Desde tempranas horas de ese día, un fiscal antilavado daba seguimiento a Ferraris y ejecutó el arresto junto a un equipo de la Policía Nacional. Posteriormente, se trasladaron a LexGroup a realizar un allanamiento con la presencia del imputado, mientras que otros dos fiscales allanaban en otros dos lugares.
Junto a Ferraris, también fue sometida su pareja sentimental, Mirtha Carolina Terrero, a quien le fue impuesta como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos por una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica los días 30 de cada mes.
También, Yolenny Féliz, quien también recibió la medida de presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Féliz presentó un certificado de embarazo.
Ambas, de acuerdo con las investigaciones, se encargaban de reetiquetar los productos vencidos.
Las autoridades se incautaron de un vehículo propiedad de los investigados, así como de 10,668 dólares, 29,727 pesos dominicanos, 1,485 euros y 20 libras esterlinas.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, en el que indica que este caso se trata de un entramado societario que envuelve a unas 29 empresas, creadas por Ferraris para venderlas a miembros de estructuras criminales con procesos penales por lavado en países como Italia y Canadá.
Los fiscales actuantes denominaron las acciones como Operación Arquitecto, “por ser (Ferraris) el arquitecto que creaba y diseñaba las estrategias a redes criminales internacionales que se dedican a blanquear capitales en República Dominicana, ofreciéndole además asesoría sobre la manera de cómo evadir impuestos y lavar activos”.
El órgano de justicia explicó que, mientras realizaban la investigación por estafa agravada internacional y lavado de activos, se obtuvo información de que en el almacén de Carlo Ferraris, de nombre Intalfarm, ubicado en el sector de La Isabelita, en Santo Domingo Este, se encontraban decenas de productos vencidos desde el año 2008.
La lista incluye Purissima y Sterilmax, para la purificación de los alimentos, que eran utilizados por el imputado para hacer dinero a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, estableciéndose que los promocionaba y los vendía en países como Panamá y Costa Rica, además de venderlos en el país.
Los componentes de estos productos no cumplían con las normas de salud del país, determinaron los análisis realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.