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Los fraudes de extranjero que se dedicaba a lavado de activos en la República Dominicana.
Un italiano que se dedicaba a lavado de activos fue condenado a un ano de prisión preventiva por un tribunal del Distrito Nacional tras ser sometido por el Ministerio Publico por evasión fiscal y por el reetiquetado de productos vencidos que ofertaba para purificar alimentos y eliminar el coronavirus.
Carlo Ferraris, quien desempeñaba la función “de abogado”, desde su oficina de nombre “LexGroup”, ubicada en Malecón Center del Distrito Nacional, servía como el estratega de inversiones en República Dominicana para cabecillas criminales que llegaban al país con millones de dólares para invertirlos en bienes raíces y en la creación de empresas.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público y además de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, declaró el caso complejo.
Ferraris fue apresado el 23 de marzo pasado en las afueras de un gimnasio del Distrito Nacional, durante la “Operación Arquitecto”, ejecutada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat).
El Ministerio Público indicó que las autoridades han asestado un duro golpe al lavado de activos con delitos precedentes como el reetiquetado de productos de salud vencidos, evasión fiscal y estafa agravada.
Desde tempranas horas de ese día, un fiscal antilavado daba seguimiento a Ferraris y ejecutó el arresto junto a un equipo de la Policía Nacional. Posteriormente, se trasladaron a LexGroup a realizar un allanamiento con la presencia del imputado, mientras que otros dos fiscales allanaban en otros dos lugares.
Junto a Ferraris, también fue sometida su pareja sentimental, Mirtha Carolina Terrero, a quien le fue impuesta como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos por una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica los días 30 de cada mes.
También, Yolenny Féliz, quien también recibió la medida de presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Féliz presentó un certificado de embarazo.
Ambas, de acuerdo con las investigaciones, se encargaban de reetiquetar los productos vencidos.
Las autoridades se incautaron de un vehículo propiedad de los investigados, así como de 10,668 dólares, 29,727 pesos dominicanos, 1,485 euros y 20 libras esterlinas.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, en el que indica que este caso se trata de un entramado societario que envuelve a unas 29 empresas, creadas por Ferraris para venderlas a miembros de estructuras criminales con procesos penales por lavado en países como Italia y Canadá.
Los fiscales actuantes denominaron las acciones como Operación Arquitecto, “por ser (Ferraris) el arquitecto que creaba y diseñaba las estrategias a redes criminales internacionales que se dedican a blanquear capitales en República Dominicana, ofreciéndole además asesoría sobre la manera de cómo evadir impuestos y lavar activos”.
El órgano de justicia explicó que, mientras realizaban la investigación por estafa agravada internacional y lavado de activos, se obtuvo información de que en el almacén de Carlo Ferraris, de nombre Intalfarm, ubicado en el sector de La Isabelita, en Santo Domingo Este, se encontraban decenas de productos vencidos desde el año 2008.
La lista incluye Purissima y Sterilmax, para la purificación de los alimentos, que eran utilizados por el imputado para hacer dinero a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, estableciéndose que los promocionaba y los vendía en países como Panamá y Costa Rica, además de venderlos en el país.
Los componentes de estos productos no cumplían con las normas de salud del país, determinaron los análisis realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.