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Los fraudes de extranjero que se dedicaba a lavado de activos en la República Dominicana.
Un italiano que se dedicaba a lavado de activos fue condenado a un ano de prisión preventiva por un tribunal del Distrito Nacional tras ser sometido por el Ministerio Publico por evasión fiscal y por el reetiquetado de productos vencidos que ofertaba para purificar alimentos y eliminar el coronavirus.
Carlo Ferraris, quien desempeñaba la función “de abogado”, desde su oficina de nombre “LexGroup”, ubicada en Malecón Center del Distrito Nacional, servía como el estratega de inversiones en República Dominicana para cabecillas criminales que llegaban al país con millones de dólares para invertirlos en bienes raíces y en la creación de empresas.
La jueza Kenya Romero, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió en su totalidad la solicitud del Ministerio Público y además de la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, declaró el caso complejo.
Ferraris fue apresado el 23 de marzo pasado en las afueras de un gimnasio del Distrito Nacional, durante la “Operación Arquitecto”, ejecutada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilat).
El Ministerio Público indicó que las autoridades han asestado un duro golpe al lavado de activos con delitos precedentes como el reetiquetado de productos de salud vencidos, evasión fiscal y estafa agravada.
Desde tempranas horas de ese día, un fiscal antilavado daba seguimiento a Ferraris y ejecutó el arresto junto a un equipo de la Policía Nacional. Posteriormente, se trasladaron a LexGroup a realizar un allanamiento con la presencia del imputado, mientras que otros dos fiscales allanaban en otros dos lugares.
Junto a Ferraris, también fue sometida su pareja sentimental, Mirtha Carolina Terrero, a quien le fue impuesta como medida de coerción una garantía económica de un millón de pesos por una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica los días 30 de cada mes.
También, Yolenny Féliz, quien también recibió la medida de presentación periódica los días 30 de cada mes e impedimento de salida del país. Féliz presentó un certificado de embarazo.
Ambas, de acuerdo con las investigaciones, se encargaban de reetiquetar los productos vencidos.
Las autoridades se incautaron de un vehículo propiedad de los investigados, así como de 10,668 dólares, 29,727 pesos dominicanos, 1,485 euros y 20 libras esterlinas.
El Ministerio Público ofreció la información a través de un comunicado de prensa, en el que indica que este caso se trata de un entramado societario que envuelve a unas 29 empresas, creadas por Ferraris para venderlas a miembros de estructuras criminales con procesos penales por lavado en países como Italia y Canadá.
Los fiscales actuantes denominaron las acciones como Operación Arquitecto, “por ser (Ferraris) el arquitecto que creaba y diseñaba las estrategias a redes criminales internacionales que se dedican a blanquear capitales en República Dominicana, ofreciéndole además asesoría sobre la manera de cómo evadir impuestos y lavar activos”.
El órgano de justicia explicó que, mientras realizaban la investigación por estafa agravada internacional y lavado de activos, se obtuvo información de que en el almacén de Carlo Ferraris, de nombre Intalfarm, ubicado en el sector de La Isabelita, en Santo Domingo Este, se encontraban decenas de productos vencidos desde el año 2008.
La lista incluye Purissima y Sterilmax, para la purificación de los alimentos, que eran utilizados por el imputado para hacer dinero a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, estableciéndose que los promocionaba y los vendía en países como Panamá y Costa Rica, además de venderlos en el país.
Los componentes de estos productos no cumplían con las normas de salud del país, determinaron los análisis realizados en los laboratorios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.