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Consideran urgente aprobar Ley que regula los embargos retentivos en RD
Santo Domingo, R.D.-Es urgente y de alto interés la aprobación de la ley que regula los embargos retentivos en el pais, cuya propuesta revisión fue liderada por la Superintendencia de Bancos a instancia de la la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
La ABA argumentó que el embargo retentivo se ha convertido en un mecanismo de coerción, frecuentemente utilizado sin criterios claros ni mecanismos adecuados de control judicial previo, lo que entienden genera distorsiones que se traducen en inseguridad jurídica y afectaciones económicas para los usuarios financieros.
En un documento de prensa, la entidad señala que su esperanza en que el Congreso priorice esta normativa en la legislatura que recién inicia, por considerar que se evitaría, en gran medida, los atropellos en contra de usuarios del sistema financiero, «especialmente de aquellos que cuentan con menos recursos y no pueden agenciarse una representación legal adecuada para resolver la situación de medidas conservatorias trabadas en su perjuicio, sin fundamento alguno».
Citó entre las principales distorsiones que se registran la presentación de embargos sin títulos de crédito válidos, embargos de forma masiva en un solo acto de alguacil sobre clientes o créditos no relacionados y los embargos que se realizan de manera reiterada sobre el mismo crédito, luego que un tribunal haya dispuesto su levantamiento previamente.
Las consideraciones del gremio bancario fueron expuestas mediante una carta remitida durante la pasada legislatura al senador Antonio Taveras Guzmán, proponente de uno de tres proyectos bajo estudio en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado. Las otras dos piezas son autoría de los senadores Cristóbal Castillo Liriano y Ricardo de los Santos Polanco.
“La esencia de esta regulación es garantizar la protección efectiva de los derechos de todas las partes involucradas, promoviendo la transparencia y asegurando que los embargos sean realizados exclusivamente cuando existan causas legítimas debidamente comprobadas”, aseguró la ABA.
“Nuestro país requiere contar, dentro de su ordenamiento jurídico, con una normativa que establezca claramente los requisitos, condiciones y procedimientos para la correcta aplicación del embargo retentivo, tanto en su modalidad conservatoria como ejecutoria”, afirmó la ABA.
“Desde la ABA abogamos activamente por la aprobación de una legislación integral y equilibrada, convencidos de que una normativa clara fortalecerá significativamente la seguridad jurídica del país, pero más importante aún, evitará la vulneración de derechos y principios fundamentales de justicia y debido proceso consagrados en nuestra Constitución”, expuso la entidad bancaria
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.