Nacionales
ASODORE inicia etapa general de capacitación para regidores
Julián Roa pide a ciudadanos utilizar canales de representación de los ayuntamientos
GUAYUBÍN, Montecristi.- El presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (ADODORE), doctor Julián Roa, invitó a los ciudadanos de las diversas comunidades del país a utilizar los canales de representación y participación que atribuye la ley 176-07 a los concejos municipales de cada ayuntamiento.
El abogado y catedrático universitario dijo que los regidores tienen la obligación institucional de representar a la comunidad en todos los asuntos que tienen que ver con el gobierno local, pero consideró que esa misión solo se cumplirá eficientemente en la medida que los ciudadanos se empoderen de sus derechos y reclamen a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones.
El doctor Roa hizo el señalamiento durante su participación en la jornada de apertura del programa nacional de capacitación organizado por ASODORE, en el municipio de Guayubín, provincia de Montecristi, desde donde se extenderá progresivamente a todo el país.
Explicó que el programa de capacitación, que en su primera etapa desarrollada en el 2012, solo incluyó a los directivos y voceros de los concejos municipales, abarcará en el 2013 a todos los regidores del territorio nacional, en un esfuerzo dirigido a mejorar la calidad de la democracia municipal.
“Los concejos municipales y los regidores son los principales canales de acceso de los ciudadanos hacia los gobiernos de la ciudad. Si los regidores no ejercen plenamente sus atribuciones, la democracia municipal no funcionará adecuadamente”, apuntó Roa durante su exposición en el curso de adiestramiento.
“El propósito de esta iniciativa es sensibilizar y capacitar a los regidores en torno a las funciones y obligaciones que le asigna la ley 176-07, pero ese esfuerzo debe ser complementado por el interés y la capacidad de iniciativa de los ciudadanos, de modo tal que los funcionarios municipales no tengan ninguna excusa para no ejercer sus responsabilidades”, expresó Roa.
La jornada de capacitación
La actividad de formación para regidores se llevó a cabo en el salón de sesiones del Ayuntamiento de Guayubín, con el apoyo del alcalde Samuel Toribio y la presencia de varios directivos de ASODORE, incluyendo, además de Roa, a Naya Valerio y Tácito Perdomo, vicepresidentes Nacionales; José María Gutierrez, presidente de la Región Noroeste; Waldys Taveras, subsecretario general; Sisinio Pérez, director ejecutivo; y Cesar Humberto Bretón, presidente del Consejo Municipal de Guayubín.
Los temas desarrollados durante la jornada fueron “Misión, objetivos, atribuciones y funciones de los gobiernos locales, y el papel de los regidores”, a cargo de Julián Roa; “Proceso y aprobación de las normas y actos del Concejo Municipal, regimen de los arbitrios municipales, régimen recursivo contra los actos municipales”, por el licenciado Desiderio Ruiz.
Igualmente se presentó el tema: “Régimen de los bienes y proventos; servicios y obras municipales”, a cargo del licenciado Richard Gómez, quien también expuso sobre “Derechos de participación ciudadana en el gobierno local”.
El licenciado Waldys Taveras, abogado y regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, disertó sobre el “Régimen presupuestario municipal”, donde también abordó la importancia del Presupuesto Municipal Participativo.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.