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Economía

Asonahores pide reconsiderar la aceptación de torres en Punta Cana; decisión está viciada de nulidad

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Esta norma administrativa, afirma la entidad, “se encuentra afectada del vicio de nulidad absoluta”, porque su contenido es “contrario a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 3 (numerales 15 y 8)” de la Ley 107-13, que establece el procedimiento para la elaboración de normas administrativas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (ASONAHORES) solicitó al Ministerio de Turismo reconsiderar la resolución que elevó la altura límite de 5 a 22 pisos en el litoral de El Macao en el destino turístico Punta Cana.

Esta norma administrativa, afirma la entidad, “se encuentra afectada del vicio de nulidad absoluta”, porque su contenido es “contrario a los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 3 (numerales 15 y 8)” de la Ley 107-13, que establece el procedimiento para la elaboración de normas administrativas.

El recurso se refiere a la resolución 002/2017, emitida el 12 de octubre de este año y publicada el pasado jueves 14 de diciembre, que Asonahores considera introduce un cambio radical en el modelo de desarrollo basado en baja densidad y baja altura, que ha sustentado el éxito de la oferta turística dominicana y ha sido imitado en México, Brasil, Costa Rica, Cuba, Jamaica y otros países, incluyendo la zona del Mediterráneo.

La entidad planteó que los numerales 15 y 18 del artículo 3 “exigen la previsibilidad y certeza normativa”, y esto no se cumple en este caso “debido al sorpresivo aumento de las alturas máximas permitidas”, lo que desconoce “la planificación decenal que ordena la Ley núm. 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Explica que por la Estrategia Nacional de Desarrollo, MITUR “estaba obligado a elaborar un Plan Decenal de Desarrollo Turístico que defina las inversiones requeridas para desarrollar nuevas zonas turísticas de interés prioritario, asegurar la sostenibilidad de las zonas ya establecidas y elevar la contribución de la actividad turística al desarrollo nacional”.

Por esta razón, dice la petición de reconsideración, Asonahores y sus miembros “tienen la expectativa razonable de que la Resolución No. 07-2012, que establece el Plan Sectorial de Ordenamiento Territorial Turístico Punta Cana, Bávaro-Macao”, mantendría “su vigencia durante al menos diez (10) años sin que, de manera unilateral y sorpresiva, se modificasen las características y limitaciones de edificabilidad y densidad que tanto impactan sobre el modelo de desarrollo turístico exitoso en la RD”.

Destacó que los principios de la ley que regula los procesos para establecer normas administrativas reconoce el “derecho de las personas al mantenimiento de la vigencia del plan o reglamento”, para “evitar supresiones o modificaciones sorpresivas, irrazonables y desproporcionales”, esto como una consecuencia “de los efectos jurídicos que tiene la confianza legítima en la actividad de planificación o reglamentaria” de la administración pública.

Aseguró que la resolución cuestionada debe ser reconsiderada, además, porque “fue dictada en violación del procedimiento administrativo para la elaboración de normas administrativas, establecido en los artículos 30 y siguientes de la Ley 107-13, que se refieren a los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y los procedimiento administrativo”

Este artículo de “persigue que todos los reglamentos y programas de la Administración Pública sean el resultado de un procedimiento transparente y participativo, cuestión que no se ha cumplido” en esta resolución”, cuya elaboración prescindió de vista pública, discusión y de participación.

Aseguró que los procedimientos previsto en la ley “no son meras directrices o pautas formales”, sino un requerimiento para la validez de la actuación administrativa, y su “inobservancia conlleva la nulidad de pleno derecho de la actuación resultante”, como en este caso, por la “ausencia de la debida participación ciudadana”.

acento.com.do

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Economía

El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE

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Economía

Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD

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Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.

El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.

Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Infografía

Los nuevos precios

Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.

Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.

«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.

El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».

Precios del petróleo

En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.

Disminuyen las remesas

En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.

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Economía

Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.

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Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento  no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.

Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.

Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.

La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.

El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones.  Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.

Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.

Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.

En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.

Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.

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