El ataque al Parlamento fue también criticado por los gobiernos de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, Panamá, México y España, así como por el Mercosur, del que es miembro Venezuela.
CARACAS. Grupos adeptos al chavismo irrumpieron ayer, por segunda vez en ocho meses, en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela y agredieron a diputados, periodistas y trabajadores el mismo día que la Cámara aprobó convocar para el próximo 16 un plebiscito contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El Parlamento, dominado por la oposición, estuvo asediado más de siete horas por decenas de simpatizantes de la llamada revolución bolivariana, quienes lanzaron piedras, fuegos artificiales y objetos contundentes durante un ataque que se saldó con cerca de 20 heridos, entre ellos siete diputados.
La violencia se desató antes del mediodía, poco después de que el vicepresidente del Gobierno, Tareck El Aissami, invitara desde la misma Asamblea a los “revolucionarios” a acudir al Palacio Federal Legislativo, una sede, según dijo, “secuestrada” por la “oligarquía”.
El vicepresidente había asistido al lugar para encabezar, junto a ministros y al Alto Mando militar, la ceremonia que cada año en esta fecha realiza el Ejecutivo en el Parlamento para conmemorar la independencia de Venezuela, que el 5 de julio de 1811 dejó de pertenecer a España.
Los diputados realizaron luego una breve sesión solemne que apenas había terminado cuando se produjo la irrupción chavista, que supuso el fin de la normalidad en la zona.
Efe constató cómo personas identificadas con el Gobierno, algunas con los rostros cubiertos, golpearon con palos, piedras y objetos contundentes a diputados, periodistas y trabajadores, y a algunos les robaron pertenencias.
Decenas de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) expulsaron a los agresores, aunque su actuación ha sido recriminada por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que les acusa de “pasividad” y de haber permitido el ingreso de los violentos.
El Presidente del Parlamento, Julio Borges, repudió los hechos y explicó que hay siete diputados heridos, de los cuales cinco debieron ser hospitalizados, mientras que otras personas que trabajan en el lugar sufrieron lesiones de variada índole.
“Ahí está el Palacio, hay balas, hay carros destrozados, entre ellos mi carro privado, hay manchas de sangre por todo el Palacio. Yo me pregunto cómo es posible que la Guardia (…) cuando rodean hoy el Parlamento prácticamente, y se verá en los vídeos, dejan puerta franca para que entraran quienes violaron hoy la soberanía popular”, sostuvo.
Varios de los diputados heridos responsabilizaron al Gobierno de sus lesiones y aseguraron, algunos mientras recibían atención médica, que los hechos ocurridos no les intimidarán.
Pese al ataque, la Cámara aprobó la convocatoria a un referendo para consultar a los venezolanos su rechazo o apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), impulsada por el Gobierno para redactar una nueva Constitución y que será elegida el 30 de julio.
“No pudieron impedir el objetivo, los diputados defendimos el Palacio, logramos que sacaran a estos delincuentes y logramos mantener la sesión (…) oficialmente el pueblo de Venezuela está convocado al plebiscito nacional para el 16 de julio”, dijo a los medios el primer vicepresidente del Legislativo, Freddy Guevara.
El presidente Maduro, por su parte, condenó los hechos y ordenó abrir una investigación para que “se haga justicia”.
“Yo no voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia”, afirmó el jefe de Estado desde un desfile cívico militar en Caracas en conmemoración al Día de la Independencia.
Posterior a ello, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación, mientras que desde la Defensoría del Pueblo se instó a las autoridades a aclarar estos hechos.
Asimismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz repudiaron esta “barbarie” e hicieron llamados a la paz.
El ataque al Parlamento fue también criticado por los gobiernos de Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile, Perú, Panamá, México y España, así como por el Mercosur, del que es miembro Venezuela, y que ponderó el hecho como un “avasallamiento del Ejecutivo” sobre el Legislativo.
Venezuela vive una oleada de protestas desde hace tres meses, lo que ha elevado la crispación social y política y provocado hechos violentos que se saldan con 91 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, según datos de la Fiscalía. EFE