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Atribuyen aumento de linchamientos a desconfianza y debilidad de autoridades

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SANTO DOMINGO. Ejercer o querer hacer “justicia” por sus propias manos, se ha vuelto cada vez más frecuente en el país, donde en las últimas semanas residentes en diversas localidades se han unido para hacer lo que ellos consideran “justo”.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, el presidente de la Cámara de diputados, Rubén Maldonado, y los sociólogos Celedonio Jiménez y José Antinoe Fiallo, expresaron sus puntos de vista a la respuesta disfuncional de la sociedad ante un problema.

En La Vega, una multitud linchó el lunes a Wellington Peralta Rodríguez (Pipito), de 30, y a Eliezer Sánchez Contreras, quienes habrían interceptado y asesinado al comerciante Henry Alexis Hernández, mientras que la pasada semana un grupo de personas en la provincia Pedernales amenazó con tomar represalias por la muerte de una pareja de esposos presuntamente a manos de tres haitianos.

Otro caso de esta naturaleza es por el que fue sometido a la Justicia y enviado a prisión el doctor y pastor evangélico Julio Gómez.

Los sociólogos coinciden en que los linchamientos se dan por la poca confianza que tienen los ciudadanos en los órganos que integran el sistema de justicia así como el incremento de la violencia en sentido general, sumado a la pasividad con la que consideran que actúan los policías y fiscales ante este tipo de casos.

“La población no ha sentido un mensaje contundente y claro de las autoridades contra los linchamientos. No se conoce un condenado por el hecho de estar cometiendo acciones de ese tipo”, aseveró Celedonio Jiménez.

En muchas ocasiones, según explicó el sociólogo, se han producido hechos de esa naturaleza con “efectivos policiales circundando” con una actitud muy pasiva.

José Antinoe Fiallo afirmó que los linchamientos son una consecuencia de que se ha estado construyendo una sociedad donde la violencia es estimulada ya sea por disputas, luchas, atracos, robos, en donde no existen los mecanismos de respuestas ni transformaciones sociales que le permitan enfrentarse a esos problemas.

“Las personas que cometen hechos de violencia que afectan a personas, muchas veces no son sometidas a un proceso de captura y reeducación para esos fines, y entonces la gente se dice que tiene que tomar ‘nuestras propias medidas y construir nuestro propio poder de respuesta’ para eso”.

Percepción

La encuesta Gallup reveló en el año 2016 que el 71% de los ciudadanos encuestados consideró que la Justicia funciona de manera deficiente; el 74% cree que no se castiga adecuadamente a los que cometen delitos, el 78% piensa que los fiscales y los jueces son los responsables de que no se castigue debidamente a los delincuentes y un 93% percibe que existe discriminación al momento de aplicar las leyes.

Germán Mejía dijo que cuando ocurren acontecimientos sociales de esa naturaleza, él se preocupa porque no quiere que sucedan. “¿Por qué atribuir los linchamientos a la Justicia? La Justicia no tiene que ver nada con los linchamientos… A través de toda la humanidad ha habido linchamientos y eso no se va a eliminar. Ahora bien, evidentemente, los que trabajamos en el seno de la Justicia tenemos que trabajar para que haya más paz social y en consecuencia esos fenómenos disminuyan”, expresó.

A su vez, Maldonado calificó como deplorable el que uno de los dos que presuntamente asaltaron al comerciante en La Vega haya sido quemado y el otro ultimado a machetazos, a pedradas y a palos.

“Las personas que cometen hechos de violencia que afectan a personas, muchas veces no son sometidas a un proceso de captura”. José Antinoe Fiallo, sociólogo

¿Por qué atribuirle los linchamientos a la Justicia? La Justicia no tiene que ver nada con los linchamientos”, Mariano Germán, presidente del Poder Judicial

diariolibre.com

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Ministerio Público crea Unidad Canina para fortalecer búsqueda de personas desaparecidas

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Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).

La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.

El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.

Agencias internacionales cooperarán

Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.

  • Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.

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Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva

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Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.

Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.

Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.

Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.

Inconstitucionalidad por desproporcionalidad

Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.

Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.

«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.

Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.

Críticas a un fallo «literario y religioso»

La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.

Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.

Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.

“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.

Derecho a la salud y dignidad humana

El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.

Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.

Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.

Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.

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La JCE anuncia horario de 08:00 a.m. a 01:00 p.m. para servicios a la ciudadanía

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación  por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.

El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.

Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:

1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella

La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».

Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.

«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.

Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.

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