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Caso Camaleón entra en fase de réplicas y contrarréplicas
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público y la defensa de los siete imputados en el caso Camaleón entrarán al proceso de réplicas y contrarréplicas durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción en contra de la red.
Tras terminar la exposición de los abogados de Jochi Gómez Canaán y Carlos Vargas Lorenzo, la jueza del Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, otorgará a los representantes del Ministerio Público la oportunidad de replicar ante las defensas realizadas por los implicados; luego, los acusados podrán contrarreplicar ante lo dicho por la barra de las autoridades, que están encabezada por Wilson Camacho y Mirna Ortíz.
Durante los 10 minutos de receso otorgados por el tribunal, Ingrid Hidalgo, abogada de Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), indicó que existen los argumentos suficientes para que su cliente no sea enviado a prisión preventiva como medida de coerción.
«(Baquero) Es un ciudadano español, cuyo pasaporte siempre mantuvo en sus manos; inclusive salió del país, retornó y entrega el pasaporte el día del allanamiento. Es decir, que en todo momento pudo sustraerse del proceso; él está dispuesto y tiene los suficientes arraigos para presentarse en todo acto del proceso como lo ha hecho», expresó Hidalgo.
La jurista indicó que contrario a lo solicitado por el Ministerio Público, quienes pidieron 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, estos manifestaron al tribunal que le impongan a su cliente la presentación periódica cómo medida cautelar.
«Debemos saber que no porque no exista un preso, no hay un proceso y parece que a eso es que estamos acostumbrados. A qué todo el mundo tenga que estar en una cárcel, para que puedan decir que hay un caso», exclamó Hidalgo, quien recalcó que su cliente había entrado al Intrant antes de la llegada de Hugo Beras, uno de los principales implicados en el caso y que renunció de la misma hace poco más de un año.
El Ministerio Público sostiene en su acusación que como encargado de la red semafórica y de videovigilancia del gran Santo Domingo, Gregorio Baquero fue una pieza clave en la coordinación técnica del fraude; además de señalarlo como la persona que facilitó el control de los sistemas a la empresa Transcore Latam S.R.L., la cual no cumplía con los requisitos legales ni técnicos para ejercer esas funciones.
Las autoridades indican que este adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas Aurix, Transcore Latam e Inprosol.
Mientras, falsificó el contenido de una certificación en donde declaraba que el Intrant había recibido de forma completa los bienes y servicios de Transcore Latam, esto con el propósito de que le desembolsaran el pago.
Baquero es imputado por participar en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos, siendo coautor de los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios y falsificación, se lee en el documento depositado.
«Un expediente vacío»
De su lado, la defensa de Carlos José Peguero manifestó a los medios de comunicación que se encuentran positivos de que su cliente saldrá bien parado de este proceso cautelar.
«Nosotros estamos positivos porque ciertamente, como hemos venido diciendo desde el inicio, esas 304 páginas del Ministerio Público es un expediente vacío; para nadie es un secreto que estos imputados tienen buenos presupuestos, tienen buenas garantías, no se van a sustraer del proceso, mas que ustedes saben que esto es un show más mediático que otra cosa», manifestó el abogado Ricardo Alcántara.
A este se le imputa por los cargos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, lavado de activos, así como sabotaje a la red semafórica, y en actos de terrorismo en contra infraestructuras críticas del Estado dominicano.
Al grupo de siete implicados se le acusa de cometer delitos de alta tecnología, lavados de activos, falsificación y uso de documentos falsos y estafa contra el estado a través de las contrataciones públicas con las que fueron favorecidas esas empresas
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.