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Patrimonio de general Reyes Bautista aumentado en más de un 300 por ciento, según auditoría.
Santo Domingo.- El Ministerio Publico a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) continuó este martes con la presentación de las pruebas testimoniales durante el juicio contra los policías y militares acusados de sustraer más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.
En el juicio, que se ventila en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, fueron incorporadas las auditorías de fiscalización patrimonial realizadas por la Cámara de Cuentas al general Boanerges Reyes Batista, las cuales evidencian un incremento patrimonial irracional superior al 300 %, en violación de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
El Ministerio Público también presentó el informe patrimonial de Epifanio Peña Lebrón, el cual revela omisiones significativas en su declaración jurada de bienes.
Asimismo, fue escuchada la perito calígrafa Yelida Valdez, del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien confirmó la falsificación de sellos y firmas correspondientes a Nicole Yomarys González Núñez y Viviana Altagracia Núñez Carmona y utilizadas en facturas para justificar pagos de compras ficticias desde el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) a favor de la empresa Meljo Comercial E.I.R.L.
De acuerdo con la acusación, la empresa Meljo Comercial E.I.R.L., al igual que SSA Corporation S.R.L., fue utilizada únicamente para simular compras en el Cusep y en Cestur, donde los acusados Juan Carlos Torres Robiou y Adán Benoni Cáceres Silvestre autorizaron las supuestas compras, mientras el departamento financiero, dirigido por Rafael Núñez de Aza, se encargaba de completar los expedientes ficticios y librar los pagos.
El dinero era retornado luego al entramado en efectivo o a través de propiedades. Esta empresa simulaba suplir materiales de limpieza, artículos gastables, así como tóners para impresoras.
Valdez, también, validó la falsificación de los sellos de la Contraloría de las Fuerzas Armadas, los cuales fueron ocupados durante los allanamientos realizados. Además, certificó que fue falsificada la firma en un depósito de RD$9,000,000 atribuido al general Luis Alberto Coronado Abreu, quien previamente testificó que no había realizado dicha transacción a la cuenta de la empresa Único Real Estate e Inversiones S.R.L., en una sucursal bancaria ubicada en la avenida Venezuela.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar indicó que la audiencia fue recesada hasta el próximo martes 22 de abril, fecha en la que serán escuchados los fiscalizadores de la Cámara de Cuentas que realizaron los análisis patrimoniales de los acusados Adán Cáceres Silvestre, Franklin Antonio Mata Flores, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola.
Sobre el proceso
De acuerdo con la Pepca, el grupo de acusados, encabezado por los exjefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Adán Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, distrajo fondos públicos entre 2012 y 2020 mediante compras irregulares de raciones alimenticias, combustibles y el nombramiento de policías y militares, a quienes se les pagaba menos del 30 % de su salario, quedando el resto en manos de la red corrupta.
Entre los acusados figuran el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez; la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, alias “la Pastora”; su hijo, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.