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Ayuntamiento de Barahona inicia fiesta de aumento salarial y de jeepeta nueva para alcalde y regidores.

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Barahona, RD.-El ayuntamiento de Santa Cruz de Barahona sin tomar en cuenta  la crisis económica que atraviesa el país como consecuencia del Covid-19, ha dispuesto un aumento de hasta un 43 por ciento  de los  sueldos del  el alcalde y los regidores de allí.

En la sesión ordinaria número 08, efectuada el a finales del pasado octubre, el Consejo de Regidores aprobó, además, comprarle un vehículo al alcalde Mictor Emilio Fernández de la Cruz, aunque la pasada gestión municipal dejó dos vehículos en óptimas condiciones, uno para uso exclusivo del síndico.

Ahora el alcalde de RD$88,550.00 que tenía como sueldo pasará a ganar a partir de este mes de enero RD$126,500.00, lo que representa un aumento de 43%, un 17% menos de lo que establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que indica que el síndico puede aumentarse hasta un 60%.

Los regidores de RD$50,550.00 que devengaban, ahora cobrarán el que tenía asignado el síndico, es decir, los RD$88,550, por que el incremento a los concejales es de 43%. Esto constituye una violación a Ley que rige la municipalidad, ya que establece que los ediles pueden aumentarse hasta el 40% del salario del alcalde, pero ellos se incrementaron un poquito más, que es un 3%, que representaría RD$2,730.00.

El aumento que comienza a partir del presente mes de enero la ciudad durante los 12 meses de este año 2021, erogará por concepto de salarios al alcalde y regidores, RD$14, 307,150.00, sin contar el salario de la Vicealcaldesa, ya que por un incumplimiento de la ley a la hora de la inscripción no se cumplió con lo que establece la Ley Electoral y, por lo tanto, el síndico no tiene sustituto en caso de alguna eventualidad.

La decisión adoptada por el Concejo de Regidores, que contó con el respaldo del síndico Fernández de la Cruz, ha recibido el rechazo y  cuestionamiento de la población, que  improcedente un aumento salarial en el contexto actual de crisis sanitaria, económica y social en que se encuentra el país, sobre todo, esta provincia Barahona y la Región Enriquillo como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.

Para febrero del 2021, la citada sesión del Consejo de Regidores incluyó a los trabajadores de todas las áreas del cabildo, que como argumento se apoya en la carestía del coste de la vida.

Además, del incremento salarial, los concejales aprobaron el pago de las prestaciones laborales a aquellos colaboradores del cabildo que fueron desvinculados de sus funciones por la actual administración municipal, pero que a 9 meses no han recibido el pago.

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Hombres que robaban alimentos fueron apresados por Policía Nacional.

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Santo Domingo. – Este jueves la Policía Nacional informó que detuvo cuatro hombres involucrados en el robo de fundas con alimentos de primera necesidad, sustraídos de varios camiones que transitaban por la avenida del Puerto del Distrito Nacional.

El cuerpo del orden dijo que los detenidos son Aaron Ezequiel Cabrera, de 36 años; Breilin José Vizcaíno Capellán, de 18; Ángel Reguillo Emiliano, de 26, y Miyel Ambiórix Morillo, de 27, todos residentes en la citada demarcación.

Según la entidad, la detención fue realizada por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), quienes actuaron de manera inmediata tras dar seguimiento a los responsables, identificados a través de un video que se hizo viral en redes sociales y medios de comunicación.

Los cuatro apresados serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de actuar con prontitud frente a hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana.

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Presidente de la República solicita al Congreso agilizar modificación de ley de Compras y Contrataciones.

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Santo Domingo, R.D.- Luis Abinader solicitó este jueves al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto que modificaría la ley de Compras y Contrataciones, la cual tiene el objetivo de establecer sanciones más severas contra la corrupción y fortalecer el marco regulador de las contrataciones del Estado.

Esta normativa, que fue propuesta por la exsenadora y ministra de Interior y Policía, Faride Raful, derogará la Ley 340-60, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, que data del 2006.

El director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, destacó que una de las tareas fundamentes de esta nueva ley es devolver el sistema de consecuencias, que fue eliminado en el mismo año que fue aprobada.

El mandatario y Pimentel hablaron del tema al encabezar el acto en el que se anunció que República Dominicana fue escogida por primera vez como sede de la Conferencia Internacional Anticorrupción (IACC), la cual se llevará a cabo en el 2026.

Prohibiciones que propone proyecto de ley

  • El artículo 25 prohíbe a los exfuncionarios gestionar o representar intereses privados y particulares ante la institución a la que prestaron sus servicios, o ante las instituciones que les sean subordinadas, durante los 12 meses siguientes a la fecha de su salida del cargo.
  • También castiga con uno a tres años de prisión a los que incurran en falsedad en las declaraciones juradas requeridas para registrarse como proveedor del Estado o para participar de un procedimiento de contratación.
  • Además, sanciona con dos a cinco años de prisión y hasta multa de 50 salarios mínimos a los servidores del Estado que, en ejercicio de sus funciones intervengan en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa, en violación al régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley.
  • El proyecto establece que, cada institución contratante deberá contar con un apartado integrado a su portal institucional en donde se agrupen las informaciones y documentaciones relativas a su actividad contractual, con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a estas.
  • Establece que los proveedores podrán subcontratar la realización parcial de las prestaciones requeridas por hasta 30 % del monto del contrato, siempre que la persona propuesta cumpla con los requisitos de la ley.

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No habrán elecciones extraordinarias en La Vega

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Santo Domingo, R.D.-Las solicitudes de convocatoria de elecciones extraordinarias en La Vega fueron rechazadas este jueves por la Junta Central Electoral (JCE).

El órgano indicó que no tiene competencia legal para convocar a elecciones extraordinarias en el municipio, pese al vacío que se generó hace tres meses con la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la vicealcaldesa Amparo Custodio.

En sus motivaciones, la JCE acotó que la Ley 20-23, de Régimen Electoral, solo la faculta a convocar elecciones extraordinarias cuando se anulan las anteriores, aspecto que no ocurrió en este caso de La Vega.

«De la lectura del referido numeral 2 del artículo 95 se comprueba claramente que el legislador dominicano, al momento de definir los casos en los que procedería a convocar elecciones extraordinarias, no contempló el escenario que alegan los solicitantes, de lo cual se deduce que no existe competencia legal para que la Junta Central Electoral proceda a la convocatoria de elecciones extraordinarias en el municipio La Concepción de La Vega«, expresó el pleno del organismo electoral en uno de sus considerandos.

El exalcalde Kevin Cruz fue escogido con el 73 % de los votos de La Vega, fue juramentado en el cargo y lo asumió por casi cuatro meses, antes de que el presidente Luis Abinader lo designara ministro de Deportes. Su vicealcaldesa, Amparo Custodio, quien podía sucederlo en el puesto, renunció indicando que ese cargo debía ocuparlo un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, que ganó la plaza.

Sin embargo, para resolver este impasse, la semana pasada el Concejo de Regidores de La Vega, revocó la renuncia de Custodio para que esta regresara a la alcaldía y el pasado 15 de noviembre fue juramentada como la nueva alcaldesa.

No obstante, los partidos de oposición Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana (PLD) insisten en que el Concejo de Regidores no tiene facultad para nombrar alcaldes. Los dos partidos han sometido recursos ante la justicia para tratar de revertir la decisión de los regidores.

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