Aunque la razón sea de justicia, variación de coerción envía mensaje de preocupación.

Por Elba Gracia

Ciertamente en el sistema de justicia los casos siempre deben ponerse en una balanza sobre la base del mandato de la ley para evitar lesionar un principio universal del derecho como es la presunción de inocencia y además de que no haya una condena anticipada en contra de los imputados.

Sin embargo, la preocupación proviene del hecho de que la República Dominicana ha tenido una serie de déficits en el sistema de justicia, los cuales impactan a sus instancias como son la judicatura y el Ministerio Público.

Nótese que en los argumentos para la variación de la medida de coerción a prisión domiciliaria, el juez se fundamenta en que alegadamente el Ministerio Público no ha formalizado su acusación ante el tribunal apoderado, lo cual tiene una serie de interpretaciones que van desde el hecho de que se trata de un proceso super complejo hasta cualquier otra debilidad que haya impedido la presentación de la acusación formal en perjuicio de los acusados.

Los precedentes que hay ya en el sistema de justicia incluyen uno, entre otros, que es prácticamente emblemático y se trata del caso Odebrecht, el cual ha sido mucha espuma y poco chocolate y cuyos resultados ha profundizado la falta de credibilidad en los fiscales y los jueces que manejan estos procesos.

Las dudas al respecto obedecen al hecho de tanto el Ministerio Público como la judicatura nacional nunca han estado al margen de la politiquería que tanto daño le ha hecho a la sociedad dominicana, lo cual es una expresión también de la falta de institucionalidad y de la presencia de su hija legítima, como lo es la impunidad.

De manera, que, aunque la variación de la medida de coerción a por lo menos el principal imputado de un fraude en contra del patrimonio público que supera los seis mil millones de pesos, pudiera ser una decisión correcta a partir del buen derecho, la misma representa un factor de escepticismo de la gente de que en el caso habrá realmente una sanción ejemplarizadora.

La cuestión es que la judicatura nacional y el Ministerio Público son dos instancias que se manejan en función de una serie de manipulaciones e interpretaciones jurídicas y políticas que provocan que los casos se queden a nivel mediático y que sus resultados sirvan, más que para fortalecer la democracia, para poner en tela de juicio un ordenamiento jurídico bueno desde el punto de vista teórico, pero malo desde la perspectiva de la ejecución del mandato de las normas.

El juez Deibe Timoteo Peguero hizo bien con motivar su decisión, lo cual deja claro que el caso Antipulpo todavía debe ser sometido al escrutinio del tribunal que deberá conocer en el mes de octubre el juicio preliminar, pero también debe decirse que la disposición quita mucha credibilidad al sistema de justicia por lo ocurrido históricamente.

Amplios sectores de la vida nacional han perdido totalmente la confianza en la justicia, porque las malas y caprichosas interpretaciones de los jueces, que no sólo ocurre en lo penal, sino también en lo civil ordinario, lo inmobiliario y en el derecho laboral, ha socavado el instrumento idóneo para compensar a las víctimas y a la sociedad y castigar el crimen y el delito.

Es decir, que la erosión de la credibilidad del sistema de justicia no es sólo por como terminan los casos penales en los que hay involucradas sumas impresionantes de dinero del patrimonio público, sino también por lo que ya es común y corriente en los tribunales del país, lo cual ocurre en todas las ramas del derecho en la República Dominicana, en los que se emiten sentencias que los juzgadores violentan las normas y suplantan la función del legislador.

Este caso Antipulpo reviste una importancia especial por tratarse del involucramiento de un hermano del expresidente Danilo Medina, lo cual le da una proyección y trasfondo político al asunto y como en el país se entiende que los partidos políticos tradicionales son los principales mecanismos para promover impunidad, ya que colocan en posiciones claves, sobre todo en derecho penal, a figuras que responden a sus malsanos intereses.

En tal virtud, lo ocurrido con Alexis Medina no estará al margen de la creencia generalizada de la gente de que los cuadros y familiares de los líderes políticos muy difícilmente caen presos o son condenados, dado que siempre habrá jueces que tienen agradecimientos en favor de los que controlan el poder político e incluso por el papel que juegan en el instrumento de elección como lo es el Consejo Nacional de la Magistratura.

Pero sea esa o no la causa de la variación de la medida de coerción en favor de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, la mayoría de los ciudadanos no lo ve de otra manera y entonces a partir de esa creencia ello lesiona mucha más la democracia.

La realidad es que con todos estos casos el país no puede crearse muchas expectativas de aplicación de la ley como demanda cada proceso, porque siempre estará presente el elemento político partidista que apuesta a que las cosas salgan en función de sus intereses.

Este periódico no apuesta a una prisionalización injusta e irracional, sino que lamentablemente en la sociedad dominicana cuando los casos no terminan con una condena severa, siempre se considera que predominaron los factores que generan la impunidad.

Para decirlo de otra manera, que cuando la sangre no llega al río en el orden judicial, las amplias mayorías nacionales consideran que no ha habido una verdadera sanción, lo cual tiene su razón de ser en que la justicia nacional siempre ha estado al servicio del que más puede o tiene y de aquellos colocados en la cima del poder.