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En Baní autoridades allanan el «Drink Sinaloa».
Santo Domingo, R.D.-El «Drink Sinaloa» de Baní fue intervenido por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a otras entidades policiales, cuyo establecimiento se preparaba para abrir sus puertas este sábado 6 de septiembre, con planes, incluso, de extender sus actividades hasta el amanecer del domingo, lo que ha causado un gran escándalo y mucha inquietud en la población.
El negocio está localizado en el mismo corazón del barrio Santa Rosa, al sureste de esta ciudad sureña, justo en la calle Genoveva Miniño.
Reacción autoridades
Luego del escándalo que ha generado el anuncio de la apertura de este nuevo negocio de expendio de bebidas alcohólicas, que desde su nombre y en toda su promoción publicitaria hace alusión a un cartel y capos de la droga, las autoridades locales han decidido impedir la puesta en operación de este negocio.
La encargada del COBA aquí, Linette del Rosario, informó a Listín Diario que los dueños de este local comercial fueron citados la mañana de este jueves a las oficinas del director nacional del Coba, Fermín Domínguez, en el Ministerio de Interior y Policía, para abordarlos sobre el perfil de este drink en cuestión.
También se ha informado que la Gobernación provincial está convocando a los comerciantes banilejos a una reunión de urgencia a los fines de tratar este tipo de propagada negativa en el comercio local.
Reacción dueños del Drink
Esto provocó una protesta de los dueños del Drink Sinaloa, que explicaban a las autoridades presentes en el lugar que ellos no podían cerrar las puertas de su negocio porque ellos tienen “todos los permisos requeridos por los organismos oficiales.
“Yo tengo todos los permisos, todos”, gritaba alterado, Francis Alejandro Arias, uno de los dueños, a los medios de prensa local que cubrían el incidente.
Sobre estos permisos los hermanos Arias, expresaban a los medios que cuando solicitaron el registro del nombre en la Onapi, les indicaron que ya ese nombre estaba registrado para un negocio que opera en la ciudad capital, por lo que “me aprobaron mi negocio, pero bajo el nombre Inaloa”.
Dijo que puso ese nombre a su local con “esos personajes de novela, no pensando en otra cosa, pero ahora estas autoridades quieren hacer una película conmigo”, expresaba airado.
Ante esta grave afrenta, expresa Listín, la inacción no es una opción. Las autoridades y la ciudadanía tienen un rol crucial que desempeñar y, citó por sus nombres a; La DNCD, Ministerio Publico, y a la alcaldía de Banì, para que jueguen el rol que la sociedad les ha asignado como garantes del pudor público y la paz social, ya “que la temática del negocio atenta contra la moral y la seguridad ciudadana, lo cual podría ser causal suficiente para revocar cualquier licencia”, expresa.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.