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Gobierno atribuye apagon general a supuesta caída en cascada por una desconexión manual de una línea energizada
Santo Domingo, R.D.-El informe técnico del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) estableció que fue un evento registrado el pasado 11 de noviembre que provocó la interrupción total del servicio eléctrico en el país.
Este hecho generó un cortocircuito de alta intensidad que activó de inmediato los sistemas de protección, tal como lo demuestran los registros del SENI.
El análisis también detalla que, aunque el SENI logró estabilizar la frecuencia en los primeros 89 segundos, el sistema aún permanecía débil por la falta de reserva fría sincronizada y por la no reposición completa de los circuitos EDAC. Esto dio lugar a una caída abrupta de frecuencia que finalmente ocasionó la pérdida total del sistema.
El OC-SENI destacó que el informe no solo identifica la secuencia detallada del evento, sino, que también presenta las recomendaciones y acciones correctivas que permitirán fortalecer la operación del sistema eléctrico nacional.
El OC-SENI resaltó que la investigación fue realizada por un equipo multisectorial de técnicos especialistas y concluida en un tiempo oportuno, dentro del mismo mes en que ocurrió la incidencia. Este nivel de celeridad contrasta con experiencias de otros países, como España y Chile, donde investigaciones de eventos similares han tomado hasta cinco meses para ser presentadas.
La pronta entrega del informe refleja la capacidad técnica, el rigor metodológico y el compromiso del Organismo Coordinador con la transparencia y la mejora continua de la operación del SENI.
El Organismo Coordinador reiteró que se encuentra en sesión permanente, dando seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones y trabajando junto a las empresas del sector para garantizar la mejora continua, la eficiencia técnica y la seguridad operativa del SENI.
El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) desempeña un rol esencial para la seguridad y transparencia del sistema eléctrico dominicano. Conforme al artículo 216, del Reglamento de la Ley 125-01, el OC debe supervisar en tiempo real la operación del SENI, velar por el cumplimiento de los programas y políticas de operación y requerir toda la información necesaria para garantizar la seguridad, calidad y economía del servicio.
Este marco le otorga la responsabilidad de coordinar, evaluar y, de ser necesario, recomendar sanciones ante incumplimientos, consolidando su papel como ente técnico neutral encargado de la correcta operación del sistema eléctrico nacional.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.