Nacionales
Autoridades detienen a iraní buscado por justicia francesa
SANTO DOMINGO.- Un iraní buscado por la justicia francesa por cargos de robo y secuestro fue detenido en Santo Domingo, República Dominicana, adonde llegó haciéndose pasar por un turista, informaron hoy las autoridades.
El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) identificó al extranjero como Ashtari Larki Pouria, «un individuo con un perfil de alta peligrosidad», cuyo primer ingreso a territorio dominicano ocurrió el 21 de junio de 2012 por el aeropuerto Las Américas, el principal del país, procedente de París.
El jefe de operaciones del DNI, Fidel Calcaño, dijo en rueda de prensa que Pouria regresó a Francia el 15 de septiembre del año pasado y retornó a República Dominicana el 24 de febrero pasado, pese a tener impedimento de salida por parte de las autoridades francesas.
Calcaño dijo que la captura de Pouria se produjo en una céntrica avenida de Santo Domingo, pero no especificó cuándo ocurrió la detención.
«Este sujeto salió de territorio francés luego de un allanamiento que realizaron en su residencia, donde encontraron tarjeta de crédito para su elaboración», dijo el alto oficial.
El funcionario agregó que una vez en el país, Pouria fijó residencia en dos exclusivos sectores de la capital dominicana, donde se iniciaron las investigaciones que pudieron determinar que el supuesto criminal cambiaba constantemente de apariencia «mediante cirugías y técnicas afines para evitar ser detectado».
Calcaño agregó que el padre del fugitivo, Edhayat Ashtari Larki, es un ex alto ejecutivo de un banco francés con un proceso abierto en los tribunales de esa nación, acusado de haber desaparecido con su esposa e hijo con 70 millones de dólares, secuestrados en cuentas de Teherán.
República Dominicana es usada con frecuencia como refugio de prófugos de la justicia de otros países.
El mes pasado, un ciudadano francés identificado como Romain Didier Goyard, alias Macklein, de 28 años, fue capturado en Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan de la Maguana, 200 kilómetros al sur de Santo Domingo.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) señaló que Goyard era reclamado por la justicia francesa para que cumpla una pena de siete años por «robo con agravantes y reincidencias» dictada por un juzgado de la localidad de Aix-en- Pronvence.
Además, el DNI descubrió en mayo una organización con posibles vínculos con células terroristas internacionales, a través de una operación que permitió la captura del líder del grupo, un canadiense de origen srilanqués, y de otros tres extranjeros.
Las autoridades identificaron al cabecilla como Karunanithy Nallathamby, quien logró introducir a República Dominicana a más de sesenta personas, en su mayoría árabes cuyos destinos finales son objeto de investigación.
La detención de Karunanithy Nallathamby ocurrió en la localidad de Sosúa, provincia Puerto Plata, 224 kilómetros al noroeste de Santo Domingo, desde donde dirigía sus operaciones usando a República Dominicana como puente con Cuba, Francia, España, Sri Lanka y Haití. Fi.
almomento.net
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.