Santo Domingo, R.D.-Mil quinientos 36 paquetes, mas de 1.5 toneladas, presumiblemente cocaína, fueron incautados por las autoridades dominicanas durante un operativo de vigilancia, seguimiento e interdicción, desarrollado frente a las costas de la provincia de Pedernales.
La acción la llevaron a cabo fuerzas conjuntas y combinadas, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), apoyadas por agencias de Inteligencia del Estado, bajo la coordinación del Ministerio Público, donde fueron apresadas tres dominicanos y un colombiano.
De acuerdo con el informe, las fuerzas mixtas, tras avistar una lancha rápida,(Tipo Go Fast ), con varios individuos a bordo, acercándose en actitud sospechosa hacia las costas de la República Dominicana, activaron todos los protocolos de actuación para intervenir la motonave y neutralizar una posible operación de narcotráfico internacional.
La persecución la realizaron con helicópteros, unidades navales y equipos tácticos terrestres, durante más de 12 horas, «logrando interceptar la embarcación de unos 35 pies de eslora, a varias millas náuticas al Oeste, de Cabo Falso, provincia de Pedernales».
En el interior de la lancha, de color gris, con dos motores fuera de borda, de 250 caballos de fuerza cada uno, se incautaron53 pacas, conteniendo un total de 1,536 paquetes de presunta cocaína, envueltos en fundas plásticas de color negro y con distintos logotipos.
Bote incautado por la DNCD
Además de detener a los dominicanos y el extranjero, los agentes confiscaron además, un celular, un Gps, dos baterías de radios de comunicación, una neverita con agua y bebidas energizantes, 13 tanques de combustibles, una mochila con varias prendas, ropa, entre otras evidencias.
“El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras siguen intensificando las labores de inteligencia y coordinación, lo que se traduce en importantes golpes a estas redes de narcotráfico, cuyo modo operativo es traer drogas en lanchas rápidas desde Sudamérica, para introducirlas a territorio dominicano.”
Se destaca que la reciente incautación, entra entre los cargamentos de mayor volumen, confiscados en la historia de la lucha contra el narcotráfico en el país.
Los cuatro detenidos, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras los paquetes de la sustancia fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
Precisa que las evaluaciones realizadas a la niña, por personal especializado, fueron consistentes a las revelaciones realizadas a la madre y sustentaron las acciones cometidas por su agresor.
Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.