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La misma historia con narcotraficantes que desaparecen misteriosamente.

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Santo Domingo, R.D.-El paradero del narcotraficante «Kiko La Quema» se ha vuelto un misterio como ocurre con todos los que se mueven en este bajo mundo, ya que ni las palabras del presidente Luis Abinader ha podido determinar dónde está metido.

Desde que el pasado 27 de noviembre cuando el presidente Luis Abinader le exhortó a José Antonio Figuereo Bautista «Kiko la Quema«,  a que se entregue por la “vía correspondiente”, durante una rueda de prensa de LA Semanal, las autoridades aún no han dado con su paradero.

La Quema, de 45 años, es acusado de liderar una supuesta peligrosa banda criminal en el municipio Cambita Garabitos, provincia de San Cristóbal, que se dedica al microtráfico de drogas.

Las autoridades policiales, desde el martes 21 de noviembre, han estado realizando un operativo de búsqueda contra el fugitivo.

Con la búsqueda del prófugo, el municipio se mantuvo bajo tensión, aunque en los últimos días las cosas se han estado normalizando.

FAMILIARES ARRESTADOS

Por el caso, las autoridades policiales arrestaron a 11 parientes y presuntos vinculados, entre ellos una hija de este, de 14 años, según denunciaron ante Listín Diario residentes en el municipio.

Los familiares de la Quema han pedido que se entregue y algunos resultaron apresados por el hecho. “Hemos sido maltratados, nosotros no tenemos nada que ver con Kiko, la Policía está acabando con nosotros, no podemos pagar por lo que él hace”, afirmó Santos Isabel Figuereo Bautista, quien es su hermano mayor.

Con eso, Figuereo Bautista pidió al presidente Abinader detener los atropellos y maltratos que están cometiendo los agentes policiales con los familiares.

Tras LISTIN DIARIO cuestionar al vocero de la Policía Nacional sobre el tema, Rafael Tejada, este expresó que “todo lo relacionado con Kiko la Quema se está trabajando, se continúan las investigaciones y las diligencias de localización y captura. Es lo que podemos asegurar y confirmar hasta el momento”.

Además del presidente Luis Abinader, el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, también le recomendó entregarse. «Lo mejor es que se entregue», aseguró Chú Vásquez.

El presunto delincuente “altamente peligroso”, nativo de Cambita Garabitos, es señalado de cometer homicidios, robos, secuestros, sicarios, microtráfico, cobros compulsivos, extorsión, tráfico de armas, invasión de terrenos y lavado de activos.

La Policía Nacional asegura que cometía sus actos delictivos en los sectores Lucinda, La Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao, Muchas Aguas, Cambita Centro, Loma La Colonia y Loma El Guineo, del municipio Cambita Garabitos.

La última información que la Policía Nacional dio sobre el tema fue que los señalamientos de los familiares del prófugo de que han sido “atropellados, golpeados y estrangulados” son falsos, según dijo el portavoz de la Policía Nacional, Rafael Tejeda Baldera.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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