Nacionales
Autoridades todavía buscan 60 millones perdidos en Sosúa
Las investigaciones han provocado la detención de varias personas
Parte de las armas que se dice fueron ocupadas durante el allanamiento.
El procurador general de la República declaró este miércoles que un informe preliminar establece que hubo exceso de parte de las autoridades policiales que actuaron en el allanamiento en Sosúa, Puerto Plata, en el que murió un alemán y alegadamente se sustrajeron dos cajas fuertes con más de 60 millones de pesos, joyas y otros objetos de valor. El licenciado Francisco Domínguez Brito dijo que todavía no han sido encontradas las cajas fuertes con el dinero, joyas y demás objetos que se perdieron en el allanamiento.
Domínguez Brito informó que impartió instrucciones especiales a la Fiscalía de Puerto Plata para que realice las investigaciones de lugar, a los fines de establecer responsabilidad en el hecho.
“La Fiscalía de Puerto Plata tiene a su cargo la investigación; están tomando las medidas de instrucción necesarias para identificar cualquier tipo de responsabilidad y entendemos que próximamente habrá un resultado de esa investigación”, manifestó el funcionario.
El procurador dijo que, conforme a los informes preliminares, hubo exceso de parte de las autoridades policiales que actuaron en el allanamiento.
“Sin embargo, queremos profundizar aún más para delimitar hasta dónde llega esa responsabilidad”, añadió.
Se trata de una investigación que lleva varios meses en la Fiscalía de Puerto Plata, por cuyo caso se han hecho varios interrogatorios y de determinarse que hubo faltas, los responsables pagarán, indicó el procurador.
En el caso, ocurrido el 17 de octubre de 2012, están involucrados tres generales, dos coroneles y otros quince oficiales, suboficiales y alistados de la Policía.
Asimismo, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, calificó esta semana de “burdo allanamiento”, el caso en que resultó muerto un alemán y otros cuatro extranjeros heridos.
Ayer, el procurador Domínguez Brito visitó al jefe de la Policía, con quien se reunió por más de una hora sin que trascendiera lo tratado, pero se supo que fue con relación al citado caso.
Los acontecimientos del incidente están narrados en un voluminoso informe de la Jefatura de la Policía, titulado “Caso: Corrupción policial de Sosúa, Puerto Plata”.
Entre otros detalles, el informe revela que el operativo no fue autorizado por los altos mandos policiales ni por el ministerio público de Puerto Plata.
Luego del allanamiento al complejo turístico La Mulata III, donde residían varios alemanes presuntamente miembros de una secta religiosa, la entonces jefatura del mayor general José A. Polanco Gómez informó que el extranjero Peter Diettrich murió en un enfrentamiento con los agentes.
El propio jefe policial de entonces encabezó las investigaciones y ofreció una conferencia de prensa en la ciudad de Puerto Plata, junto al procurador Domínguez Brito, pero, al parecer, los policías que actuaron no reportaron las cajas fuertes ni los 60 millones y los objetos perdidos.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.