Editorial
Por qué Macarrulla no está en el expediente a partir de las revelaciones del Ministerio Público.
En los últimos años el país ha dado señales de que no está dispuesto a tolerar los pasos equivocados de los partidos políticos y de las diferentes instancias públicas y privadas y lo que acaba de producirse con el secretario de la presidencia, Lisandro Macarrulla Tavarez, es una muestra de ello, cuyas revelaciones del Ministerio Público no permiten entender por qué este renunciante funcionario no está en el expediente del caso Medusa.
La resistencia a la tradicional bellaquería del funcionario público, el cual casi siempre proviene del partidarismo político, pero que se acrecienta en el seno de la sociedad dominicana, donde la corrupción es un fenómeno que la gente lleva hasta en sus tuétanos.
La realidad es que con este tema hay mucho de simulación, principalmente por muchos de los actores de los medios de comunicación social e incluso de los dirigentes de organizaciones sociales y de familias del país.
Ya dijimos que se trata de un fenómeno con profundas raíces culturales, por lo que su erradicación costará mucho esfuerzo y tal vez hasta sangre, porque son muchos los que perecerán en el camino que da vida a la codicia, la avaricia y al interés de buscar riquezas a cualquier precio para ser valorados en la sociedad.
La renuncia transitoria de Macarrulla deja un mensaje de esperanza, pero también de preocupación en la sociedad dominicana, porque ya no son pocos los que entendían que ese no debió ser el camino, lo cual lesiona el interés de otros que consideran que la República Dominicna sea un país de mejor suerte.
Sólo alguien con un alto nivel de ignorancia o de ceguera puede soslayar lo que implica que Macarrulla siga al frente del gabinete del presidente Luis Abinader, ya que ello implicaría el desmonte del incipiente proceso de adecentamiento nacional que parece promover el Ministerio Público, el cual también es el resultado de la lucha de miles de dominicanos que quieren una nación más transparente y con un régimen de consecuencia.
Pero la pregunta de si es un aparente avance institucional o una medida fruto de la circunstancia es una respuesta que sólo podrá responderse con el tiempo y en consecuencia no se sabe con exactitud cuándo quedará totalmente despejada.
Los dominicanos decentes deben estar orgullosos de que las cosas hayan ocurrido de esa manera, porque dejan una huella de que se producen esfuerzos para exigirles a los funcionarios que respeten el patrimonio público y que hay recursos que jamás deben ser tocados.
La corrupción en sus diferentes vertientes han dejado una secuela de sufrimientos al pueblo dominicano que se impone que se diga y se trabaje para que exista el convencimiento de que llegó el momento del ya basta.
Por esta razón no importa cuál ha sido la causa de la decisión del ministro de la Presidencia del Gobierno de Luis Abinader, Lisando Macarrulla Tavarez, pero no queda duda de que el hecho tiene un impacto positivo en la lucha para promover una cultura de respeto a los dineros de las arcas nacionales.
Naturalmente, será el propio proceso judicial el que se encargará de decir si la empresa de Macurrulla es culpable o inocente del delito que se le imputa, cuyo juicio no tendrá resultados definitivos hasta que no recurra todos los grados que establece el sistema de justicia nacional para que se llegue a lo irrevocablemente juzgado, lo cual conllevará algunos años.
Sólo queda esperar sin contaminar el proceso.
La educación es la puerta al desarrollo, cuya expresión no se trata de un cliché, sino de una realidad que debe ser digerida o comprendida por todas las naciones del planeta.
El fenómeno de una buena educación ha sido aprovechado al máximo por las naciones asiáticas, como Simgapur, Corea del Sur y Japón.
Estas naciones del continente asiático han tomado el toro por los cuernos en lo que respecta a invertir para su desarrollo y de esa manera impactar a todo el planeta.
Pero la pregunta que debe hacerse cualquier persona con un nivel óptimo de inteligencia y por qué a países como la República Dominicana se le hace tan difícil ocupar esos niveles de desarrollo cognitivo y de un mayor coeficiente de inteligencia.
Es común escuchar a cualquier joven decir en este lado del mundo que para tener dinero no se necesita estudiar, lo cual no obedece totalmente a la verdad, porque en cualquier lugar del universo donde se prioriza la educación, la tecnificación y la buena formación le sirve más que toda la riqueza material que se pueda tener, aunque generalmente la primera garantiza la segunda.
Debe entenderse que las naciones de economía informal, del día a día, de poco desarrollo industrial, el trabajo artesanal es lo que predomina y en consecuencia un país al margen del conocimiento no tiene otras formas que sobrevivir mediante el trabajo rustico y poco tecnificado.
Es decir, que para cualquier país del tercer mundo rebasar su pobreza y precariedades tendrá que insertarse en el mundo del conocimiento, de las ciencias y de las tecnologías, no importa que tantos plátanos y mangos exporte.
Si la República Dominicana quiere tener un desarrollo verdadero, no de palabras y de campañas publicitarias, debe, primero, mejorar la calidad de la inversión del 4 por ciento en educación y empeñarse en superar ese nivel, a fin de que al cabo de algunos años se pueda ver en el espejo de las naciones que hoy exhiben un desarrollo envidiable como Uruguay, Argentina y Chile o tal vez mejor decir como Singapur, Corea del Sur y Japón, entre muchos otros.
La educación, sin lugar a dudas, es la puerta hacia el desarrollo inclusivo, imitemos los ejemplos que tenemos a la vista, pero ello debe estar acompañado de planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, sin lugar a dudas, la principal debilidad de los países pobres y subdesarrollados.
Nadie se atreve a negar el poder de los Tribunales Constitucionales en las democracias del siglo 21. Un buen ejemplo, entre muchos otros, es la sentencia TC/0767/24 que anula por inconstitucional la Ley 1-24, que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
En el campo internacional otro buen ejemplo de ese poder inmedible del constitucionalismo es lo que acaba de ocurrir en Rumania, donde el alto tribunal anuló la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en esa nación europea.
De manera, que ese poder extraordinario se repite regularmente en diferentes naciones del mundo, incluida la República Dominicana, donde el Tribunal Constitucional, como legislador negativo, acaba de dar un plazo de un año al Congreso Nacional para que corrija los errores procedimentales en la aprobación de la Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal por éstos ser violatorios de la normativa procesal que establece sobre la materia la carta magna.
En realidad, se trata de un fenómeno mundial, dado que el constitucionalismo es prácticamente la guía de las nuevas democracias del mundo.
Todo ello demanda que el Tribunal Constitucional dominicano ponga en primer plano la revisión de las acciones de amparo que son sometidas a la alta corte.
Esperar años para fallar los recursos de revisión de acciones de amparo, incluidas las de cumplimiento y electoral, socaba la credibilidad del Tribunal Constitucional que está llamado a corregir las debilidades de que adolece el sistema de justicia, entre ellas la llamada mora judicial.
No hay una explicación lógica de que el Tribunal Constitucional se tarde hasta dos años para fallar una revisión de una acción de amparo cuando el articulo 102 de su propia Ley orgánica habla de 30 días, cuyas decisiones tardías cuando se producen ya no surten ningún efecto.
Cualquiera se podría preguntar si es que se trata de una manipulación o de un condicionamiento, máxime cuando la revisión de las acciones de amparo persigue corregir cualquier distorsión de los derechos fundamentales, no importa que provenga de los partidos políticos cuando se trata de asuntos electorales.
Sólo mediante esa interpretación se podría entender la tardanza del TC para solucionar un problema que está asociado a violaciones graves de un derecho fundamental como es, por ejemplo, el de elegir y ser elegible.
Es imperdonable que el Tribunal Constitucional someta al justiciable al mismo dolor de cabeza que proviene de la Suprema Corte de Justicia, cuyas sentencias son evacuadas cuando las partes ya han muerto.
Necesariamente hay que preguntarse por qué el TC no quiere poner en cintura a los partidos políticos, pese a que son los que más daños hacen con su conducta a la democracia.
Hay recursos de revisión de acciones de amparo que alcanzan hasta los dos años y todavía no hay una forma de que se produzca un fallo. Se impone resolver esa mora porque al final de cuentas esa falla socava la seguridad jurídica, el principio de legalidad, la credibilidad del Tribunal Constitucional y de todo el sistema de justicia nacional.
No hay lugar a dudas que la tardanza del Tribunal Constitucional para fallar los recursos de revisión de las acciones de amparo representa un desequilibrio en la alta corte que debe ser corregido a la mayor brevedad posible.
Se impone que el TC se ajuste al mandato de su ley orgánica, la 137-11, para que preserve su credibilidad, porque no se puede ser estricto para hacer cumplir la Constitución en algunos casos, pero no así para otros. Esa debilidad del TC es comprobable con la celeridad que muchas veces conoce la acción directa de inconstitucionalidad, pero relega a años las revisiones que tienen que ver con el amparo, sobre todo cuando se trata de asuntos electorales que involucran violaciones cometidas por los partidos políticos.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.