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Se han leído 718 páginas del caso Medusa.
Santo Domingo.-Desfalcos y sobornos fueron parte del llamado plan de humanización del Sistema Penitenciario Nacional, según el Ministerio Público, durante la gestión del exprocurador, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el expediente por corrupción administrativa de la Operación Medusa.
“En el día de hoy avanzamos hasta la página 718, vimos líneas como el Plan de Humanización, en el cual se ejercieron tipos penales como desfalco y soborno”, sostuvo Collado.
El fiscal de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público agregó: “también vimos líneas que van desde el soborno de la empresa de Ricardo Pérez Mella, el cual incrimina directamente al acusado Jean Alain Rodríguez de haber recibido sobornos”, al tiempo de explicar que iniciaron la parte correspondiente al financiamiento ilícito de campaña, con el llamado “búnker”.
Sobre el “búnker criminal”, detalló que “era una especie de zona franca que tenía el acusado Jean Alain Rodríguez para dar una apariencia en redes sociales en los ataques personales que recibía, y así como la institución a raíz del caso de Odebrecht; este tenía una especie de zona franca, el cual respondía mensaje y otras actividades con relación a su figura”.
Collado se refirió al avance del proceso al responder preguntas de los periodistas de la fuente judicial luego de concluida la audiencia de este martes.
En el sexto día de la lectura del expediente contra los acusados de la Operación Medusa, el Ministerio Público detalló cómo se llevaron a cabo los actos delictivos a través del proceso de construcción y remodelación de los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) a nivel nacional, durante la gestión del extitular del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez Sánchez, quien agoto su mandato en el Ministerio Público en el período 2016-2020.
En la operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, el órgano acusador presentó una acusación de 12,274 páginas, acompañada de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.
La acusación, que se presenta en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Amauri Martínez, fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) reiteraron que los acusados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
La jornada de lectura del documento acusatorio fue reiniciada este martes por la fiscal Rosa Alba García, quien fue seguida por el fiscal Miguel Collado.
La audiencia preliminar de la Operación Medusa se lleva a cabo, debido al espacio físico y la cantidad de imputados del proceso judicial, en la sala 05 del edificio que alojaba a la Suprema Corte de Justicia, en las antiguas instalaciones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes.
Además de García y Collado, el órgano persecutor estuvo representado por la procuradora de Corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, y el fiscal Emmanuel Ramírez.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.