El relato dice que el valor añadido a la obra por la adenda 6 fue de 88.1 millones de dólares. El monto original del contrato de Pinalito fue de 131.7 millones de dólares, pero se le añadieron 187.4 millones de dólares con las adendas, para quedar en un monto global de 319.1 millones de dólares.

La empresa brasileña Odebrecht depositó documentos que le había exigido la Procuraduría General de la República sobre los contratos firmados en el país.

La construcción de la presa de Pinalito fue el segundo proyecto obtenido por Odebrecht, por vía de Angel Rondón Rijo, y se inició en la administración del presidente Hipólito Mejía, para dar continuidad en la segunda administración del presidente Leonel Fernández.

El Ministerio Público dominicano presentó los datos en un documento de más de 300 páginas en donde describe cómo se produjeron los actos de soborno y quiénes fueron los responsables de sobornar.

En la solicitud de medidas de coerción el Ministerio Pública vincula con el Proyecto Hidroeléctrico de Pinalito a los señores Angel Rondón Rijo, César Sánchez, Bernardo castellanos, Máximo De Oleo, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura.

Cuenta el Ministerio Público que el contacto lo realizó Angel Rondón con César Sánchez, entonces administrador de la CDE, y que también habría hecho contacto con Bernardo Castellanos, director técnico de la empresa de generación Hidroeléctrica Dominicana, y Máximo De Oleo, administrador de la empresa Hidroeléctrica Dominicana. “Estos dirigían los procesos de actualización de estudios de los proyectos hidroeléctricos, por esta razón, el imputado Angel Rondón Rijo le entregó dinero como soborno, a fin de que opinaran favorablemente a que la Hidroeléctrica de Pinalito fuera construida por la empresa Constructora Norberto Odebrecht, dinero que fue pagado por la empresa según las declaraciones proporcionadas por el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ex gerente general en la República Dominicana de la referida constructora, ante el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil”.

César Sánchez firmó el contrato con Odebrecht para la construcción del proyecto hidroeléctrico de Pinalito el 30 de octubre del 2002, por 131.7 millones de dólares. De acuerdo con el Ministerio Público César Sánchez violó la ley 322 de 1981, que obliga a las instituciones del Estado adjudicar obras a empresas radicadas en el país, pero que Odebrecht era una empresa extranjera, no nacional. Y se firmó el contrato de que hubiese una empresa nacional relacionada con el proyecto.

Marco Vasconcelos Cruz habría revelado que Rondón sobornó a César Sánchez para que viabilizara la aprobación del proyecto, y que Sánchez aceptó el soborno para que le fuesen adheridas tres adendas al contrato de construcción. Dice que Sánchez, fruto del soborno, se enriqueció y aumentó su patrimonio neto un 100 por ciento.

En cuanto a Máximo de Óleo y Bernardo Castellanos, el MP dice que estos mantuvieron contacto con Heitor De Abreu Azevedo, director técnico de Odebrecht, involucrado en Brasil con los casos de sobornos. Ese contacto se realizó a través de Angel Rondón, dice el documento del MP.

El proyecto Pinalito fue aprobado el 16 de enero del 2004 en el Congreso Nacional, siendo Andrés Bautista presidente de esa cámara, y luego aprobado por los diputados, siendo Alfredo pacheco presidente. Con ambos legisladores Angel Rondón mantuvo contactos directos para asegurar la aprobación mediante sobornos. Según el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi, la aprobación fue posible por la intervención de Bautista y Pacheco, admitiendo el testigo que si no se hubiese sobornado a esos legisladores no se habría aprobado el financiamiento.

Marco Vasconcelos Cruz describió a los fiscales de Brasil que Rondón fue tan efectivo con Bautista y Pacheco que los trámites se realizaban en el Congreso con mucha celeridad, pues se aprobaban en menos de un mes, luego que eran remitidos por el Poder Ejecutivo.

En este documento se describe a Rafael Genaro Suero, ex administrador de EGEHID, como el enlace para el pago de sobornos a los técnicos y como la persona que se presentó a la oficina de Heitor De Abreu Azevedo y le ofreció la suma de de 80 mil dólares como soborno.

A partir de aquí el documento incluye a Radhamés Seguro, ingeniero administrador de la CDEEE, quien habría sido influenciado por el señor Angel Rondón para que se firmara la adenda 4 al proyecto el 14 de julio del 2005, aumentando la suma de 54.6 millones de dólares al proyecto de Pinalito.

Entiende que la desmesura de Radhamés Segura lo llevó a firmar la adenda 5, el 26 de octubre del 2006, donde se aumentó una vez más el costo del proyecto, esta vez por 44.7 millones de dólares.

“No conforme con los montos citados anteriormente, el imputado Ramón Radhames Segura, en fecha 25 de noviembre del 2007, violando la Ley No. 340-06, nuevamente procede a realizar la adenda No. 6. El objeto del contrato fue la ejecución de todas las obras, suministros y servicios adicionales requeridos para la implementación de los alcances contemplados en el mismo”, dice el MP.

El relato dice que el valor añadido a la obra por la adenda 6 fue de 88.1 millones de dólares. El monto original del contrato de Pinalito fue de 131.7 millones de dólares, pero se le añadieron 187.4 millones de dólares con las adendas, para quedar en un monto global de 319.1 millones de dólares.

Las ampliaciones y adendas se debieron, dice el Ministerio Público, “al entramado de corrupción y la aceptación de los sobornos dados por la compañía a través de Angel Rondón a los imputados” César Sánchez, Bernardo castellanos, Máximo de Oleo, Andrés Bautista, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura. La obra se inauguró el 11 de agosto del 2009. Pero el 23 de febrero del 2010 el administrador de EGEHIF, Víctor Gerame Ventura Hernández, firmó el contrato de cierre de la construcción, es decir siete meses después de la inauguración. “Dicho contrato de cierre fue la forma más clara y descarada de sustraer los fondos del Estado”, dice la pieza de solicitud de medidas de coerción.

Para el proyecto de Palomino el Ministerio Público involucra a los mismos personajes, incluyendo ahora a Juan Temístocles Montás, quien desempeñaba el puesto de Secretario Técnico de la Presidencia. Este proyecto se firmó por 225 millones de dólares, en 2005, pero aún Odebrecht no tenía como socia una empresa nacional, lo que convierte en irregular el contrato.

Según el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi el sobornante Angel Rondón Rijo recibió un 3 por ciento del valor de la obra por haber captado la oportunidad del negocio, lo que se logró en razón de su relación con Radhamés Segura.

En la gestión de Radhamés Segura se hicieron tres adendas por 35 millones de dólares. Los montos del contrato se financiaron con préstamos aprobados por el Congreso, bajo la presidencia de Andrés Bautista y Alfredo Pacheco.

Sobre la participación de Temístocles Montás, revela el Ministerio Público, fue señalada por el testigo Ernesto Sá Viera Baiardi y por el gerente de Odebrecht en el país, Marco Vasconcelos Cruz.

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