Santo Domino, RD.-El pasado vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, negó alguna vinculación con los procesos de compras y contrataciones de las empresas distribuidoras de electricidad, como lo ha dicho el Estado en una querella presentada en su contra.Más Noticias
Bichara recurre al mismo argumento de otros inculpados en corrupción en perjuicio del Estado.
Santo Domino, RD.-El pasado vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, negó alguna vinculación con los procesos de compras y contrataciones de las empresas distribuidoras de electricidad, como lo ha dicho el Estado en una querella presentada en su contra.Dijo que antes esas imputaciones, su compromiso con la sociedad y con su familia le obliga a no guardar silencio.
Jiménes Bichara señala que en su interés de aportar “las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa”, se ha puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos.
“Al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez”, señala.
Sus declaraciones están contenidas en un documento titulado aclaración pública, el cual reproducimos a integridad:
Como es de conocimiento público el pasado martes día 15 de este mes de junio se dio a conocer el depósito de una Querella con Constitución en actor Civil interpuesta por del Estado Dominicano y las entidades Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S. A. (EDEESTE), Edesur Dominicana S. A. (EDESUR) y la empresa Edenorte Dominicana S. A. (EDENORTE) en la cual se me presenta como querellado.
Se me ha señalado como “líder de una estructura mafiosa” y “orquestador de maniobras para defraudar el Estado”, afirmaciones que son un ABSOLUTO ABUSO, un TOTAL ATROPELLO a mí nombre y a la gestión que desempeñé como Vicepresidente Ejecutivo de la CDEEE durante el período del 2012 al 2020. Antes esas imputaciones, mi compromiso con la sociedad y con mi familia me obliga a no guardar silencio.
Si bien no dispongo aún de una copia de la querella efectivamente depositada, han circulado informaciones por varios medios sobre estas acusaciones lo que me impulsa a ACLARAR de manera preliminar y general que en ocasión de mi cargo en la CDEEE, no tuve participación alguna en los procesos internos de compras y contrataciones de las empresas de distribución eléctricas señaladas.
Hacemos énfasis en que la CDEEE no tiene ninguna injerencia en la estructuración de los procesos de compras y contrataciones de dichas empresas, tampoco en identificación de necesidades de compra, en la definición de los requerimientos o especificaciones técnicas de los equipos, maquinarias o insumos en general que allí se compraban y mucho menos en la selección de suplidores de esas necesidades. Estas gestiones las realizaban las EDE de manera autónoma como parte de sus funciones operativas.
Con relación al segundo punto abordado públicamente sobre supuestos “procesos de compras fraudulentos desarrollados por la CDEEE con financiamientos otorgados por los organismos internacionales”, y un supuesto entramado para beneficiar con estos fondos de financiamiento público a empresas y/o personas determinadas, aclaramos que la CDEEE, en sus funciones legales, gestiona el “Programa de Modernización de la Red de Distribución y Reducción de Pérdidas Eléctricas” y cuya ejecución se realiza mediante financiamientos provenientes de los organismos multilaterales tales como: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversión (BEI), el Banco Mundial, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID).
Estos organismos exigen al Estado dominicano la instalación de una Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP), cuya función principal es ejecutar los proyectos desarrollados con apoyo de dichos financiamientos, a través de la cual son recibidos, evaluados y ejecutados los proyectos especiales que las EDE someten para fines de financiamiento, todo esto en estricto respeto a los procedimientos provistos por esas entidades multilaterales y que son coordinados y supervisados por estas mismas entidades, desde la solicitud del financiamiento hasta su ejecución final. Las imputaciones presentadas en la referida querella son absolutamente falsas.
En mi interés de aportar las evidencias pertinentes para el ejercicio de mi defensa, me he puesto a la disposición de la Procuraduría General de la Republica y sus órganos operativos, al tiempo que he solicitado un ejemplar de dicha querella y de los documentos que la acompaña a través de las Licenciadas Rosalina Trueba y Luz Díaz Rodríguez. Como ciudadano y ex funcionario público es mi obligación acudir a cuantos requerimientos me sean formulados por las entidades competentes y así me comprometo a hacerlo.
Rubén Jiménez Bichara
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.