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Biden propone un billonario plan económico para ganarle el pulso a China
Washington.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este miércoles un billonario plan para renovar las infraestructuras del país, crear «millones de empleos» y recortar las emisiones de carbono, con el objetivo de modernizar la economía estadounidense y ganar el pulso a China.Biden anunció un ambicioso plan valorado en 2,25 billones de dólares que necesitará el visto bueno del Congreso para salir adelante, y que se financiaría con un aumento de los impuestos a las corporaciones durante 15 años.
«Estoy seguro de que si actuamos ahora, dentro de 50 años la gente echará la vista atrás y dirá: Este es el momento en el que Estados Unidos ganó el (pulso por el) futuro», dijo Biden durante un discurso en Pittsburgh (Pensilvania).
LA MAYOR INVERSIÓN EN EMPLEOS EN DÉCADAS
Menos de un mes después de firmar un rescate de 1,9 billones de dólares por los efectos de la pandemia, Biden pidió hacer otra gran inversión en la economía del país, esta vez para resolver problemas más estructurales que, a su juicio, lastran el potencial de Estados Unidos frente a potencias como China.
«Esta es la mayor inversión en empleos en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial», subrayó Biden.
«Creará millones de empleos bien pagados que harán crecer la economía, nos harán más competitivos en todo el mundo, promoverán nuestros intereses de seguridad nacional y nos pondrán rumbo a ganar la competición global con China en los próximos años», añadió.
La propuesta, detallada unas horas antes por la Casa Blanca, ha generado críticas tanto de la oposición republicana, que la considera demasiado amplia y no está de acuerdo con los mecanismos para financiarla, como de algunos progresistas, que opinan que no va lo suficientemente lejos.
Sin embargo, Biden pronosticó que conseguirá sacarla adelante, a pesar de que la estrecha mayoría de su partido en el Senado les obliga a contar con apoyos republicanos o a recurrir a mecanismos legislativos excepcionales.
LOS DETALLES DEL PLAN
El llamado Plan de Empleos Estadounidenses es el pilar inicial de la agenda económica de Biden en sus 100 primeros días de mandato, y el presidente planea presentar en abril otro paquete que cubriría asuntos como la baja laboral pagada o el acceso universal a jardines de infancia a bajo coste.
En esta primera propuesta, alrededor de la mitad de los fondos se dedicarían a renovar las infraestructuras tradicionales, un objetivo que ambos partidos de EE.UU. aseguran compartir pero que nunca se han puesto de acuerdo sobre cómo financiar.
Unos 620.000 millones de dólares se dedicarían a renovar 32.000 kilómetros de carreteras y autopistas, a reconstruir diez puentes estratégicos y a reparar otros 10.000 de menor tamaño.
Con esos fondos también se modernizarán puertos y aeropuertos, se doblará la inversión federal en sistemas de transporte público y se construirá una red de 500.000 cargadores de vehículos eléctricos para 2030.
Un segundo bloque, al que se destinarían 650.000 millones, busca invertir en acceso a banda ancha sobre todo para las comunidades rurales, agua potable, red eléctrica y vivienda pública; además de reemplazar todas las tuberías de plomo del país y reducir la exposición a ese metal en 400.000 escuelas y centros educativos.
El Gobierno invertiría otros 580.000 millones en la investigación y el desarrollo, producción y formación; mientras que los 400.000 millones restantes tendrían como objetivo contratar a trabajadores para el cuidado tanto de personas mayores como con discapacidades.
EL PUNTO MÁS POLÉMICO: LA FINANCIACIÓN
La discusión también girará en buena parte en torno a cómo financiar el plan: Biden quiere hacerlo mediante una subida del impuesto de sociedades hasta el 28 %, frente al 21 % que está en vigor desde 2017, cuando su predecesor, Donald Trump, aprobó una reforma fiscal.
El mandatario recordó que su propuesta dejaría el impuesto que pagan las corporaciones «en un nivel menor que el que ha tenido entre la Segunda Guerra Mundial y 2017», puesto que antes de que Trump aprobara su reforma, esa tasa era del 35 %.
La Casa Blanca también planea obligar a grandes empresas del país a pagar algo de impuestos, al imponer una tas mínima del 15 % en sus ingresos y gravar algunos de sus ingresos en el extranjero.
«Amazon y otras compañías no pagan ni un solo centavo de impuestos federales por sus ingresos. Eso, sencillamente, está mal. Y voy a ponerle fin», prometió Biden.
Esa sugerencia despertó la oposición del líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, quien acusó en un comunicado a Biden de «usar la infraestructura como un ‘caballo de Troya’ para impulsar las mayores subidas de impuestos de toda una generación».
Algunos expertos también han expresado dudas sobre los cálculos de la Casa Blanca, que afirma que las inversiones del plan durarán ocho años, pero se tardará casi el doble -15 años- en recolectar a través de los impuestos los fondos necesarios para financiarlo.
Biden respondió a las críticas con una invitación, tanto a los republicanos como a los demócratas más progresistas, de presentarle propuestas alternativas.
«Estoy abierto a otras ideas, siempre que no impliquen aumentar los impuestos a nadie que cobre menos de 400.000 dólares anuales (…). Pero tenemos que aprobar esto, no podemos permitirnos esperar», subrayó.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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