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Defensa de Jean Alain afirma PGR presiona justicia para que proceso coincida con período electoral 2024
Santo Domingo.- El Ministerio Público supuestamente presiona a la justicia para que los debates del expediente de Jean Alain Rodríguez coincidan con el proceso electoral del 2024, según la defensa del ex procurador general de la República.
Según el Consejo de Defensa del exfuncionario, luego de tres rechazos, la Procuraduría ahora presiona al juez para incrementar horario de 20 a 40 horas semanales, para que el proceso judicial del exprocurador coincida con el periodo electoral de principios del 2024, donde el proyecto reeleccionista eleva la bandera de la “honestidad” entrecomillada.
La reacción de la PGR obedece a dos factores cruciales de los últimos días:
El segundo, a los tres rechazos del propio juez a una lectura resumida de una acusación que la misma PGR se jactaba de contener una blindada cantidad de páginas inculpatorias (12,500), de las cuales ahora reniegan y odian su lectura.
“La Procuraduría en una triste faena, pretendió fallidamente incidentar los principios legales de oralidad y publicidad, imponiéndose el juez con su decisión tras escuchar las razones jurídicas de un grupo de imputados que claman rigor y respeto a la normativa que regula el proceso penal”, sostuvo el Dr. Carlos Balcácer, jurista de Jean Alain.
A. En aquellos plazos de prórroga clamados por la PGR a la justicia, que les fueron cedidos mientras mantenían en prisión injustificada a nuestro cliente.
B. Luego, a otros plazos vinculados a la intimación a los mismos para que culminaran con la acusación, conducta procesal morosa e irresponsable que ya adquiere carta de comportamiento de la PGR en un 90 % de la generalidad de los procesos punitivos que llevan en todo el mapa tribunalicio del país.
D. La densidad de imputados físicos y jurídicos que engrosan la acusación que termina todo en una escena dantesca de lectura, citaciones y enunciados que implican un balance de largo tiempo.
E. La gran verdad es que la PGR redactó una acusación abultada, con documentos innecesarios, elementos duplicados, reiterando en cada tema los mismos supuestos hechos y con una acusación que responde al ego de proclamar haber construido la acusación más grande de la historia, pero olvidaron que los excesos tienen un precio, que el proceso penal tiene un ritual, la oralidad, la publicidad, por lo que ahora pretenden renegar de la ley y presionar a los jueces”, continuaron expresando los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.