Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.Más Noticias
Imputado en Calamar ha estado envuelto en una serie de casos de corrupcion.
Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.El primer nombre que aparece en la lista de testigos es el de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, acusado en 2012 junto al senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del Estado. Este caso fue archivado.
En el expediente contra Félix Bautista, Ventura Rodríguez fue acusado por el Ministerio Público de manejar fondos por más de 1,900 millones de pesos a través de su cuenta personal por más de nueve mil millones de pesos a través de la empresa Diprecalt y por más de tres mil quinientos millones de pesos a través de Constructora RMN.
También el Ministerio Público aseguró que adquirió una cantidad importante de inmuebles, incluyendo dos parcelas en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez; un apartamento en el residencial Pisos del Prado en el Distrito Nacional, una casa en Arroyo Hondo, un apartamento en la Torre del Prado Excelsior en la avenida México, un terreno con una extensión de un millón de M2 en Barahona, una villa en Casa de Campo y otros doce inmuebles más.
Nueve años después, en 2021, reaparece el nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, esta vez como testigo en el expediente de medida de coerción en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.
Con su testimonio en este caso el Ministerio Público estableció que se realizaron varias cesiones de crédito a la empresa General Supply Corporation S.R.L., atribuida a Alexis Medina, a través de la empresa Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC y DOITECA.
Así como también explicaron que en la cesión de crédito cargada al contrato FP-011, Ventura Rodríguez solo recibió la suma de 166,000 galones de AC-30, quedando pendiente 333,00 galones; “probamos además de que desconoce los conduces existentes, por las sumas antes señaladas, así como los choferes que aparecen recibiendo los conduces, que los mismos no trabajaron para su empresa”.
El Ministerio Público estableció en ese expediente que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez entregó de manera voluntaria RD$25,000,000.00, los cuales habían sido entregados por Francisco Pagan Rodríguez, director en ese entonces de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), para asegurar la compra de la planta de cemento asfáltico ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua de Compostela, lo cual fue hecho a través del señor José Luis González (Morroco).
En este caso, Calamar, el órgano acusador lo presenta también como testigo para comprobar la participación “directa” de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, y que estos utilizaron sus empresas (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deuda de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes (realizadas desde la OISOE).
El Ministerio Público asegura que estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero que los antedataron con fecha de 2018 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda; también prueba tanto el soborno recibido por funcionarios públicos, como la estafa contra el Estado dominicano, donde distrajeron en detrimento del Estado, bajo esta modalidad, la suma de RD$1,231,993,188.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que demostrará con el testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) cómo operaba la estructura encabezada por José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, utilizaron las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC ) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deudas de trabajo adicionales y que se basan en volumetrías inexistentes.
Otras personas que figuran como testigos en el expediente son Fernando Crisóstomo Herrera, Fernando Crisóstomo Herrera; Francisco Pagán Rodríguez, Belkiz Antonia Tejada, Battesimo Bruno Palamara Mieses, Ana Agustina Evelin Luciano Luciano, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
Además, la iniciativa establece que el uso del apellido del cónyuge no implicaría un cambio en el nombre legal de la persona ni modificaría los datos consignados en el acta de nacimiento, sino que tendría un carácter complementario en el documento de identidad.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
Posibilidad de eliminar el apellido
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
La propuesta establece que correspondería a la Junta Central Electoral implementar, regular y ejecutar la ley, conforme a lo dispuesto en la Ley 4-23 Orgánica del Registro Civil.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
De acuerdo con la instancia depositada en el Departamento de Investigación de Violencia Física (Homicidios), los representantes legales sostienen que la actuación del oficial constituye un abuso de autoridad y un uso desproporcionado de la fuerza, en circunstancias que no representaban peligro.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
La actividad tuvo lugar en el Coliseo de Boxeo Carlos Teo Cruz, donde jóvenes policías, tanto masculinos como femeninos, se concentraron desde tempranas horas, listos para ser enviados a distintos puntos estratégicos del país.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Durante el acto se destacó el compromiso la disciplina y la vocación de servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la responsabilidad de reforzar la presencia policial en carreteras, balnearios, centros turísticos y zonas urbanas de alta movilidad.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.