Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.Más Noticias
Imputado en Calamar ha estado envuelto en una serie de casos de corrupcion.
Santo Domingo, RD.-Alrededor de sesenta y cinco personas figuran como testigos en favor de las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público en el caso Calamar, todos vinculados al pasado gobierno de Danilo Medina.El primer nombre que aparece en la lista de testigos es el de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, acusado en 2012 junto al senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del Estado. Este caso fue archivado.
En el expediente contra Félix Bautista, Ventura Rodríguez fue acusado por el Ministerio Público de manejar fondos por más de 1,900 millones de pesos a través de su cuenta personal por más de nueve mil millones de pesos a través de la empresa Diprecalt y por más de tres mil quinientos millones de pesos a través de Constructora RMN.
También el Ministerio Público aseguró que adquirió una cantidad importante de inmuebles, incluyendo dos parcelas en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez; un apartamento en el residencial Pisos del Prado en el Distrito Nacional, una casa en Arroyo Hondo, un apartamento en la Torre del Prado Excelsior en la avenida México, un terreno con una extensión de un millón de M2 en Barahona, una villa en Casa de Campo y otros doce inmuebles más.
Nueve años después, en 2021, reaparece el nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, esta vez como testigo en el expediente de medida de coerción en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.
Con su testimonio en este caso el Ministerio Público estableció que se realizaron varias cesiones de crédito a la empresa General Supply Corporation S.R.L., atribuida a Alexis Medina, a través de la empresa Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC y DOITECA.
Así como también explicaron que en la cesión de crédito cargada al contrato FP-011, Ventura Rodríguez solo recibió la suma de 166,000 galones de AC-30, quedando pendiente 333,00 galones; “probamos además de que desconoce los conduces existentes, por las sumas antes señaladas, así como los choferes que aparecen recibiendo los conduces, que los mismos no trabajaron para su empresa”.
El Ministerio Público estableció en ese expediente que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez entregó de manera voluntaria RD$25,000,000.00, los cuales habían sido entregados por Francisco Pagan Rodríguez, director en ese entonces de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), para asegurar la compra de la planta de cemento asfáltico ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua de Compostela, lo cual fue hecho a través del señor José Luis González (Morroco).
En este caso, Calamar, el órgano acusador lo presenta también como testigo para comprobar la participación “directa” de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, y que estos utilizaron sus empresas (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deuda de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes (realizadas desde la OISOE).
El Ministerio Público asegura que estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero que los antedataron con fecha de 2018 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda; también prueba tanto el soborno recibido por funcionarios públicos, como la estafa contra el Estado dominicano, donde distrajeron en detrimento del Estado, bajo esta modalidad, la suma de RD$1,231,993,188.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que demostrará con el testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) cómo operaba la estructura encabezada por José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, utilizaron las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC ) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deudas de trabajo adicionales y que se basan en volumetrías inexistentes.
Otras personas que figuran como testigos en el expediente son Fernando Crisóstomo Herrera, Fernando Crisóstomo Herrera; Francisco Pagán Rodríguez, Belkiz Antonia Tejada, Battesimo Bruno Palamara Mieses, Ana Agustina Evelin Luciano Luciano, entre otros.
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
Ramírez aseguró que la institución cuenta con suficiente abastecimiento de libretas y procesos estandarizados para evitar los cuellos de botella del pasado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
«No tiene costo adicional para el ciudadano. Es un valor agregado por tener su pasaporte vigente«, explicó.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
«Las motocicletas representan aproximadamente el 58% del total del parque vehicular nacional», destacó el jurista, señalando que este sector crece a un ritmo superior al 6% anual.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
La decisión está contenida en el decreto número 111-26.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Cruz Cruz se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional y sustituye al mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien fue colocado en situación de retiro por el cese de sus funciones como director general de la Policía Nacional y designado asesor del presidente de la República en materia policial, como establece la legislación dominicana.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.