“Mi opinión personal es que es mejor llegar a un acuerdo que tener problemas en tribunales, o problemas en un recurso de casación, en un recurso de apelación a nivel de tribunales. Es mejor que se llegue a un acuerdo amigable entre ambas partes. Yo creo que ese acuerdo está muy próximo a anunciarse”, dijo Brache consultado sobre el tema.

Sostuvo que los hechos han demostrado que el conflicto entre la minera y el Estado no han afectado la inversión extranjera en el país, porque después de eso muchas empresas internacionales han manifestado su interés por desarrollar distintos proyectos en la República Dominicana y “eso obedece a que existe un buen clima de inversión y la garantía de la seguridad jurídica en el país”. En ese sentido, dijo que ve con buen futuro el clima de inversiones y la estabilidad económica del país.

“Se percibe buen nivel de seguridad jurídica, porque ellos mismos lo han manifestado y para muestra basta un botón. Hay deseo de inversión en República Dominicana, recientemente en el Este se han anunciado nuevas inversiones en el área turística, inversiones grandes, también en el área de generación de energía, AES conjuntamente con la CDEEE, han anunciado importantes inversiones millonarias”, refirió el empresario. Otro ejemplo que puso Brache es el caso de la minera Drummond Company, de Estados Unidos, que anunció su interés de hacer exploraciones mineras en el país.

El empresario dijo que tiene informaciones de que otras 12 compañías mineras han manifestado que quieren invertir en la República Dominicana.

“Yo no veo mayores inconvenientes y lo ha demostrado que después del Gobierno haber iniciado conversaciones para mejorar los términos del contrato (con la Barrick) se han acercado más inversionistas a la República Dominicana, o sea, que no hay inconvenientes en que se llegue a un acuerdo amigable respetando los derechos de cada parte”, dijo.

Hace más de un mes que el presidente Danilo Medina le dio un ultimátum a la empresa para que acceda a renegociar el contrato o de lo contrario sometería un proyecto de ley que establecería un impuesto sobre las ganancias inesperadas. Hasta la fecha no ha habido información oficial al respecto.

Mientras que el director de Aduanas, Fernando Fernández, afirmó ayer que esa entidad no tiene facultad para impedir las exportaciones de oro que hace la minera Barrick Gold.

Al comparecer a una reunión de la subcomisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que en la actualidad Aduanas actúa como juez y que hablará por sentencia.

“La Barrick está exportando y va a seguir exportando porque está amparada bajo un contrato y el contrato está vigente, de manera que Aduanas no tiene facultad legal para impedir la exportación, a menos de que ellos en algún momento violenten algunas normativas de la ley aduanera”, aclaró.

Fernández indicó que de lo que se trata no es de impedirle a la Barrick exportar, sino de determinar cuáles normas de Aduanas ellos podrían estar violando. Precisó que la entidad que dirige encamina una investigación sobre las exportaciones de la minera y hasta que no concluyan no puede adelantar juicio, aunque reconoció que “hay indicios” de que se han violado leyes.

Recordó que la ley establece un plazo de dos años para realizar ese tipo de investigaciones con mesura y prudencia, pero confía en que no agotarán todo ese plazo.

El funcionario negó que la Barrick esté sacando minerales por la bahía de Manzanillo y aclaró que todos los departamentos están alerta para evitar que del país salgan o entren embarques ilegales.

De su lado, el diputado Rubén Maldonado, presidente de la subcomisión de Hacienda que investiga las exportaciones de la Barrick en violación a la Ley de Aduanas, dijo que llevarán la investigación hasta las últimas consecuencias.
Reveló que Aduanas les confirmó que ya suman 25 los embarques de la minera. Dijo que luego de las explicaciones del director de Aduanas y sus técnicos están satisfechos y agradecieron las informaciones que utilizarán como herramientas de sus indagaciones.

Tribunal conocerá recurso

El Tribunal Superior Administrativo deberá conocer de un recurso de amparo contra la Barrick Gold que busca declarar ilegal e inconstitucional el contrato de modificación de arrendamiento minero porque supuestamente fue aprobado de manera ilegal. La acción interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia, Fundación Miguel de Peña García, Ramón Secundario Valdez y la Asociación General de Juntas de Vecinos de la Provincia Sánchez Ramírez fue presentada por ante una jueza de la provincia Sánchez Ramírez, la cual en su sentencia 18/2013 se declaró incompetente para conocer el proceso y declinó el expediente por ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Ese tribunal recibió ayer el recurso.

Al tomar su decisión la magistrada Milagros Rosario consideró que no era de su competencia porque la acción atacaba directamente el contrato realizado entre el Estado dominicano, el Banco Central, Rosario Dominicana y Placer Dome Dominicana. Al tratarse de un contrato administrativo emanado de la administración pública, dice la sentencia, el mismo es competencia exclusiva de esa jurisdicción.

Según la decisión judicial, otra de las solicitudes busca que se revoque cualquier autorización que para el uso de lavar el oro se haya concedido sobre la presa de Hatillo, sus colindancias y afluentes, puesto que acarrea la muerte y envenenamiento de los peces y la posterior circulación al río Yuna Abajo lo que “causará la muerte por envenenamiento de todos los seres humanos”.

También con el recurso pretende descartar cualquier acuerdo o modificación, o ventas de acciones a favor de la Barrick Gold Corporation, por no existir rastros de que esa empresa forme parte de ninguno de los contratos firmados por el Estado dominicano, Rosario Dominicana y Pueblo Viejo.

Agrega la sentencia, que los recurrentes piden que se disponga que el 50% del dinero recaudado por la empresa sea asignado al Banco Central, para el pago de la deuda externa. Con relación a la anulación del contrato por inconstitucional, el alcalde de Cotuí también recurrió ante el Tribunal Constitucional, órgano que conoció y se reservó el fallo sobre el particular.

Más de un mes después del ultimátum

El presidente Danilo Medina dio un ultimátum a los ejecutivos de la empresa Barrick Gold para que accedan a modificar el contrato el pasado 27 de febrero. Sin embargo, a más de un mes de ese acontecimiento, el Gobierno no ha hablado del tema. Las únicas informaciones al respecto han sido  muy escuetas y solo confirman que ha habido conversaciones entre los ejecutivos de la minera y el Gobierno. Así lo confirmaron el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el vocero,  Roberto Rodríguez de Marchena. Hace más de dos semanas que Montalvo dijo que “pronto se sabrá si es humo blanco o humo negro” el resultado de esas conversaciones. En tanto, la presión para  conocer el desenlace del conflicto crece en distintos sectores sociales.

PLD da apoyo a Medina en la toma de decisiones

Recientemente, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) aprobó dar todo su apoyo al gobernante en la batalla que libra para lograr un acuerdo con la minera. Igualmente, la Cámara de Diputados ha dicho de manera reiterada que si no se registran avances significativos en las negociaciones con los ejecutivos de la empresa canadiense, realizarán vistas públicas en el salón de la Asamblea Nacional para escuchar a todos los sectores de la vida nacional que tengan inquietudes, sugerencias y opiniones sobre el controversial contrato de explotación minera que fue firmado en el 2002 y modificado en el 2009.

El Caribe