Nacionales
Participacion ciudadana busca evitar partidos elijan candidatos por cantidad de dinero que tengan
Santo Domingo, RD.- Lizzie Sánchez Padilla, coordinadora de Participación Ciudadana, adelantó que para estas elecciones que se avecinan el movimiento cívico no partidista asume un proyecto de observación que hacen antes, durante y después del proceso electoral del país, y que ya iniciaron con el mismo.
“Lo novedoso de ese proyecto de observación es que estamos en conversación con una serie de instituciones de la sociedad civil para poder ir dándole seguimiento a los precandidatos y candidatos de cada partido y de cada nivel de elección”, manifestó.
Dijo que esto se hace para evitar un sistema de contención, de manera que los partidos sean forzados a elegir candidatos que no sea por la cantidad de dinero que tienen, sino a elegir candidatos probos.
Añadió que harán saber a la ciudadanía qué han hecho sus candidatos por los ciudadanos de su demarcación, tanto a nivel municipal como congresual en todo el país, en alianza con otras instituciones.
Quieren un mejor Congreso
“Es un proceso educativo, no se ven muchas veces los resultados de una vez, pero sí esperamos poder tener un mejor Congreso. Es increíble que nosotros tengamos en este Congreso 16 congresistas que lo que son es dueño de bancas y eso realmente mueve a mucha preocupación”, se quejó Sánchez Padilla.
Añadió que, además, en el Congreso cinco de sus miembros están siendo sometidos e investigados por problemas de lavado, por lo que piden que los partidos sean más cuidadosos a la hora de seleccionar sus candidatos.
“Los partidos tienen que entender que por el bien del país y de la existencia de ellos mismos, tienen que preservar esa democracia interna y dar la oportunidad a sus bases… que sepan que tienen esa posibilidad en cuanto a su capacidad”, dijo Sánchez Padilla.
Resoluciones de la JCE sobre reservas de candidaturas
“Ahí lo que se aclaró, básicamente, fue lo concerniente a los acuerdos entre los partidos, las alianzas. La JCE sí aclaró que las alianzas podían ser, tanto por las cuotas del 20 %, como a nivel interno de los partidos”, externó Sánchez Padilla.
Dijo que lo interesante es que las alianzas tienen que ser conocidas también por los organismos internos de los partidos, lo que indica que con eso se empieza a fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas, lo que consideró un paso de avance.
“Nosotros lo que tenemos que servir es de presión, porque el 40 % de la mujer es un logro, porque ya somos más del 50 % de la población, pero al menos hemos ido caminando… Desde las sufragistas, es mucho lo que hemos avanzado y hemos logrado, pero sobre la base de una lucha titánica”, rememoró.
La CC no ha hecho su papel
Sobre los incidentes internos que prevalecen en la Cámara de Cuentas, la coordinadora de PC, comentó que a través de la historia no se ha hecho el trabajo que debe hacerse desde allí.
“La CC no ha hecho el papel que tiene que hacer y es fundamental para el fortalecimiento de las instituciones, para la lucha contra la corrupción y la impunidad”, precisó Sánchez Padilla, quien dijo que esto no se ha solucionado porque “lamentablemente porque se ha visto permeada por los políticos y los intereses económicos”.
Dijo que quizás esa crisis de la CC que ha salido a la luz pública, sirva para salir de esa situación y razonó que a esta gestión le queda muy poco, por lo que sería traumático cambiarla ahora y entiende que lo mejor es dejarla terminar y para la próxima buscar mejores perfiles.
Sobre el fiscal electoral, figura que estará presente para las próximas elecciones, la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Castillo, dijo que espera que en poco tiempo ya se defina quién será.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Puede leer
Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.