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Responsables del asalto al Banreservas fueron condenados a 5 años por robo.
Santo Domingo, R.D.-Los responsables del asalto a la sucursal del Banreservas que opera en el sector La Barranquita, al suroeste de Santiago, fueron condenadas a cinco años de cárcel por el robo a mano armada a una entidad financiera en el año 2013, sin embargo, solo cumplieron dos años y dos meses.
La sentencia contra Gerardo Antonio Ramírez García, conocido como Gerardo el Tuerto, y Carlos Rafael Rodríguez Báez, alias Carlitos, fue emitida en el 2015 por los jueces que integraban en ese momento el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago.
Ambos fueron arrestados el 22 de julio del 2013 por el atraco perpetrado a la Cooperativa San Miguel, ubicada en Las Charcas, al sur de la ciudad.
Dos años después del robo a la cooperativa, los hoy imputados por el asalto al Banreservas, fueron hallados culpables de cometer el ilícito penal previsto y sancionado por los artículos 265, 266 (asociación de malhechores), 379 (robo) y 386 numeral 2 (porte de armas) del Código Penal Dominicano, y artículo 1, párrafo II, y 39, párrafo III, de la Ley 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas en perjuicio de la Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples por Distrito San Miguel.
El tribunal los condenó a la pena de cinco años de prisión a cada uno, a ser cumplida de la siguiente manera: Gerardo Antonio Ramírez García, dos años y dos meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y el tiempo restante, esto es dos años y 10 meses, suspendidos, pero de manera condicional.
En el caso de Carlos Rafael Rodríguez Báez le impusieron dos años y dos meses en la cárcel pública de Cotuí, en Sánchez Ramírez, y el tiempo restante, suspendido pero también bajo condicionantes.
Las condiciones que puso el tribunal
El juzgado dispuso suspender la ejecución de la pena a los imputados bajo las siguientes condiciones: debían presentarse cada mes ante el juez de ejecución de la pena.
También tenían que dedicarse a una actividad productiva, debiendo reportar a dicho juez sobre la ejecución de la misma.
Además, abstenerse del uso y porte ilegal de armas de fuego.
Caso Banreservas
Carlos Rafael Rodríguez Báez (Carlitos) es uno de los seis hombres que están siendo procesados por el Ministerio Público por cometer un robo a mano armada en la sucursal del Banco de Reservas del sector La Barranquita, desde donde huyeron con dinero en efectivo. Tres personas resultaron heridas de bala.
Además de alias Carlitos, las autoridades imputan por el asalto a Danny Manuel Pimentel de la Cruz, Willmi Pie (ciudadano haitiano), Joel Fontanilla García (Victorino y/o Victoriano), Gregorio Núñez Polanco (Niño Pepe) y Jairo de Jesús Estévez Rodríguez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.