Cada día se confirma que el Estado no existe o que por lo menos su eficiencia deja mucho que desear.

Por Elba García

El crimen y el delito de baja monta se multiplican exponencialmente como resultado de que la impunidad se legitima y el Ministerio Público mira para otro lado cuando se trata de este tipo de caso, lo cual es motivo de alta preocupación de la sociedad dominicana.

Son innumerables los casos de querellas y denuncias en contra de los que se dedican a la violación de la Ley 3143 sobre trabajo hecho y no realizado y sobre estafa estipulado en el  el articulo 405 del Código Penal Dominicano.

Diversos sectores de la sociedad cifraron sus esperanzas de que la debilidad mostrada por el Ministerio Público para combatir el raterismo o delitos de no mucha trascendencia disminuiría con la llegada a la Procuraduría General de la República de Miriam German Brito, pero la multiplicación de los mismos se ha convertido en una de las principales causas de preocupación de los dominicanos.

La actitud poco activa y no diligente del Ministerio Público no ha sufrido ningún cambio a propósito de la llegada a este órgano de la magistrada German Brito, quien a pesar de que, sin lugar a dudas, ha imprimido una energía poco vista para castigar los delitos y crímenes de cuello blanco, pero esto mismo no ha ocurrido con los demás hechos que ponen en duda hasta el estado de derecho, el cual es consustancial a la democracia y de cualquier nación civilizada.

El asunto toma ribetes tan graves que los fiscales, sobre todo los que están en los distritos judiciales distantes de la capital dominicana, como por ejemplo Santiago, muestran una dejadez  con las querellas o denuncias presentadas por victimas de robos y de otros tipos de delitos, donde no hay forma de que éstas caminen, ya que incluso los magistrados que manejan los casos se encargan de desanimar a los querellantes para que continúen con el proceso.

Recientemente son grandes las quejas de víctimas que se agotan en el proceso porque los magistrados que manejan su caso les dan un tratamiento a su denuncia o querella como si se buscara que el delincuente se salga con la suya y que su violación de la ley se quede en la impunidad.

El asunto toma una dimensión  que el Ministerio Público, más que perseguir el crimen y el delito,  los estimula y los promueve con su actitud complaciente con el que incurre en acciones antijuridicas.

Se estima que un 80 ó 90 por ciento de las denuncias y querellas que se presentan en los centros de recepción de las mismas  no tienen ningún resultado, ya que los fiscales responsables de poner a caminar el proceso lo que hacen es entorpecerlos o obstaculizarlos.

Otra opción que la gente toma con mucha regularidad es no presentar ninguna denuncia o presentar alguna querella, porque de antemano no tendría ninguna respuesta al respecto, lo cual motiva las estafas e incluso los robos con o sin violencia.

La deficiencia, negligencia, incapacidad o complicidad de los miembros del Ministerio Público estimula la delincuencia e institucionaliza la impunidad, cuyo comportamiento promueve la vía de hecho o hacer justicia por su propia mano, lo cual coloca en el contexto de una sociedad incivilizada a la República Dominicana.

Naturalmente, todo ello es parte de un problema integral que padece el país que no se resuelve con denuncia y quejas al respecto, aunque puedan ayudar en algo, sino con una mejoría de los niveles de institucionalidad que padece el Estado dominicano.