Santo Domingo, RD.-Está atrasado el conocimiento del juicio preliminar en contra del hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis, y de los demás implicados en el caso Antipulpo, tras la inhibición del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.Nacionales
Retraso juicio preliminar Antipulpo
Santo Domingo, RD.-Está atrasado el conocimiento del juicio preliminar en contra del hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis, y de los demás implicados en el caso Antipulpo, tras la inhibición del juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.El expediente con la inhibición del magistrado será remitido a la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de esta jurisdicción, Kenya Romero, quien deberá decidir si ratifica a Peguero o por el contrario designa a otro juez que conozca el caso.
El juez tomó la decisión, de abstenerse del conocimiento del proceso, alegando que conoció que el proceso seguido a uno de los implicados en el caso Antipulpo.
Espera decidan inhibición
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo esperar que se decida, a la mayor brevedad, la inhibición del magistrado Peguero.
Sostuvo que tan pronto se decida la inhibición del magistrado, el ministerio público se encuentra presto para presentar la acusación formal en el caso de la Operación Antipulpo.
“Nosotros esperamos que este proceso ya se encauce y asuma un ritmo que nos permita salir de la audiencia preliminar”, acotó Camacho.
Auto de apertura a juicio
Asimismo, el juez dictó auto de apertura a juicio en contra de María Isabel Torres Castellanos, también implicada en el caso Antipulpo, quien fue separada del proceso de los demás encartados en el entramado de corrupción.
El magistrado dispuso, mediante el conocimiento del juicio preliminar, que esta ciudadana responda en juicio de fondo sobre los hechos que le son imputados.
En la audiencia, los fiscales de la Pepca, solicitaron al tribunal enviar a la imputada a juicio de fondo, mientras que el abogado de la imputada, Francisco Manzano, había pedido rechazar la solicitud de apertura a juicio y en consecuencia se dictara auto de no ha lugar a su favor.
Torres Castellanos, en la acusación del Ministerio Público, es vinculada a la empresa Editorama S.R.L, una de las compañías que supuestamente era utilizada por el entramado para sustraer dinero de manera ilícita.
Prision y presentación periódica
Por otro lado, el juez dictó prisión preventiva y presentación periódica en contra de la pareja de esposos Carlos Martín Monte de Oca y Paola Mercedes Molina Suazo, quienes fueron sometidos en libertad en el caso Antipulpo.
El magistrado, dispuso que Monte de Oca, cumpla la prisión preventiva en la cárcel de Najayo, mientras que a Molina Suazo, quien se encuentra en post parto, presentación periódica e impedimento de salida del país.
En la audiencia el ministerio público había solicitado al tribunal dictar prisión preventiva en contra de Monte de Oca y arresto domiciliario en contra de Molina Suazo, quien trabajó con el equipo de campaña del excandidato presidencial peledeísta, Gonzalo Castillo.
La pareja
Doris García, quien asume la defensa de Molina Suazo, había pedido al tribunal conjuntamente con la defensa de Monte de Oca, rechazar la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario, por presentación periódica, el pago de una garantía económica e impedimento de salida. En la primera audiencia donde la pareja de esposo fue declarada en rebeldía por el juez, dos horas después de la decisión, se levantó la decisión, tras esto comparecer al tribunal con la promesa de acudir a la próxima audiencia.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.