Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, procurador adjunto, reaccionó este jueves a declaraciones del ex-procurador de la República Jean Alain Rodríguez al sostener que él debe concentrarse en defenderse de la sólida acusación que el Ministerio Público ha presentado en su contra, porque no cuenta con elementos que le permitan defenderse.
“Jean Alain Rodríguez debería concentrarse en defenderse de los hechos de la acusación de los cuales no habla. En esa acusación el Ministerio Público le imputa a Jean Alain Rodríguez usar el Ministerio Público para construir un capital económico que le permitiera construir capital político. En ese sentido, desde el Ministerio Público (bajo su dirección) se diseñaron esquemas de corrupción. Tanto en el Modelo Penitenciario, como en el Plan de Humanización yen el tema de los alimentos”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió en estos términos al ser abordado por periodistas al respecto del informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue la defensa de Rodríguez la que lo distribuyó, referente al proceso que se le sigue por encabezar el entramado de corrupción administrativa que la Operación Medusa desmanteló.
“De esas cosas, y al igual del hecho tener un movimiento político, en este caso el Movimiento Político Renovación, que sustentó con fondos del Ministerio Público. O una estructura de comunicación gigantesca que tenía Jean Alain Rodríguez para promover su figura. También para atacar a líderes de comunicación, a quienes llamó “lista de detractores”. Además de diseñar un esquema para borrar información, que le permitiera borrar evidencia. El Ministerio Público afortunadamente, gracias a un peritaje informático, la recuperó y depositó en la acusación, de eso Jean Alain no habla”, sostuvo Camacho. También enfatizó que el exprocurador no habla de los hechos de su acusación porque le teme como “el diablo a la cruz”.
Camacho dice que el informe es resultado de lobismo agresivo
Sobre el resto del tema del informe, Camacho señaló que deben estar claros y deben estar conscientes. Que el resultado de ese informe es la consecuencia de un ejercicio agresivo de lobbismo que realizó Jean Alain Rodríguez para obtenerlo. Pero que no tiene ningún tipo de efecto ante la acusación del órgano persecutor. Esto es porque son los hechos que están en la acusación los que determinarán su culpabilidad.
“Estamos más que convencidos de que irá a juicio y que en un juicio es imposible que él pueda refutar los hechos de la acusación”, afirmó Camacho.
Al cuestionársele sobre el señalamiento de que el proceso seguido a Rodríguez ha sido “arbitrario” según el citado informe, Camacho señaló el accionar apegado a la norma del Ministerio Público. Dijo que cada una de las decisiones han estado sustentadas en los tribunales.
“La prisión de Jean Alain Rodríguez es el resultado de una audiencia de medida de coerción, en la que se le impuso prisión preventiva. Fue la consecuencia de una apelación de esa medida de coerción en la que se le mantuvo la prisión preventiva. Y fue la consecuencia de varias revisiones en las que se le rechazó la variación de la medida de coerción. Hasta que se conoció el cese y le fue variada a arresto domiciliario. Incluso se están refiriendo a una prisión preventiva que en este momento no existe”, explicó Camacho. También destacó que “lo que existe en este momento es una acusación de la que Jean Alain debería defenderse y debería hablar, y no lo hace”, concluyó.
En este proceso, además de Rodríguez, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios. También de prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Además, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En el expediente el órgano persecutor además acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público. A Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público. Y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado. A Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.