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Jean Alain le teme como “el diablo a la cruz a la acusación en su contra”, dice Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Wilson Camacho, procurador adjunto, reaccionó este jueves a declaraciones del ex-procurador de la República Jean Alain Rodríguez al sostener que él debe concentrarse en defenderse de la sólida acusación que el Ministerio Público ha presentado en su contra, porque no cuenta con elementos que le permitan defenderse.
“Jean Alain Rodríguez debería concentrarse en defenderse de los hechos de la acusación de los cuales no habla. En esa acusación el Ministerio Público le imputa a Jean Alain Rodríguez usar el Ministerio Público para construir un capital económico que le permitiera construir capital político. En ese sentido, desde el Ministerio Público (bajo su dirección) se diseñaron esquemas de corrupción. Tanto en el Modelo Penitenciario, como en el Plan de Humanización yen el tema de los alimentos”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió en estos términos al ser abordado por periodistas al respecto del informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue la defensa de Rodríguez la que lo distribuyó, referente al proceso que se le sigue por encabezar el entramado de corrupción administrativa que la Operación Medusa desmanteló.
Camacho dice que el informe es resultado de lobismo agresivo
Sobre el resto del tema del informe, Camacho señaló que deben estar claros y deben estar conscientes. Que el resultado de ese informe es la consecuencia de un ejercicio agresivo de lobbismo que realizó Jean Alain Rodríguez para obtenerlo. Pero que no tiene ningún tipo de efecto ante la acusación del órgano persecutor. Esto es porque son los hechos que están en la acusación los que determinarán su culpabilidad.
“Estamos más que convencidos de que irá a juicio y que en un juicio es imposible que él pueda refutar los hechos de la acusación”, afirmó Camacho.
Al cuestionársele sobre el señalamiento de que el proceso seguido a Rodríguez ha sido “arbitrario” según el citado informe, Camacho señaló el accionar apegado a la norma del Ministerio Público. Dijo que cada una de las decisiones han estado sustentadas en los tribunales.
“La prisión de Jean Alain Rodríguez es el resultado de una audiencia de medida de coerción, en la que se le impuso prisión preventiva. Fue la consecuencia de una apelación de esa medida de coerción en la que se le mantuvo la prisión preventiva. Y fue la consecuencia de varias revisiones en las que se le rechazó la variación de la medida de coerción. Hasta que se conoció el cese y le fue variada a arresto domiciliario. Incluso se están refiriendo a una prisión preventiva que en este momento no existe”, explicó Camacho. También destacó que “lo que existe en este momento es una acusación de la que Jean Alain debería defenderse y debería hablar, y no lo hace”, concluyó.
En este proceso, además de Rodríguez, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios. También de prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. Además, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.
En el expediente el órgano persecutor además acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público. A Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público. Y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado. A Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.