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Ya están listas auditorías al Cusep y a la PN, según Cámara de Cuentas.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, informó que ya el organismo tiene listas las auditorías de los diferentes órganos de las Fuerzas Armadas involucrados en actos de corrupción administrativa.
La revelación al respecto se producen en momentos en que el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por la supuesta trama de corrupción que había a lo interno de éste.
El titular del órgano de control externo de la República Dominicana afirmó que la solicitud de auditoría al Cusep fue hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) desde antes de que el actual Pleno asumiera en abril de este año y que también hay otra realizada a la Policía Nacional, que es de control interno, que fue solicitada por el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización del cuerpo del orden que creó el presidente Luis Abinader.
“Las auditorías que han sido requeridas, y que han sido realizadas por requerimiento del Pepca, las tenemos en un 95 % y se encuentran en la etapa de réplica. La etapa de réplica es aquella en la que se le entrega un informe provisional con los hallazgos, con las situaciones observadas para que, en un plazo de diez días, tanto el incumbente del momento como los que estuvieron en el momento sobre el cual se preparó la auditoría puedan hacer los reparos, enviar y aclarar documentaciones, y luego, el equipo de auditoría las evalúa a ver si proceden y si es necesario modificar cosas”, expresó el funcionario durante la entrevista especial del programa Despierta con CDN, que se transmite por CDN, canal 37.
“Nosotros encontramos una serie de requerimientos del Pepca. Esos requerimientos del Pepca fueron hechos a la gestión anterior, pero por alguna razón no se incluyeron en los planes y no se realizaron. Nosotros cuando llegamos, recibimos los recordatorios del Pepca e inmediatamente hicimos los espacios para atender esa necesidad porque el Pepca tiene un tiempo que perime”, agregó.
Informes auditorías eran cambiados
Sobre ese aspecto, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que al llegar a ese órgano encontraron una serie de distorsiones en lo relativo a las auditorías, ya que se pudo constatar que los informes de estas eran cambiados porque en la entidad había documentos distintos a los que se enviaban hacia fuera.
“La situación que encontramos fue de aproximadamente 156 auditorías en proceso, auditorías que se habían iniciado desde el 2010 hasta el 2021 porque nosotros entramos en abril 15 de 2021. Esas auditorías estaban en diferentes etapas; algunas en inicio y otras avanzadas en los trabajos, pero cuando iniciamos las revisiones de algunas de ellas, observábamos que cuando le hacíamos algún tipo de pregunta al equipo de auditoría y se revisaban los papeles, nos comentaban que ese no había sido el informe que ellos habían remitido y cuando enviaban el remitido y lo comparaban con el que estaba allá en proceso… entonces de repente habían puntos que estaban inconclusos”, explicó.
Al hablar sobre las auditorías que el Pleno encontró, Ramírez fue enfático en aclarar que ninguna estaba en estatus de finalizadas. Dijo que estaban en etapa de planeación, ejecución o de informes.
“Nosotros llegamos el 5 de abril y ese era el estatus que teníamos (cero auditorías finalizadas). O sea, finalizadas como tal no teníamos. Las que fueron finalizadas posterior a nosotros entrar entonces se tuvieron que someter a un proceso de evaluación”, puntualizó el funcionario.
15 informes este año podrían ir a la justicia
Para este año, la Cámara de Cuentas tiene planificado entregar 15 informes de auditorías y, según explicó el presidente del órgano, algunos de estos tienen indicios de convertirse en procesos penales. No obstante a esto, aclaró que el organismo, como auditor, nunca debe ir prejuiciado a que va a encontrar algo y por tanto, dijo que se apega a la prudencia al hablar sobre lo que procede penalmente o no.
“Quizás cuando se habla de más de quince informes, parece un número bajito, pero si ven las estadísticas históricas se ve que no, porque esas quince son planificadas este año, no quince que vienen de ejecuciones que vienen de años anteriores (…) Vamos a decir que algunos tienen indicios de responsabilidad penal, pero ya lo de la carga penal eso tiene el Pepca que determinarlo”, apuntó.
Janel Ramírez comentó que la Cámara de Cuentas realiza tres tipos de auditorías: las de gestión, las especiales y las financieras, siendo estas últimas las que más se hacen. “Más del 85 % de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas son financieras. Las financieras no van a conectar necesariamente con lo que la sociedad quiere, que es que el que mal ha usado los fondos tenga algún tipo de sanción”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.