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Ya están listas auditorías al Cusep y a la PN, según Cámara de Cuentas.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Ramírez, informó que ya el organismo tiene listas las auditorías de los diferentes órganos de las Fuerzas Armadas involucrados en actos de corrupción administrativa.
La revelación al respecto se producen en momentos en que el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) se encuentra bajo la lupa del Ministerio Público por la supuesta trama de corrupción que había a lo interno de éste.
El titular del órgano de control externo de la República Dominicana afirmó que la solicitud de auditoría al Cusep fue hecha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) desde antes de que el actual Pleno asumiera en abril de este año y que también hay otra realizada a la Policía Nacional, que es de control interno, que fue solicitada por el Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización del cuerpo del orden que creó el presidente Luis Abinader.
“Las auditorías que han sido requeridas, y que han sido realizadas por requerimiento del Pepca, las tenemos en un 95 % y se encuentran en la etapa de réplica. La etapa de réplica es aquella en la que se le entrega un informe provisional con los hallazgos, con las situaciones observadas para que, en un plazo de diez días, tanto el incumbente del momento como los que estuvieron en el momento sobre el cual se preparó la auditoría puedan hacer los reparos, enviar y aclarar documentaciones, y luego, el equipo de auditoría las evalúa a ver si proceden y si es necesario modificar cosas”, expresó el funcionario durante la entrevista especial del programa Despierta con CDN, que se transmite por CDN, canal 37.
“Nosotros encontramos una serie de requerimientos del Pepca. Esos requerimientos del Pepca fueron hechos a la gestión anterior, pero por alguna razón no se incluyeron en los planes y no se realizaron. Nosotros cuando llegamos, recibimos los recordatorios del Pepca e inmediatamente hicimos los espacios para atender esa necesidad porque el Pepca tiene un tiempo que perime”, agregó.
Informes auditorías eran cambiados
Sobre ese aspecto, el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que al llegar a ese órgano encontraron una serie de distorsiones en lo relativo a las auditorías, ya que se pudo constatar que los informes de estas eran cambiados porque en la entidad había documentos distintos a los que se enviaban hacia fuera.
“La situación que encontramos fue de aproximadamente 156 auditorías en proceso, auditorías que se habían iniciado desde el 2010 hasta el 2021 porque nosotros entramos en abril 15 de 2021. Esas auditorías estaban en diferentes etapas; algunas en inicio y otras avanzadas en los trabajos, pero cuando iniciamos las revisiones de algunas de ellas, observábamos que cuando le hacíamos algún tipo de pregunta al equipo de auditoría y se revisaban los papeles, nos comentaban que ese no había sido el informe que ellos habían remitido y cuando enviaban el remitido y lo comparaban con el que estaba allá en proceso… entonces de repente habían puntos que estaban inconclusos”, explicó.
Al hablar sobre las auditorías que el Pleno encontró, Ramírez fue enfático en aclarar que ninguna estaba en estatus de finalizadas. Dijo que estaban en etapa de planeación, ejecución o de informes.
“Nosotros llegamos el 5 de abril y ese era el estatus que teníamos (cero auditorías finalizadas). O sea, finalizadas como tal no teníamos. Las que fueron finalizadas posterior a nosotros entrar entonces se tuvieron que someter a un proceso de evaluación”, puntualizó el funcionario.
15 informes este año podrían ir a la justicia
Para este año, la Cámara de Cuentas tiene planificado entregar 15 informes de auditorías y, según explicó el presidente del órgano, algunos de estos tienen indicios de convertirse en procesos penales. No obstante a esto, aclaró que el organismo, como auditor, nunca debe ir prejuiciado a que va a encontrar algo y por tanto, dijo que se apega a la prudencia al hablar sobre lo que procede penalmente o no.
“Quizás cuando se habla de más de quince informes, parece un número bajito, pero si ven las estadísticas históricas se ve que no, porque esas quince son planificadas este año, no quince que vienen de ejecuciones que vienen de años anteriores (…) Vamos a decir que algunos tienen indicios de responsabilidad penal, pero ya lo de la carga penal eso tiene el Pepca que determinarlo”, apuntó.
Janel Ramírez comentó que la Cámara de Cuentas realiza tres tipos de auditorías: las de gestión, las especiales y las financieras, siendo estas últimas las que más se hacen. “Más del 85 % de las auditorías que realiza la Cámara de Cuentas son financieras. Las financieras no van a conectar necesariamente con lo que la sociedad quiere, que es que el que mal ha usado los fondos tenga algún tipo de sanción”, dijo.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.