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Lucha contra la desigualdad implica rol social de la fiscalización.
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) formalizaron una alianza de colaboración y celebraron el conversatorio El rol social de una Cámara de Cuentas en la democracia contemporánea, centrado en el impacto social de la fiscalización y la efectividad de las políticas publicas.
Durante la actividad se resaltó el papel del órgano superior de control externo en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Este evento forma parte de las iniciativas de relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), con miras a su transformación en un Instituto de Educación Superior.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo, quien reafirmó su compromiso de liderar el Pleno de la institución en cumplimiento del mandato de la Ley núm. 18-24. Enfatizó el alcance social de dicha normativa, resaltando su orientación ciudadana y su enfoque en la efectividad de las inversiones públicas dirigidas a combatir la vulnerabilidad y la exclusión social.
Los doctores Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y Juan Miguel Pérez, director de la Escuela Nacional de Cuentas, ofrecieron las intervenciones centrales del evento. En ese contexto, el director de la ENC presentó material audiovisual y estadísticas actualizadas que reflejan la situación de las personas en condición de pobreza. Señaló que solo el 4 % de los jóvenes dominicanos supera a sus padres en términos de movilidad social ascendente, mientras que el 78 % permanece en la misma condición y el 18 % experimenta un retroceso. Pérez expresó: “La democracia debe verse en la gente, con desarrollo real; la democracia debe tener rostros visibles y contables.”
Por su parte, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán subrayó la necesidad de que la Cámara de Cuentas no solo audite en términos contables la función pública, sino también el impacto de la gestión de los recursos en relación con la dignidad humana y los derechos fundamentales, en aras del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la miembro del Pleno, licenciada Griselda Gómez Santana, quien destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de relanzamiento institucional de la CCRD y de su Escuela Nacional de Cuentas, con un enfoque centrado en la sensibilidad social y el fortalecimiento de los mecanismos de control preventivo mediante auditorías modernas:
“Debemos llevar a cabo auditorías financieras de cumplimiento a través de mecanismos de interoperabilidad”, puntualizó.
A esta importante actividad asistieron miembros del Pleno de la CCRD —incluido el licenciado Francisco Franco—, representantes del Poder Judicial, del Tribunal Superior Electoral, del sector académico, del cuerpo diplomático acreditado en el país, de organismos nacionales e internacionales, de medios de comunicación, así como directores y colaboradores de FINJUS y personal técnico y administrativo de la Cámara de Cuentas.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.