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Lucha contra la desigualdad implica rol social de la fiscalización.
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) formalizaron una alianza de colaboración y celebraron el conversatorio El rol social de una Cámara de Cuentas en la democracia contemporánea, centrado en el impacto social de la fiscalización y la efectividad de las políticas publicas.
Durante la actividad se resaltó el papel del órgano superior de control externo en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Este evento forma parte de las iniciativas de relanzamiento de la Escuela Nacional de Cuentas (ENC), con miras a su transformación en un Instituto de Educación Superior.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo, quien reafirmó su compromiso de liderar el Pleno de la institución en cumplimiento del mandato de la Ley núm. 18-24. Enfatizó el alcance social de dicha normativa, resaltando su orientación ciudadana y su enfoque en la efectividad de las inversiones públicas dirigidas a combatir la vulnerabilidad y la exclusión social.
Los doctores Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, y Juan Miguel Pérez, director de la Escuela Nacional de Cuentas, ofrecieron las intervenciones centrales del evento. En ese contexto, el director de la ENC presentó material audiovisual y estadísticas actualizadas que reflejan la situación de las personas en condición de pobreza. Señaló que solo el 4 % de los jóvenes dominicanos supera a sus padres en términos de movilidad social ascendente, mientras que el 78 % permanece en la misma condición y el 18 % experimenta un retroceso. Pérez expresó: “La democracia debe verse en la gente, con desarrollo real; la democracia debe tener rostros visibles y contables.”
Por su parte, el doctor Servio Tulio Castaños Guzmán subrayó la necesidad de que la Cámara de Cuentas no solo audite en términos contables la función pública, sino también el impacto de la gestión de los recursos en relación con la dignidad humana y los derechos fundamentales, en aras del Estado social y democrático de derecho que proclama la Constitución.
Las palabras de cierre estuvieron a cargo de la miembro del Pleno, licenciada Griselda Gómez Santana, quien destacó que esta iniciativa forma parte del proceso de relanzamiento institucional de la CCRD y de su Escuela Nacional de Cuentas, con un enfoque centrado en la sensibilidad social y el fortalecimiento de los mecanismos de control preventivo mediante auditorías modernas:
“Debemos llevar a cabo auditorías financieras de cumplimiento a través de mecanismos de interoperabilidad”, puntualizó.
A esta importante actividad asistieron miembros del Pleno de la CCRD —incluido el licenciado Francisco Franco—, representantes del Poder Judicial, del Tribunal Superior Electoral, del sector académico, del cuerpo diplomático acreditado en el país, de organismos nacionales e internacionales, de medios de comunicación, así como directores y colaboradores de FINJUS y personal técnico y administrativo de la Cámara de Cuentas.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.