Por su parte, el movimiento cívico reclama que todos los funcionarios que participan en esta campaña “tomen licencia o renuncien de sus funciones”, mientras Abinader juzga “un abuso” que funcionarios del gobierno coordinen la campaña política de Gonzalo Castillo.
En relación con el mismo tema, Abinader escribió en su cuenta de Twitter que el expresidente Fernández no está calificado para denunciar a Gonzalo Castillo, porque “él, igualmente, abusó de los recursos del Estado”.
Abinader aseguró que su proyecto político está en su mejor momento, tanto para las primarias del próximo 6 de octubre como para las elecciones del 2020, indicando que la gente “está cansada del PLD y demanda un cambio”.
Respecto a la reacción de Participación Ciudadana, liderada por Carlos Pimentel, esta llega a poco de conocerse la integración de dirigentes de alto nivel del peledeísmo; entre estos, figuras del Comité Político, en pleno desempeño, unos de funciones públicas relevantes, y otros en cargos menores haciendo de coordinadores provinciales de la campaña del extitular de Obras Públicas.
La Ley 41-08 de Función Pública, advierte la entidad, “es muy clara en su artículo 80, numeral 13, al prohibir a los funcionarios públicos ‘servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.
Además, agrega, “la Ley de Función Pública, en su artículo 79, establece que es deber del servidor público cumplir la jornada de trabajo, dedicando la totalidad del tiempo al desempeño íntegro y honesto de sus funciones”.
También señala que la Ley de Partidos Políticos prohíbe a los funcionarios o empleados del Estado el uso, en cualquier forma y de cualquier título de recursos del Estado, y faculta a la Junta Central Electoral a “tomar medida cautelar respecto a cualquier bien o para hacer cesar de inmediato el uso indebido de los recursos del Estado, pudiendo procurarse para ello el auxilio de la fuerza pública”.
Participación Ciudadana expone que a través de del programa de Observatorio Electoral han podido contactar que “el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables, al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales con tareas electorales territoriales que implican una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral, lo que obliga a la JCE a tomar medidas drásticas para restablecer la equidad y el respeto a las leyes violentadas con el uso de recursos públicos”.
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