Unas 14 organizaciones de labriegos en Paraguay pidieron castigo para los responsables gubernamentales vinculados a la compra ilegal de tierras por parte del Estado y denunciaron se intenta blanquear el oscuro negocio y lograr evadir la responsabilidad.

Los campesinos piden que quienes compraron las tierras de forma ilegal asuman su responsabilidad. (Foto: Archivo)
Las organizaciones campesinas de Paraguay pidieron castigo para los responsables gubernamentales vinculados a la compra ilegal de tierras por parte del Estado.
La solicitud fue realizada por 14 entidades de labriegos después del escándalo producido por el Instituto de la Tierra que adquirió unos terrenos a altos precios y como colofón de un pacto político.
El pasado mes de abril, la Justicia de Paraguay imputó al presidente del Instituto de la Tierra, Luis Ortigoza, por la compra de terrenos con sobreprecio por parte del Estado a una empresa vinculada al expresidente del Senado, Jorge Oviedo.
Ortigoza autorizó y defendió la adquisición de más de cinco mil hectáreas supuestamente con sobreprecio, pagadas en efectivo y en tiempo récord. La fiscal Victoria Acuña acusó a Ortigoza y a todos los miembros de la Junta Consultiva del Instituto por el delito de lesión de confianza ya que, además, acciones legales anteriores prohibían la comercialización de las mencionadas tierras.
Según el escrito fiscal, «surge una sospecha razonable de que los imputados, como integrantes de la Junta Asesora y de Control de Gestión del Indert, dispusieron la compra de un inmueble, propiedad de San Agustín SACI, por un valor muy superior al que realmente posee, lo cual habría ocasionado un perjuicio patrimonial al Indert».
Esta imputación se registró en medio del proceso abierto por la compra a la empresa San Agustín, de la cual es accionista la familia Oviedo, las versiones de presiones del legislador a favor de la operación y el rápido pago por parte del ministerio de Hacienda.
La compra de tierras se materializó casi paralelamente al acuerdo político alcanzado entre el gobernante Partido Liberal y el Unacé, dirigido también por la familia Oviedo, para que esta última agrupación apoyara a la primera en los comicios del próximo 21 de abril.
Los miembros de la Junta, supuestos facilitadores de la transacción comercial y también imputados, son Emanuel Fridman del ministerio de Hacienda, Justo Gamarra, representante de las municipalidades, y Milciades Duré, encargado de las gobernaciones.
Los empresarios de San Agustín afirmaron de que una parte de la propiedad está en manos de campesinos ocupantes de ella, afirmación que fue desmentida, no sólo por los propios señalados, sino por el senador del Frente Guasú, Sixto Pereira.
«Allí solo hay dos o tres campesinos ocupantes de una ínfima parte del lugar y lo que se está haciendo es construir fincas para descanso de fines de semana de los influyentes políticos quienes ahora vendieron, pero no desocuparon las tierras», afirmó el legislador.
Las entidades de labriegos denunciaron que se intenta blanquear el oscuro negocio y lograr evadir la responsabilidad, no sólo de la dirección de la organización encargada de realizar la nunca materializada reforma agraria, sino de altas autoridades oficiales.