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Caos en el transporte: ¿falta de educación o de aplicación de la ley?

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Las multas de tránsito en el país no superan los RD$1,700. (Archivo Diario Libre)

Las multas de tránsito en el país no superan los RD$1,700. (Archivo Diario Libre)

SANTO DOMINGO. El exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y la no utilización del casco de motorista, del cinturón de seguridad y de sistemas de retención para niños, constituyen los principales factores de riesgos para los accidentes de tránsito.

Así lo consigna el informe sobre la Situación Mundial sobre la Seguridad Vial, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2013, y que señala a la República Dominicana como el segundo país del mundo con más muertes por estos accidentes, con tasa de 41.7 por cada 100 mil habitantes.

Esos factores estuvieron presentes en las 7,278 muertes que se reportaron en el país el año pasado, en un total de 5,583 siniestros, que registran los especialista en el tema de transporte Mario Holguín y Hugo Beras en su libro “Indicadores de Siniestralidad Vial en la República Dominicana”, publicado este año.

Ante la gran cantidad de los casos (la tasa promedio en América es de 16.1, según los datos de los OMS) se mantiene la interrogante de qué está faltando en los conductores: ¿educación o sanción?.

Diego Pesqueira, director de Comunicaciones de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) no vacila en afirmar que el problema del tránsito radica en la falta de sanción.

“El régimen de consecuencias sigue siendo muy suave y los conductores aprovechan eso para violar la ley de manera hasta bochornosa”, comenta.

Cita el caso del chofer de transporte público Pedro Rosario Rossi que la pasada semana atropelló a dos estudiantes, y que al día siguiente de su detención fue liberado. Los reportes de prensa sobre el accidente, cuentan que el chofer, que conducía una guagua de pasajeros, intentó rebasar a otro vehículo, y se subió a la acera de la avenida John F. Kennedy casi esquina con Doctor Defilló , donde se encontraban las estudiantes. Una de ellas, de unos 13 años, sufrió fracturas de ambas piernas.

Pesqueira reconoce que se requieren campañas educativas en la población, pero entiende que no se resolverá el problema si no se incrementan las sanciones, a su juicio, irrisorias.

La ley 12-07 sobre Multas y Sanciones pecuniarias establece en su artículo 2: “Las multas o sanciones pecuniarias para los casos de contravenciones, serán establecidas por el tribunal competente en el monto comprendido entre la quinta y tercera parte del salario mínimo del sector público”.

En el caso de las infracciones de tránsito, esas multas van desde RD$1,000 a RD$1,667.

Para Pesqueira, los dominicanos tienen “chips”, uno para conducir en el territorio nacional y otro para el extranjero. Para ilustrar su hipótesis, acude a las historias que cuentan que algunos criollos, cuando visitan otro país, asumen rápidamente las reglas que aquí no son capaces de cumplir.

Debilidad de ley

El informe de la OMS destacaba que apenas 35 de un grupo de 182 países estudiados, equivalentes al 10% de la población mundial, han promulgado leyes relacionadas con uno o más de los factores de riesgos antes citados. Pero, advertía que no había aumentado el número de países con legislación adecuada sobre el conjunto de esos factores. Destacaba también que la observancia de esas leyes es insuficiente.

En sus conclusiones, el organismo pide a los gobiernos promulgar de manera urgente leyes integrales “que se ajusten a las prácticas óptimas relacionadas con todos los factores de riesgo fundamentales a fin de reducir esta causa prevenible de muerte, lesiones y discapacidad”.

También plantea que los gobiernos deben investir recursos financieros y humanos suficientes para lograr la observancia de las leyes, dado que es un componente esencial de su éxito.

En el caso dominicano, las normas de tránsito la establece la Ley 241 aprobada en 1967.

Dicha legislación establece en su artículo 94 que la persona que conduzca en estado de embriaguez “será castigada con multa no menor de setenta y cinco pesos (RD$75.00), ni mayor de trescientos pesos (RD$300.00) o con prisión por un término no menor de un (1) mes ni mayor de tres (3) meses, y suspensión de su licencia de conducir por un período que no podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año; en caso de reincidencia se castigará con multa de ciento cincuenta pesos (RD$ 150.00) a trescientos pesos (RD$300.00), y prisión de tres (3) a seis (6) meses…”.

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Escogen a Agelán Casasnovas como directora regional de la Asociación de Mujeres Juezas

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Santo Domingo.- La magistrada Esther Agelán Casasnovas, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, fue elegida Directora Regional para Latinoamérica y del Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, por sus siglas en inglés IAWJ.

La decisión fue adoptada durante la 14ª_ Conferencia Bienal de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, del 2 al 6 de Mayo del 2018.

La escogencia de la Coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del Poder Judicial fue hecha en base a sus méritos, el desarrollo de una labor sobresaliente en la materia y su vocación hacia la defensa del género, según destaca una nota de prensa de la Suprema Corte de Justicia.

Como parte de las actividades, durante el evento fue desarrollada la conferencia titulada “Construyendo Puentes entre las Juezas del Mundo”.

Tras su elección, la magistrada Agelán Casasnovas dijo la IAWJ tiene objetivo procurar la igualdad de género y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables.

La Asociación Internacional de Mujeres Juezas aglutina a más de 5,000 miembros en 101 países y lleva adelante programas de capacitación y perfeccionamiento judicial en temas de género.

La IAWJ ha trabajado durante los últimos 25 años con las juezas de todo el mundo, colaborando con la capacitación y con temas de derechos humanos, a través de conferencias internacionales y regionales.

En el marco del programa emblemático denominado hacia una jurisprudencia de igualdad, ha desarrollado un importante y novedoso programa: “Perfeccionamiento Judicial en el Manejo de casos de Violencia de Género en República Dominicana”.

La delegación que participó en el evento estuvo integrada las juezas del Tribunal Constitucional, Leyda Margarita Piña y Katia Miguelina Jiménez, y las magistradas del Tribunal del Superior Electoral, Cristian Perdomo y Rafaelina Peralta; las juezas Sarah Veras Almánzar y Natividad Ramona Santos, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo; Daisy Indhira Montás y Carmen Mancebo, de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Manuel Ramírez Suzaña, presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana: Rosa Rodríguez Nina, presidenta de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, y Yumiris Tuitt Santana, jueza de la Primera Cámara Civil, Comercial y Laboral del Distrito Judicial de Hato Mayor.

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Roban una gemela recién nacida de la Maternidad Renee Klang en Santiago

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Santiago.- Una de dos gemelas, recién nacidas, robada este martes de la Maternidad  Renee Klang viuda Guzmán que funciona adyacente al hospital Presidente Estrella Ureña en Santiago.

Según familiares de la madre de la infante, una señora que ayer se mantuvo a rondando por esa unidad,  fue que cargó con la niña, por lo que le atribuyen negligencia o complicidad a sectores del centro.

La madre de las dos recién nacidas es Noelia Sánchez de 32 años de edad, residente en el sector Cienfuegos de esta ciudad de Santiago.

Las autoridades del centro hospitalario dijeron que están investigando el caso, pero que no podían ofrecer mayores detalles por el momento.

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Ratifican prisión preventiva de un año a «Chaman Chacra»

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Santo Domingo.- A Víctor Alexander Portorreal Mendoza, acusado de matar a su pareja, Reina Isabel Encarnación, y tres niños, el 4 de febrero, en el barrio Enriquillo de esta capital, le fue ratificada la prisión preventiva de un año a ser cumplida en la cárcel de San Pedro de Macorís.

Los asesinatos se habrían cometido el 4 de febrero pasado, pero no fue hasta el jueves 8 de febrero que moradores del sector, donde el imputado cometió los homicidios, reportaron a las autoridades un hedor que provenía de la vivienda, por lo que llegaron patrullas policiales y el cuerpo de bomberos, que abrieron la puerta y encontraron “la macabra escena”.

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