Latinoamericanas
Caracas rechaza que CIJ resuelva disputa con Guyana y apuesta a referendo
EFE
Tensión diplomática por el referendo en la disputa Venezuela-Guyana
Países Bajos.- Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que «no reconoce su jurisdicción» para resolver la disputa con Guyana por un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y alertó de que «nada va a impedir» el referendo convocado por Caracas para el 3 de diciembre.
Después de que Guyana pidiera ayer a la CIJ medidas provisionales para frenar el referendo convocado por Caracas sobre esta disputa, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que esta «línea de acción es claramente la del colonialismo judicial«.
Rodríguez advirtió de que Venezuela «reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana de interferir en sus asuntos internos: nada impedirá la celebración del referendo«.
«Es inaceptable intentar derogar el orden constitucional venezolano impidiendo el referendo consultivo del 3 de diciembre. Venezuela no aceptará esto (…) En la ONU, Venezuela se ha opuesto a la competencia obligatoria y automática de la Corte en 12 ocasiones desde su creación, demostrando así coherencia al respecto», aseguró Rodríguez.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Rodríguez se refirió hoy a ese acuerdo de 1966 y recordó que Caracas «no reconoce la vía judicial como un medio amistoso para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria para las partes».
Por ello, tildó como «una manipulación burda y pueril» los argumentos expuestos ayer por Guyana ante la CIJ, en las que advirtió que el referendo venezolano supone una «amenaza existencial» para el territorio guyanés.
«Acudimos a esta Corte para defender la independencia, soberanía y autodeterminación como derechos inalienables de nuestra nación. Estamos aquí porque Guyana ha decidido abandonar y transgredir el Acuerdo de Ginebra, pero ahora pretende desacatar el orden internacional y promover un cambio en el sistema político venezolano a través de una acción intervencionista y audaz que busca instrumentalizar la Corte contra Venezuela«, señaló Rodríguez.
La petición de medidas provisionales por parte de Guyana «no tiene precedentes, es inusual» y «crea un peligro para el resto de la comunidad internacional, en particular esos Estados que tiene fórmulas constitucionales de participación similares», según Caracas, que defiende la celebración del referendo como un «asunto interno» de Venezuela.
«Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar ni dividir este derecho. Finalmente, el Estado de Venezuela no dará la espalda a lo que el pueblo decida durante el referendo«, alertó Rodríguez.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159,500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara «inadmisible» este caso.
La acción del Gobierno de Nicolás Maduro al convocar un referendo ha disparado la tensión diplomática. Organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan esa consulta.
El agente de Guyana, Carl Greenidge, defendió ayer ante la CIJ que el referendo «está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la Corte, impida un fallo futuro de la Corte y, al hacerlo, socave la autoridad y la eficacia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas».
Además, alertó a la CIJ de que Venezuela busca «anexar e incorporar a su propio territorio toda la región del Esequibo de Guyana«, y «otorgar la nacionalidad venezolana a su población».
Los dos días de audiencias sobre la indicación de medidas provisionales concluyeron este miércoles y se espera que el tribunal pueda pronunciarse en unas semanas.
Latinoamericanas
Tercer día de huelga de hambre avanza en demanda de libertad para presos políticos en Venezuela
Caracas, Venezuela.-Con cansancio, angustia y enfado, mujeres familiares de presos políticos entraron el lunes en su tercer día de huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras aplazarse la semana pasada por segunda vez la aprobación de una ley de amnistía.
«Ya el cuerpo comienza a resentirse, pues. (Siento) mucha debilidad, cansancio cuando me levanto. Y bueno, ya ni siquiera se puede descansar. Dormir bien, nada de eso», cuenta a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, con una botella con agua y electrolitos a su lado.
Una decena de mujeres comenzó la huelga al romper el alba el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas, donde acampan familias desde hace semanas.
Dentro permanecen unos 60 detenidos políticos y, según sus allegados, también están en huelga de hambre desde el sábado.
Sus caras demacradas muestran una debilidad que se entremezcla con rabia, angustia y desesperación.
«¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos van a tener en esto?», se queja Quiaro. «Ya tenemos mucho tiempo acá durmiendo en carpas, conviviendo acá de una manera inhumana. O sea, ya las condiciones están al límite y nosotros también estamos al límite», denuncia.
– «Peligroso» –
Durante la madrugada del 14 de febrero fueron excarcelados 17 presos políticos de esos calabozos donde está también detenido el hijo de Quiaro de 30 años desde noviembre de 2025, acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
«Tenemos la convicción de que esto tiene que surtir efecto», confía Quiaro.
Una de las diez mujeres tuvo que abandonar el ayuno por problemas de tensión, señala Rafael Arreaza, un médico que las asiste.
Enroscándose en una cadena, Narwin Gil, cuyo cuñado está preso pero su hermana fue excarcelada, cierra el paso a un agente que llega con comida para los guardias del centro de detención.
«Si nuestros familiares no comen, ellos tampoco deben comer», le dice al policía, que da media vuelta.
«¡Basta, basta! Y necesito no que sean uno ni sean dos, son todos, todos, todos los que están en Venezuela» deben salir, pide Gil. «Nosotras ninguna queremos estar aquí. No queremos estar aquí».
– «Desgastadas» –
Las mujeres se quejan del aplazamiento -dos veces- de la aprobación de una ley de amnistía que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante. Se espera que la norma se traduzca en la libertad de cientos de detenidos.
La próxima sesión legislativa está pautada para el 19 de febrero cuando se prevé la discusión final de la normativa para su aprobación.
Es «terrible, terrible porque nos cambió nuestra dinámica», lamenta María Escalona, de 41 años, cuyo esposo está detenido desde septiembre.
«Mis niños pequeños (8 y 9 años) sufren porque no están con su papá. Entonces es estresante, es preocupante. Estamos desgastadas ya con esta huelga de hambre».
Escalona espera que la ley sea examinada el jueves. Pero ya no quiere esperar. «Quiero que salgan ya. Tiene que ser antes del jueves».
El opositor Edmundo González Urrutia, que reivindica la victoria en las presidenciales de 2024, se quejó desde su exilio en Madrid. «Detrás de cada preso político hay una familia que resiste. ¡Familias en huelga de hambre! Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia», escribió en X.
Más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y 444 han conseguido libertad condicional desde el 8 de enero, según la ONG Foro Penal.
Agencia EFE
Puerto Príncipe, Haití.-Al menos 299 personas fueron asesinadas en enero de 2026 en Haití, víctimas de bala o de enfrentamientos, según reveló este miércoles un informe de la ONG local Orden de Defensores de los Derechos Humanos (Ordedh), que denuncia una «explosión de secuestros» que desafía la autoridad del Estado.
El balance estadístico elaborado por esta ONG local pone de relieve la hegemonía de los grupos armados, en particular de la coalición Viv Ansanm, responsable de un 42.81 % de la mortalidad registrada, según el informe.
«Paralelamente a esta carnicería, la industria del secuestro está experimentando un auge que paraliza el espíritu mismo de la población. A pesar de los repetidos anuncios y los escasos esfuerzos de la Policía Nacional de Haití (PNH), el secuestro sigue siendo un reto insuperable para la institución», indica el informe.
Estos datos revelan una concentración de la violencia mortal en el departamento del Oeste -donde se ubica la capital, Puerto Príncipe-, que por sí solo registra un 85.28 % de las muertes a escala nacional.
La ONG recordó que 2026 comenzó «con una constatación absolutamente sombría», debido a que «la vida humana en Haití parece haber perdido su valor sagrado».
«Los ciudadanos, atrapados entre la impotencia de las autoridades y la agresividad de los grupos armados, viven en un estado de sitio permanente», señaló.
También, la organización humanitaria apuntó que los resultados operativos de la Policía Nacional de Haití (PNH) «siguen siendo vagos y muy insuficientes ante la magnitud del desastre».
«Esta incapacidad para frenar los secuestros crea una sensación de abandono total, en la que el Estado parece espectador del sufrimiento de sus propios ciudadanos, entregados a merced de depredadores sin escrúpulos», indicó.
Exige tomar medidas
De acuerdo con la ONG, la magnitud de estos hechos exige una «toma de conciencia inmediata e inequívoca» por parte de los actores nacionales e internacionales.
Según ella, la situación exige una solidaridad activa y una intervención diplomática que vaya «más allá de las simples promesas de apoyo».
También, «es imperativo» que los socios de Haití reconozcan la actual emergencia humanitaria y de seguridad «como una prioridad absoluta, ya que cada día de retraso en la asistencia técnica y estratégica se traduce en nuevas pérdidas de vidas humanas», afirmó la Ordedh.
«La supervivencia de la nación depende de la capacidad de los actores nacionales e internacionales para restablecer, con carácter urgente, la autoridad de la ley y el respeto por la vida» dijo la ONG.
Haití vive una crisis política y social severa, y según la oficina de las Naciones Unidas en el país casi 6,000 personas murieron y otras 2,708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.
BRASILIA.- Al menos quince personas han muerto y varias más han resultado heridas después de que el autobús en el que viajaban volcara a su paso por la localidad de São José da Tapera, en el oeste del estado de Alagoas, en el este de Brasil.
Entre los fallecidos hay tres menores de edad. El autobús transportaba a un total de 60 personas, quienes regresaban de una celebración católica en la localidad de Juazeiro do Norte, en el estado vecino de Ceará, informa el portal G1.
El gobernador de Alagoas, Paulo Dantas, ha lamentado informado de lo ocurrido en redes sociales, desde donde ha expresado su solidaridad para con las víctimas. «Ante esta tragedia que entristece a todo nuestro estado, he decretado luto oficial de tres días», ha anunciado.
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