Latinoamericanas
Caracas rechaza que CIJ resuelva disputa con Guyana y apuesta a referendo
EFE
Tensión diplomática por el referendo en la disputa Venezuela-Guyana
Países Bajos.- Venezuela advirtió este miércoles a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que «no reconoce su jurisdicción» para resolver la disputa con Guyana por un territorio de casi 160,000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y alertó de que «nada va a impedir» el referendo convocado por Caracas para el 3 de diciembre.
Después de que Guyana pidiera ayer a la CIJ medidas provisionales para frenar el referendo convocado por Caracas sobre esta disputa, la vicepresidenta ejecutiva venezolana, Delcy Rodríguez, aseguró hoy que esta «línea de acción es claramente la del colonialismo judicial«.
Rodríguez advirtió de que Venezuela «reafirma su rechazo categórico a la audaz acción de Guyana de interferir en sus asuntos internos: nada impedirá la celebración del referendo«.
«Es inaceptable intentar derogar el orden constitucional venezolano impidiendo el referendo consultivo del 3 de diciembre. Venezuela no aceptará esto (…) En la ONU, Venezuela se ha opuesto a la competencia obligatoria y automática de la Corte en 12 ocasiones desde su creación, demostrando así coherencia al respecto», aseguró Rodríguez.
Caracas reconoce como único instrumento legal para resolver esta controversia el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 con Reino Unido (antes de la independencia guyanesa), y que establece bases para una solución negociada, pero esas negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados y Guyana busca una solución a través de la CIJ.
Rodríguez se refirió hoy a ese acuerdo de 1966 y recordó que Caracas «no reconoce la vía judicial como un medio amistoso para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria para las partes».
Por ello, tildó como «una manipulación burda y pueril» los argumentos expuestos ayer por Guyana ante la CIJ, en las que advirtió que el referendo venezolano supone una «amenaza existencial» para el territorio guyanés.
«Acudimos a esta Corte para defender la independencia, soberanía y autodeterminación como derechos inalienables de nuestra nación. Estamos aquí porque Guyana ha decidido abandonar y transgredir el Acuerdo de Ginebra, pero ahora pretende desacatar el orden internacional y promover un cambio en el sistema político venezolano a través de una acción intervencionista y audaz que busca instrumentalizar la Corte contra Venezuela«, señaló Rodríguez.
La petición de medidas provisionales por parte de Guyana «no tiene precedentes, es inusual» y «crea un peligro para el resto de la comunidad internacional, en particular esos Estados que tiene fórmulas constitucionales de participación similares», según Caracas, que defiende la celebración del referendo como un «asunto interno» de Venezuela.
«Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar ni dividir este derecho. Finalmente, el Estado de Venezuela no dará la espalda a lo que el pueblo decida durante el referendo«, alertó Rodríguez.
Venezuela reclama la región de Esequibo, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que «afectó fraudulentamente 159,500 kilómetros cuadrados del territorio» de la Guayana Esequiba, como la llama el Gobierno venezolano.
En 2018, Guyana, antigua colonia británica, interpuso una demanda contra Caracas en la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre la región del Esequibo, y el pasado abril, la CIJ se declaró competente para pronunciarse sobre el caso, lo que fue en un golpe a Caracas, puesto que había intentado que se declarara «inadmisible» este caso.
La acción del Gobierno de Nicolás Maduro al convocar un referendo ha disparado la tensión diplomática. Organismos como la Comunidad del Caribe (Caricom), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) rechazan esa consulta.
El agente de Guyana, Carl Greenidge, defendió ayer ante la CIJ que el referendo «está diseñado para obtener un mandato popular abrumador para que el gobierno (venezolano) rechace la competencia de la Corte, impida un fallo futuro de la Corte y, al hacerlo, socave la autoridad y la eficacia del principal órgano judicial de las Naciones Unidas».
Además, alertó a la CIJ de que Venezuela busca «anexar e incorporar a su propio territorio toda la región del Esequibo de Guyana«, y «otorgar la nacionalidad venezolana a su población».
Los dos días de audiencias sobre la indicación de medidas provisionales concluyeron este miércoles y se espera que el tribunal pueda pronunciarse en unas semanas.
Puerto Príncipe, (EFE).- Al menos una veintena de personas, entre ellas algunos niños, murieron durante la noche del martes a este miércoles en la región de Artibonite, en el centro de Haití, en un ataque de la banda armada Gran Griff, según informó este miércoles a EFE una organización local.
En ese ataque fue secuestrado además un número no precisado de personas por miembros de ese grupo armado, que a su paso por la localidad incendiaron también casas, pese a la presencia en Petite Riviere de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad.
Según algunos medios locales, este ataque sería la represalia de ese grupo armado ante las acciones del movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kale por parte de vecinos de Petite Riviere y que ya ha costado la vida de varios presuntos miembros de bandas de la zona.
En otro video que circula también por las redes sociales se ve que los cadáveres se arrojan al río Artibonite.
Adicional, los hechos de esta madrugada se producen pocos días después de que este fin de semana más de 180 personas -según cifras oficiales- se asesinaron en Wharf Jérémie, en el barrio capitalino de Cité-Soleil, la mayor zona de chabolas del país, en una masacre ordenada por el jefe de la banda Wa Mikano (‘Rey Mikano’) bajo el pretexto de que un hijo suyo se le hizo brujería.
El lunes pasado, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó que con las víctimas de Wharf Jérémie el número de personas asesinadas en medio de la violencia en el país se eleva a unas 5.000 este año.
Tanto el Gobierno de Guatemala como el de Honduras han negado que las 9.8 toneladas de cocaína decomisadas en dos contenedores en el Puerto Multimodal Caucedo, hayan sido embarcadas en esos países.
De acuerdo a las autoridades, parte de la droga se encontró en un contenedor cargado de banano y la otra, en uno sin cargamento, junto al que tenía el fruto.
En el primer comunicado, dado a conocer el 8 de diciembre, un día después del decomiso, establecía que una embarcación de carga procedente de Veracruz, México, arribó a Puertos Barrios, en Guatemala, y durante su estadía se le incorporó carga local.
Señalan que posteriormente la embarcación zarpó con destino a Bélgica, realizando dos escalas; la primera en Puerto Cortés, Honduras, y la segunda en el Puerto Caucedo.
“Se ha determinado que en el proceso de control en Puerto Barrios y tras la revisión del contenedor a través de tecnología de scanner, los análisis de imágenes no presentaban ilícitos al salir de Guatemala y fue dictaminado como NO sospechoso”, dice el comunicado.
“Concluimos que definitivamente el contenedor con la cocaína que se descubre y que se vinculó al inicio que salió de Puertos Barrios, se descarta de que fue contaminado en ese puerto”, dijo a la prensa.
Asimismo, la Gobernación de Guatemala, publicó un comunicado titulado “República Dominicana descarta que cargamento de posible droga se introdujera en Guatemala”.
Honduras, país donde este contenedor con bananos supuestamente hizo una parada, tras salir de Guatemala, negó que el mismo haya pisado alguno de sus puertos o tierra hondureña.
“Aduanas Honduras, como institución garante de la seguridad nacional aclaramos; que según informe, registros y trazabilidad de la carga de la Unidad de Control de Contenedores (UCC) de Aduanas de Honduras, certifica por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (ONUDC), los contenedores donde fue encontrada la supuesta droga en un puerto en República Dominicana, NO TOCARON SUELO, NI PUERTOS HONDUREÑOS, por lo que no se registran movimientos de que estos hayan pasado o permanecido en alguna terminal de Puerto Cortés”, dice un comunicado publicado en redes sociales.
Una fuente ligada a la pesquisa sobre este caso reveló a LISTÍN DIARIO que las investigaciones sobre el decomiso más grande en la historia de República Dominica están muy avanzadas.
Informó que los fiscales han realizado varias reuniones con personas ligadas al puerto y están estudiando cada imagen de las cámaras de seguridad que se encuentra en el Puerto Multimodal Caucedo.
Estos 9,889 kilogramos de cocaína fueron quemadas el pasado lunes en las instalaciones de la sede de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, del municipio Pedro Brand.
Esta droga era movilizada en 320 sacos, que en total contenían de 9,587 paquetes. La misma tenía un valor estimado de 250 millones de dólares y tenía como destino a Bélgica, país de Europa.
Latinoamericanas
Intervienen una cárcel de Venezuela donde la directora era pareja del reo «Dinamita»
Agencia EFE
Caracas.-El Gobierno de Venezuela llevó a cabo un operativo de intervención en una cárcel del estado Guárico (centro), en el que detuvieron a la directora del centro de reclusión por mantener una «relación sentimental» con uno de los reos, que se identificaba como líder del penal, informó este domingo el Ministerio Público (MP, Fiscalía).
«Dicha funcionaria mantenía una relación sentimental con uno de los reclusos de nombre Wilfredo Sánchez, alias ‘Dinamita’, que se autodenominaba ‘pran’ del recinto carcelario», sostuvo el MP en una publicación en Instagram.
La Fiscalía indicó que durante la intervención se incautaron 110 «teléfonos inteligentes», 161 encendedores, 45 cargadores de celulares, así como 20 «armas punzo cortantes».
Igualmente, dijo que fueron decomisados 1.885 kilogramos de marihuana, 1.495 kilogramos de «pasta base» y 320 gramos de presunta cocaína.
El MP señaló que no se descartan «nuevas aprehensiones».
Los operativos forman parte de la ‘Operación Gran Cacique Guaicaipuro’, comenzada el año pasado para el desmantelamiento de «mafias carcelarias» que operan desde estos recintos, así como para garantizar las condiciones que permitan a los reos «reinsertarse como personas útiles a la nación, una vez que cumplan su condena», según una nota oficial.
Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que fue un «despliegue masivo» de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, lo que «generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información».
En 2023, las autoridades desmantelaron ocho «mafias carcelarias» en varios operativos militares y policiales desplegados en centros penitenciarios, entre ellas la base de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, que operaba desde la prisión de Tocorón, una de las cárceles intervenidas.