Más Noticias
Continúa proceso de privatización de los servicios públicos y ahora es Pasaportes.
SANTO DOMINGO.-El Tribunal Superior Administrativo fue apoderado por el Colegio de Abogados para que anule una medida mediante la cual habría sido asignada a una empresa privada la facultad de emitir los pasaportes dominicanos.
Según el presidente del CARD Miguel Surún Hernández, la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta.
Durante una visita al TSA, Surum Hernández aseguró que esa resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a empresarios haitianos el control de la emisión de Pasaportes y Datos Biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave atentado a la seguridad nacional,
Reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización, máxime cuando la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., suplidora de las libretas, resulta adjudicataria de la privatización.
Señaló que otro elemento que es cuestionables es que, no solo dicho proceso de privatización se realizara con una inversión aportada por el Banco de Reservas en su totalidad, mediante un supuesto fideicomiso, sino que además dicha empresa se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por dichas operaciones de emisión de pasaportes, en un claro atentado contra los intereses del Estados, pues quien busca el dinero es el Estado, que solo recibe el 10% del negocio, aseguró el jurista.
Afirmó que empresarios haitianos, que fueron sancionados por Canadá, podrían ser los beneficiados con la emisión de los pasaportes
Otra revelación hecha por Surún Hernández, es que detrás del proceso de privatización se encuentra GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, propiedad de Gilbert Bigio, supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo, de hacerse con el negocio de los pasaportes, recibirán financiamiento por el total de la inversión mediante fideicomiso del Banco de Reservas por el monto de los US$107,000,000.00.
Es por ello, que lamentó que se atente contra la soberanía e identidad nacional al entregársele a extranjeros la facultad de identificar quien o no merece el documento dominicano.
Dijo que además de lo antes expuesto, reiteró que ese proceso es nulo de pleno derecho por haber sido realizado, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada al tenor del Párrafo I, del artículo 40 de la Ley 47-20, que consagra que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas.
of-am
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
Más Noticias
Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.