Primera Plana
Casa Abierta denuncia no se distribuyen los recursos que genera la Ley de Lavados de Activos
“En nuestro país mucho se ha dicho acerca de la proliferación de leyes y del engaño que significa que las propias autoridades se sitúen por encima de ellas”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Casa Abierta insiste que son escasos los recursos destinados por el Estado para las instituciones que trabajan en el tema de las drogas.
Señalan como lo más grave, el pobre o ningún aporte a las organizaciones sociales que son las únicas que asumen de forma solidaria el trabajo directo con la población afectada por los consumos problemáticos de drogas.
Sin embargo, esto no excluye a las entidades estatales como el Consejo Nacional de Drogas y la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Destaca para unas 15 organizaciones reconocidas por el Consejo Nacional de Drogas, el artículo 33 de la ley sobre lavado de activos se convirtió en un apoyo que de forma esporádica aliviaba las serias limitaciones con las que operan día a día estas organizaciones.
Dice que este artículo se mantiene vigente en la recién promulgada Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Sin embargo desde agosto del pasado año 2016, es decir a la fecha un año y dos meses, los recursos por esta vía ya no se entregan más.
“No ha habido forma de saber de dónde partió la ´orden superior´, de paralizar el cumplimiento de este artículo de la ley. Sabemos que el Consejo Nacional de Drogas, y la Dirección Nacional de Control de Drogas también esperan por estos recursos”, argumenta.
Agregan que son las entidades sociales las que más se afectan con esta insensible e ilegal decisión, pero apenas reciben el 15% para su distribución porcentual entre todas. Asimismo, son las familias y las personas que necesitan atenciones las que sufren esta nueva muestra de desprecio desde el Estado.
“En nuestro país mucho se ha dicho acerca de la proliferación de leyes y del engaño que significa que las propias autoridades se sitúen por encima de ellas”, expresa.
Critican que no se puede seguir diciendo que hay voluntad política de trabajar contra las drogas, mientras se decide violar la ley que mínimamente favorece a las instituciones sociales y estatales que trabajan en ello. “Esta decisión, no se sabe de quién, ahoga a estas instituciones más de lo que ya están al negarle los recursos que por ley les corresponde. Pero parece que eso poco importa”.
Cuestionan el hecho de que ¿ante quién deben reclamar?, cuando el incumplimiento de una ley viene de las propias autoridades.
“Demandamos el cese de esta violación a la ley que perjudica la estrategia dominicana contra las drogas, pero muy especialmente a las familias y personas que no cuentan con recursos para costear su tratamiento”, expresan.
Solicitan el apoyo de las personas que hacen opinión pública y a los medios de comunicación en general, para que el reclamo se escuche más alto y llegue a personas que desde el poder han olvidado su deber en el cumplimiento de la ley.
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