Nacionales
Policías rechazan acusación y tribunal ratifica prisión a civiles por tortura.
Santo Domingo.-El Ministerio Público nunca podrá probar la responsabilidad del capitán policial que comandaba el destacamento del sector Naco, donde fue torturado el joven David de Los Santos, hecho que se produjo en el mes de abril del ano pasado, según los parientes y abogados del oficial.
En un documento entregado a la prensa, familiares del capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez aseguran que este, de sus 49 años, tiene 23 en la Policía, institución a la que se ha dedicado de manera «intachable» y que es la primera vez que se le señala en la justicia.
También sus abogados Joselyn Feliz Cabral y Heriberto González, quienes además representan al raso Sari Manuel González García, afirmaron que ambos acusados no pueden ser sancionados por los hechos de otras personas porque la ley lo prohíbe.
Afirmaron que cuando Rodríguez se marchó dejó al segundo teniente Germán García de la Cruz a cargo del cuartel y que solo sabe él y los demás, lo que ocurrió.
Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúan este jueves conociendo el juicio de fondo a los 11 involucrados en la muerte de De los Santos, entre los cuales hay cuatro policías, igual número de vigilantes de la plaza Ágora y los tres civiles que estaban en la celda en donde se torturó al joven, golpes que según la autopsia, le provocaron la muerte.
Empleadas de perfumería ofrecen testimonio
En la mañana de hoy, según el abogado Waldo Paulino, se escucharon cuatro testigos. Dos de los testimonios fueron de Pamela Leticia Vásquez Cruce y Yesenia Altagracia Mejía Santos, empleadas de la perfumería Senses Sunglasses.
Las dos mujeres confirmaron los relatos que presentó el Ministerio Público en su acusación, específicamente sobre el intercambio de palabras que tuvieron con el hoy occiso y dijeron que todavía se sienten afectadas por ese incidente que desencadenó la tragedia.
Afirmaron que cuando él se presentó a la tienda estaba «sudoroso» y «agresivo» señalando a Yesenia Altagracia, lo que obligó a Pamela Leticia a buscar ayuda de la seguridad de la plaza.
El miércoles, el órgano persecutor presentó como testigo a Juan de los Santos Hernández, Damiana Correa y Sugeidy Correa, padre, madre y hermana de a víctima. También al primer teniente policial Edwin Montero Encarnación y un ciudadano haitiano que sirvió de intérprete al testigo estrella de la Fiscalía del Distrito que presenció la salvaje golpiza que le propinaron tres reos al joven de 24 años.
Ratifican prisión a los civiles
Después de finalizar la audiencia el miércoles, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo conocieron una solicitud de las defensas técnicas de los acusados civiles Jean Carlos Peña, Santiago Mateo Victoriano y Michael Pereza Ramos, quienes habrían golpeado a David de los Santos, y que reclamaban se le ordenara el cese de la prisión preventiva.
Las magistradas rechazaron la solicitud por entender que ya había iniciado el juicio de fondo, cuya etapa casi concluía, por lo que la medida de coerción podría variar con el fallo, según informó a Diario Libre el abogado Paulino, que representa al segundo teniente de la Policía Germán García de la Cruz y al cabo Alfonso Decena Hernández.
La coerción que tienen los demás imputados
El capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez y el segundo teniente Germán García de la Cruz cumplen prisión preventiva en Operaciones Especiales.
El raso Sari Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández tienen arresto domiciliario.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.