Más Noticias
Juez aplaza conocimiento de pedido de extradición contra implicado en red “Estafa de Abuelos”
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Francisco Jerez, juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ordenó al Ministerio Público notificar documentos al abogado de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta implicación en la red criminal de la “Estafa de Abuelos”, vinculada al caso Discovery 3.0.
El magistrado adoptó su decisión tras acoger un pedimento de la defensa de Núñez Núñez, quien manifestó ante los jueces del alto tribunal que necesitaba que el órgano acusador notificara unos documentos ocupados durante un allanamiento en la residencia de su representado, a fin de preparar sus alegatos de defensa y rebatir el pedido de extradición.
Por tal motivo, el juez presidente aplazó para el próximo martes 16 la audiencia sobre la solicitud de extradición contra Núñez Núñez, con el fin de que el Ministerio Público cumpla con la entrega de la documentación requerida por la defensa.
El Ministerio Público dominicano estuvo representado por Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, junto a la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.
La jurista Analdis Alcántara representó al Estado requirente, que en este caso es Estados Unidos.
Según las investigaciones, la red delictiva utilizaba tácticas de intimidación, engaño y usurpación de identidad.
Los estafadores contactaban a personas mayores en distintos estados de EE.UU., haciéndose pasar por nietos que solicitaban ayuda económica por supuestas emergencias, como accidentes de tránsito.
Posteriormente, otros miembros del grupo se hacían pasar por abogados o policías para persuadir a las víctimas de entregar grandes sumas de dinero en efectivo. Este esquema fraudulento se replicó en las operaciones Discovery 1.0, 2.0 y ahora 3.0, donde varios implicados ya han sido extraditados a Estados Unidos.
Las autoridades también informaron que la organización realizaba lavado de activos a través de una empresa multinacional de viajes, utilizando conductores para movilizar el dinero ilícito.
El principal centro de operaciones estaba ubicado en Santiago de los Caballeros.
Asimismo, otros imputados permanecen bajo medidas de coerción en Santiago por su supuesta participación en la red de la “Estafa de los Abuelos” del caso Discovery 3.0, en contra de quienes el Ministerio Público presentará acusación en los próximos meses para la apertura de juicio preliminar.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.