Más Noticias
Caso Donald Guerrero vuelve a calentarse a dos años de los primeros interrogatorios
El exfuncionario ha sido cuestionado en la Procuraduría General de la República desde principios de 2021
Tras unos seis meses sin exposición pública de aspectos relacionados a la investigación que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sigue al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el tema vuelve a calentarse en la última semana.
A las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas, de que avanza una auditoría al exfuncionario a solicitud de la Procuraduría General de la República, se suman comentarios de figuras políticas que anuncian acciones prontas de parte del órgano investigador.
Sin embargo, a la fecha todavía no hay informes oficiales sobre la suerte de la investigación en curso, pese a que han pasado ya dos años desde que el exfuncionario fuera llamado a interrogatorios de parte de la Procuraduría.
A Donald Guerrero se le investiga por supuestamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 17,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.
En esa presunta red, que habría accionado durante su gestión como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, también estarían involucrados varios exfuncionarios y empresarios, conforme se desprende de una autorización de información financiera que emitió, el 23 de agosto de 2022, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca.
La autorización detalla que por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
El hecho
En el documento, bajo la firma del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indica que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También señala que la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
La Pepca soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó los libramientos de pagos. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente.
“El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…”, dice la solicitud de la Pepca al tribunal.
Camacho: Se ha recabado «enorme cantidad de pruebas» en caso que involucra a Donald Guerrero
Agrega, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.
En lo que respecta a Donald Guerrero, la Pepca plantea en el documento que el exfuncionario era recurrente en instruir, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.
Entre los beneficiarios de los pagos que se libraron se citan firmas de abogados y empresas, algunas de las cuales tienen registro de incorporación en el año 2020, a pocos meses antes de que Guerrero saliera del cargo por cambio de gobierno.
Violaciones señaladas
Al exministro de Hacienda se le investiga por los tipos penales preliminares asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, que fueron expuestos por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, en un escrito de reconsideración que remitió a su superiora, la procuradora Miriam Germán Brito.
En el documento, publicado en agosto pasado, Reynoso pedía a la procuradora reconsiderar la instrucción que le dio en marzo de 2022, para que se le diera acceso a Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra.
Alegaba Reynoso que se trataba de una investigación distinta a las que dieron motivo para que el exfuncionario fuera interrogado en varias ocasiones en la Procuraduría. Los interrogatorios se suceden desde principios de 2021.
En la misiva de la directora de Persecución se indica que el exfuncionario había sido interrogado por el caso de corrupción que involucra al hermano de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien el pasado 7 de febrero fue enviado a juicio de fondo, igual que otros exfuncionarios y otros presuntos colaboradores, por las imputaciones que le formuló la Pepca.
Coerción y devolución
La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) afirmaba el lunes pasado que próximamente se solicitaría una medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otras 50 personas.
También hacía referencia a una devolución de más de 2,000 millones de pesos de parte de algunos de los investigados, lo que pedía fuera visto como una admisión de hechos y no un salvoconducto.
Esta semana, el dirigente político oficialista Guido Gómez Mazara también aseguraba, aunque no indicaba fuentes, que la Procuraduría logró la devolución de más de 2,000 millones de pesos entre los involucrados en la investigación que se sigue a Donald Guerrero.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Desde este jueves la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en declaraciones a los medios de comunicación.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-Fue considerado impostergable el ordenamiento del sistema de transito terrestre por haberse convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana, cuyo pedido proviene de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la cual mostró ademas su preocupacion por la falta de regulacion real sobre las motocicletas que circulan en el pais.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-Luis Abinader, presidente de la República, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.