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Caso Donald Guerrero vuelve a calentarse a dos años de los primeros interrogatorios
El exfuncionario ha sido cuestionado en la Procuraduría General de la República desde principios de 2021
Tras unos seis meses sin exposición pública de aspectos relacionados a la investigación que la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sigue al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, el tema vuelve a calentarse en la última semana.
A las informaciones dadas por la Cámara de Cuentas, de que avanza una auditoría al exfuncionario a solicitud de la Procuraduría General de la República, se suman comentarios de figuras políticas que anuncian acciones prontas de parte del órgano investigador.
Sin embargo, a la fecha todavía no hay informes oficiales sobre la suerte de la investigación en curso, pese a que han pasado ya dos años desde que el exfuncionario fuera llamado a interrogatorios de parte de la Procuraduría.
A Donald Guerrero se le investiga por supuestamente ser parte de una red mafiosa que estafó al Estado con unos 17,000 millones de pesos, mediante la cesión de crédito para reclamar supuestas deudas públicas por expropiación de terrenos.
En esa presunta red, que habría accionado durante su gestión como ministro de Hacienda en el gobierno de Danilo Medina, también estarían involucrados varios exfuncionarios y empresarios, conforme se desprende de una autorización de información financiera que emitió, el 23 de agosto de 2022, la jueza Kenya Romero, coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, a favor de la Pepca.
La autorización detalla que por el caso son investigados, además de Donald Guerrero, Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector nacional de Catastro; Luis Miguel Piccirillo Mccabe y Domingo Enrique Martínez Reyes, del Consejo Estatal del Azúcar; Simón Lizardo Mézquita, exadministrador del BanReservas; Luis Baldemiro Reyes Santos, exdirector de Presupuesto; Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana, excontralor general de la República y Princesa Alexandra García Medina y Aldo Antonio Gerbasi Fernández, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública, entre otros exfuncionarios y subordinados.
El hecho
En el documento, bajo la firma del titular de la Pepca, Wilson Camacho, se indica que “bajo las instrucciones del ministro de Hacienda se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, “de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas”.
También señala que la “simulación de compra y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativas, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes es el relacionado a contrato de cesión de créditos por más de 10,500 millones de pesos a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta”.
La Pepca soporta su investigación en un informe de la Contraloría General de la República, que detectó los libramientos de pagos. El informe, no obstante, fue atacado en los tribunales por el abogado Ángel Lockward, uno de los favorecidos de los pagos, por entender que no se tramitó legalmente.
“El informe de investigación realizado por la unidad antifraude de la Contraloría General de la República indica que, en la mayoría de los casos, se verificaron diversas incongruencias entre los nombres de las personas asentadas como titulares de los derechos afectados por los decretos y los nombres que figuran en los documentos presentados por los reclamantes para soportar los pagos…”, dice la solicitud de la Pepca al tribunal.
Camacho: Se ha recabado «enorme cantidad de pruebas» en caso que involucra a Donald Guerrero
Agrega, además, que esos documentos fueron asumidos con errores tipográficos por los técnicos evaluadores, sin procurar que dichos errores fueran rectificados a través de los procedimientos legales.
En lo que respecta a Donald Guerrero, la Pepca plantea en el documento que el exfuncionario era recurrente en instruir, mediante comunicación, el registro de órdenes de pago como deuda administrativa por concepto de acuerdos transaccionales a los fines de emitir libramientos de pagos.
Entre los beneficiarios de los pagos que se libraron se citan firmas de abogados y empresas, algunas de las cuales tienen registro de incorporación en el año 2020, a pocos meses antes de que Guerrero saliera del cargo por cambio de gobierno.
Violaciones señaladas
Al exministro de Hacienda se le investiga por los tipos penales preliminares asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos, que fueron expuestos por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, en un escrito de reconsideración que remitió a su superiora, la procuradora Miriam Germán Brito.
En el documento, publicado en agosto pasado, Reynoso pedía a la procuradora reconsiderar la instrucción que le dio en marzo de 2022, para que se le diera acceso a Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra.
Alegaba Reynoso que se trataba de una investigación distinta a las que dieron motivo para que el exfuncionario fuera interrogado en varias ocasiones en la Procuraduría. Los interrogatorios se suceden desde principios de 2021.
En la misiva de la directora de Persecución se indica que el exfuncionario había sido interrogado por el caso de corrupción que involucra al hermano de Danilo Medina, Alexis Medina Sánchez, quien el pasado 7 de febrero fue enviado a juicio de fondo, igual que otros exfuncionarios y otros presuntos colaboradores, por las imputaciones que le formuló la Pepca.
Coerción y devolución
La Alianza Dominicana contra la Corrupción (Adocco) afirmaba el lunes pasado que próximamente se solicitaría una medida de coerción contra el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y otras 50 personas.
También hacía referencia a una devolución de más de 2,000 millones de pesos de parte de algunos de los investigados, lo que pedía fuera visto como una admisión de hechos y no un salvoconducto.
Esta semana, el dirigente político oficialista Guido Gómez Mazara también aseguraba, aunque no indicaba fuentes, que la Procuraduría logró la devolución de más de 2,000 millones de pesos entre los involucrados en la investigación que se sigue a Donald Guerrero.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.