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Estancados en tribunales caso de exjueces involucrados en actos de corrupción.
Exjueces acusados de negociar sentencias y que fueron sometidos a la justicia por esa causa siguen con sus casos en un limbo jurídico desde hace seis años, cuyos imputados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, de quienes nadie sabe su destino.
Este proceso judicial ha sido largo, está apenas en etapa preliminar y no se ve un final cercano.
Fue en noviembre del 2015 que estalló uno de los escándalos más grandes dentro del Poder Judicial, pero será este lunes cuando un tribunal pretenda iniciar con la audiencia preliminar para determinar si Reyes Beltré y Arias Valera van a juicio de fondo o no.
El caso ha sido “un viacrucis” y el recorrido lento. En 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, indicó que la jueza Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para dejar en libertad al exregidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato. En el “lío” supuestamente estaba implicado Arias Valera, exconsejero del Poder Judicial, quien había renunciado a su cargo meses antes del escándalo.
¿Cómo ha sido el proceso?
En diciembre del 2015, un juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó prisión preventiva a Reyes Beltré y Arias Valera a cumplir en la cárcel Najayo. Pasados dos meses, otro juez, al conocer un recurso de apelación, le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Para enero del 2016, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de instrucción especial para que se conociera la audiencia preliminar en contra de Reyes Beltré y Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.
En esa ocasión se designó a una jueza y el caso se mantuvo suspendido durante un tiempo, hasta que en marzo de 2017 Reyes Beltré (que ya estaba suspendida desde junio del 2016) renunció como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos por parte del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
Días después, luego de conocer un juicio disciplinario, el Consejo del Poder Judicial la destituyó al declararla culpable de cometer faltas graves. Ante la situación, en mayo de 2017 el caso fue declinado desde la instrucción especial (que corresponde cuando se es juez) hacia la jurisdicción ordinaria. Es ahí que el proceso llega al tribunal donde actualmente se encuentra estancado.
Hoy se pretende iniciar la audiencia preliminar
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desde hace cuatro años intenta iniciar la audiencia preliminar, pero, según se informó, diversas situaciones han impedido que el proceso arranque. Uno de ellas es la ausencia de los imputados o el Ministerio Público y lo último que pasó fue que la jueza apoderada tenía covid-19. Para hoy, se pretende comenzar a conocer la vista, en la cual el tribunal determinará si van a juicio de fondo o no.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.