Nacionales
Estancados en tribunales caso de exjueces involucrados en actos de corrupción.
Exjueces acusados de negociar sentencias y que fueron sometidos a la justicia por esa causa siguen con sus casos en un limbo jurídico desde hace seis años, cuyos imputados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, de quienes nadie sabe su destino.
Este proceso judicial ha sido largo, está apenas en etapa preliminar y no se ve un final cercano.
Fue en noviembre del 2015 que estalló uno de los escándalos más grandes dentro del Poder Judicial, pero será este lunes cuando un tribunal pretenda iniciar con la audiencia preliminar para determinar si Reyes Beltré y Arias Valera van a juicio de fondo o no.
El caso ha sido “un viacrucis” y el recorrido lento. En 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, indicó que la jueza Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para dejar en libertad al exregidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato. En el “lío” supuestamente estaba implicado Arias Valera, exconsejero del Poder Judicial, quien había renunciado a su cargo meses antes del escándalo.
¿Cómo ha sido el proceso?
En diciembre del 2015, un juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó prisión preventiva a Reyes Beltré y Arias Valera a cumplir en la cárcel Najayo. Pasados dos meses, otro juez, al conocer un recurso de apelación, le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Para enero del 2016, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de instrucción especial para que se conociera la audiencia preliminar en contra de Reyes Beltré y Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.
En esa ocasión se designó a una jueza y el caso se mantuvo suspendido durante un tiempo, hasta que en marzo de 2017 Reyes Beltré (que ya estaba suspendida desde junio del 2016) renunció como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos por parte del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
Días después, luego de conocer un juicio disciplinario, el Consejo del Poder Judicial la destituyó al declararla culpable de cometer faltas graves. Ante la situación, en mayo de 2017 el caso fue declinado desde la instrucción especial (que corresponde cuando se es juez) hacia la jurisdicción ordinaria. Es ahí que el proceso llega al tribunal donde actualmente se encuentra estancado.
Hoy se pretende iniciar la audiencia preliminar
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desde hace cuatro años intenta iniciar la audiencia preliminar, pero, según se informó, diversas situaciones han impedido que el proceso arranque. Uno de ellas es la ausencia de los imputados o el Ministerio Público y lo último que pasó fue que la jueza apoderada tenía covid-19. Para hoy, se pretende comenzar a conocer la vista, en la cual el tribunal determinará si van a juicio de fondo o no.
Santo Domingo, R.D.-El Quinto Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo envió a juicio de fondo a un profesor acusado de agredir sexualmente a una menor, de 13 años de edad, en el sector Brisa del Este en Santo Domingo Este.
La decisión fue adoptada durante una audiencia celebrada este martes contra Eliezer Vargas Villamar, de aproximadamente 35 años, luego de que el tribunal determinara que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la parte querellante son suficientes para que el proceso sea ventilado en un juicio de fondo.
Según explicó el abogado de la madre de la menor, Danilo Santo Méndez, el imputado habría aprovechado su condición de docente para manipular a la adolescente desde la Escuela Básica República de Japón, ubicada en el sector Brisas del Este.
Alerta
La situación fue descubierta en diciembre por la progenitora luego de que otra hija de cuatro años alertara sobre un presunto vínculo que el profesor mantenía con su hermana.
«La niña me dijo que su hermana tenía un novio, y por favor no se lo dijera para que no se molestara con ella», expresó.
La mujer cuyo nombre se hace reserva por temas legales, dijo que ante lo dicho procedió a revisar la tablet y vio «que tenía una conversación con el profesor y le dijo nos vemos esta noche con un signo de interrogación«.
El litigante indicó que el imputado también acudía con frecuencia a las inmediaciones de la vivienda de la familia y en ocasiones trasladaba a la menor en su vehículo.
Méndez afirmó que los delitos sexuales contra menores no tienen cabida en la sociedad, y mucho menos en los centros educativos donde los estudiantes deben contar con garantías de protección.
Añadió que existen otras víctimas de nacionalidad haitiana que no hablan por miedo a represalias ante sus estatus migratorios.
Asimismo, criticó que algunas personas vinculadas al ámbito escolar acudieran al tribunal para respaldar al imputado durante el proceso.
El hombre guardaba prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, medida que posteriormente le fue variada por garantía económica y presentación periódica.
SANTO DOMINGO.- La República Dominicana se colocó en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025, con una puntuación de 82.17 sobre 100, convirtiéndose en el único país del continente ubicado en la categoría “Con Libertad de Expresión” dentro de la medición que evalúa la situación de estos derechos en 23 naciones de las Américas.
El informe, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, analiza el período comprendido entre el 2 de noviembre de 2024 y el 1 de noviembre de 2025 y concluye que el país mejoró su desempeño respecto al año anterior, al incrementar su puntuación en 4.92 puntos y avanzar una posición en el ranking regional.
La SIP reporta uno de los “peores” años para la libertad de prensa en las Américas
De acuerdo con el documento, la República Dominicana obtuvo 26.40 puntos de 30 en la dimensión “Ciudadanía informada y libre de expresarse”, 27.57 de 40 en la actuación del Estado frente a la violencia e impunidad contra periodistas, y 28.20 de 30 en el indicador sobre control de medios y periodismo.
Estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil
Aunque el país encabeza el índice, el informe advierte que la estabilidad del ecosistema mediático dominicano sigue siendo frágil y enfrenta amenazas estructurales. Entre los principales desafíos señalados están la debilidad económica de los medios de comunicación, el uso discrecional de la publicidad estatal y el impacto de nuevas propuestas legislativas, como el proyecto para crear el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM).
Los evaluadores indican que estos factores pueden generar presiones indirectas sobre la independencia editorial, en un contexto donde la inversión publicitaria migra cada vez más hacia plataformas digitales globales, reduciendo la sostenibilidad financiera de los medios tradicionales.
El documento también menciona que durante el período analizado se registraron protestas de periodistas por mayores barreras informativas, y destaca como evento relevante la celebración en Punta Cana de la 81ª Asamblea General de la SIP, donde se firmó la Declaración de Salta II, un documento que reafirma los principios de la libertad de prensa en el continente.
Panorama regional
A pesar de la posición destacada de República Dominicana, el informe presenta un panorama preocupante para el periodismo en las Américas. El promedio regional del índice descendió a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que comenzó la medición hace seis años.
El estudio advierte que ocho países se encuentran en la franja de “Alta Restricción” a la libertad de expresión citando entre ellos Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela aparecen en la categoría de “Sin libertad de expresión”.
Entre los países con mejor desempeño después de República Dominicana figuran Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, todos ubicados en la categoría de “Baja restricción”, aunque con retrocesos o tensiones relacionadas con presiones económicas, judicialización del periodismo o concentración de la propiedad de los medios.
El informe concluye que el continente atraviesa uno de los momentos más difíciles para el ejercicio del periodismo, marcado por asesinatos, agresiones, exilio de periodistas, presiones económicas y restricciones legales en distintos países.
Nacionales
Defensa de maestra acusada de maltrato a niña en un colegio alega: «No era vómito, era brócoli»
Santo Domingo, R.D.-La defensa de la profesora Yamelsy Matos Beltré, acusada de agredir a una menor en el preescolar Mi Segundo Hogar/Little Steps, afirmó este martes que no se trató de ingesta de vómito, sino trozos de brócoli, los alimentos que la niña consumía al momento de los hechos.
Al salir de la Oficina de Atención Permanente de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el abogado Billy Gerónimo sostuvo que varias de las versiones que han circulado tras la difusión del video viral no se corresponden con lo ocurrido.
Según explicó, los fragmentos visibles en las imágenes corresponden a restos de brócoli que la menor habría expulsado mientras comía y que cayeron sobre su propio cuerpo.
En ese contexto, indicó que cuando la docente se inclina en el video, lo que recoge son esos mismos trozos de comida, descartando que se tratara de alimentos tomados del suelo o de un desagüe, como se ha interpretado en redes sociales.
Totalmente arrepentida
El jurista también afirmó que la profesora se encuentra «completamente arrepentida y muy avergonzada» por la situación que enfrenta, e insistió que muchas de las afirmaciones difundidas públicamente sobre el caso no se corresponden con la realidad.
Gerónimo detalló que el documento carecía de algunas páginas, entre ellas que medida buscaban lo que impedía conocer de manera íntegra el contenido del documento.
Agregó que, incluso, una de las partes faltantes correspondería al apartado donde el órgano acusador especifica qué medida de coerción está solicitando, aunque presume que se trata de prisión preventiva.