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Estancados en tribunales caso de exjueces involucrados en actos de corrupción.
Exjueces acusados de negociar sentencias y que fueron sometidos a la justicia por esa causa siguen con sus casos en un limbo jurídico desde hace seis años, cuyos imputados son Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, de quienes nadie sabe su destino.
Este proceso judicial ha sido largo, está apenas en etapa preliminar y no se ve un final cercano.
Fue en noviembre del 2015 que estalló uno de los escándalos más grandes dentro del Poder Judicial, pero será este lunes cuando un tribunal pretenda iniciar con la audiencia preliminar para determinar si Reyes Beltré y Arias Valera van a juicio de fondo o no.
El caso ha sido “un viacrucis” y el recorrido lento. En 2015, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, indicó que la jueza Reyes Beltré le confesó haber recibido dinero para dejar en libertad al exregidor por Pedro Brand, Ericsson de los Santos Solís, acusado de encabezar una banda de sicariato. En el “lío” supuestamente estaba implicado Arias Valera, exconsejero del Poder Judicial, quien había renunciado a su cargo meses antes del escándalo.
¿Cómo ha sido el proceso?
En diciembre del 2015, un juez de la instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó prisión preventiva a Reyes Beltré y Arias Valera a cumplir en la cárcel Najayo. Pasados dos meses, otro juez, al conocer un recurso de apelación, le varió la medida de coerción por arresto domiciliario.
Para enero del 2016, la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó la designación de un juez de instrucción especial para que se conociera la audiencia preliminar en contra de Reyes Beltré y Arias Valera, acusados de prevaricación, asociación de malhechores y otros delitos.
En esa ocasión se designó a una jueza y el caso se mantuvo suspendido durante un tiempo, hasta que en marzo de 2017 Reyes Beltré (que ya estaba suspendida desde junio del 2016) renunció como jueza de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, tras considerar que fue víctima de atropellos y abusos por parte del presidente de la SCJ, Mariano Germán Mejía.
Días después, luego de conocer un juicio disciplinario, el Consejo del Poder Judicial la destituyó al declararla culpable de cometer faltas graves. Ante la situación, en mayo de 2017 el caso fue declinado desde la instrucción especial (que corresponde cuando se es juez) hacia la jurisdicción ordinaria. Es ahí que el proceso llega al tribunal donde actualmente se encuentra estancado.
Hoy se pretende iniciar la audiencia preliminar
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional desde hace cuatro años intenta iniciar la audiencia preliminar, pero, según se informó, diversas situaciones han impedido que el proceso arranque. Uno de ellas es la ausencia de los imputados o el Ministerio Público y lo último que pasó fue que la jueza apoderada tenía covid-19. Para hoy, se pretende comenzar a conocer la vista, en la cual el tribunal determinará si van a juicio de fondo o no.
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.