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Ex-regidor involucrado en el bajo mundo sin consecuencias en Boca Chica
Santo Domingo.–El ex-regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Francisco Alberto Paulino Castro, pese a que fue arrestado el 5 de septiembre de 2012 durante un operativo antidrogas ejecutado en Santo Domingo Este, fue liberado sin que se presentaran cargos en su contra, un patrón que ya había experimentado en procesos previos y que no le impidió seguir su vida pública en Boca Chica.
Su arresto se produjo tras dos intervenciones simultáneas. La primera de ellas ocurrió en el peaje de la Autopista de Las Américas, donde agentes de la DNCD interceptaron un vehículo BYD amarillo, placa X129707, en el que viajaban Manuel Alberto Sánchez y Edward Valdez. Allí se ocuparon seis paquetes de un polvo blanco.
En una segunda intervención, otra unidad detuvo a Paulino Castro junto a Juan Pablo Féliz Florían frente a la casa núm. 34 de la calle Primera, en La Ureña, donde también se allanó la vivienda sin encontrar sustancias ilícitas. Todos los detenidos fueron llevados a la División Santo Domingo Oriental.
El caso consta en los archivos periodísticos de la fecha.
El proceso contra el hoy imputado nuevamente por el caso denominado Kraken no avanzó a etapa judicial. No consta la presentación de cargos, solicitud de coerción ni continuidad procesal. El expediente quedó archivado desde 2012.
A pesar de estos antecedentes, Paulino Castro —conocido como “Francis” o “El Compadre”— consolidó influencia política y económica en Boca Chica durante la década siguiente. Según documentos ocupados por el Ministerio Público durante los allanamientos de la Operación Kraken, Castro habría tenido acceso privilegiado a procesos de compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) desde 2014.
En uno de los inmuebles allanados, las autoridades encontraron una certificación del CEA, emitida el 30 de diciembre de 2014, a nombre de Francisco Alberto Paulino Castro, que incluía solicitud de compra de terrenos, declaración jurada de inmueble y certificación de la Alcaldía de Boca Chica. También una “no objeción” para la venta de terrenos, también emitida por el CEA, fechada el 4 de abril de 2014, igualmente a su favor.
Estos documentos sugieren que Paulino Castro no solo gestionó, sino que obtuvo autorizaciones oficiales para adquirir tierras del Estado en Boca Chica, en un período donde ya había sido arrestado por vínculos con el narcotráfico en al menos dos ocasiones.
Paulino Castro fue electo regidor de Boca Chica en 2020, llegando incluso a presidir la sala capitular, una posición que reforzó su influencia local. Según la solicitud de medida de coerción de la Operación Kraken, el imputado posee varios terrenos rurales, cuyos valores están siendo evaluados para determinar si fueron adquiridos con dinero ligado al narcotráfico.
El Ministerio Público sostiene que Castro formaba parte de la estructura criminal investigada, donde se le identificaba como “Francis” o “El Compadre”, y lo vincula con delitos de narcotráfico, extorsión y operaciones con métodos propios del narcoterrorismo.
La acusación afirma que el grupo desmantelado tenía dominio territorial en zonas estratégicas de Boca Chica, Andrés, La Caleta y áreas cercanas al Puerto Multimodal Caucedo, desde donde ofrecían “servicios logísticos” a redes de narcotráfico internacional. Este territorio coincide con las áreas donde Paulino Castro adquirió propiedades, operó negocios y construyó su plataforma política.
Santo Domingo, R.D.-La Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
Argumentos de la iniciativa
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
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Joven que fue golpeada por el coronel Madé en Los Mina se querella en su contra y la Policía
Santo Domingo, R.D.-La joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel de la Policía Nacional, Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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PN inicia distribución de agentes para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-La Policía Nacional realizó este miércoles el acto de distribución de cientos de agentes que serán desplegados a nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.